La juez envía a prisión al presunto cabecilla de la estafa piramidal

Contantin T. , el ciudadano rumano que presuntamente diseñó una estafa piramidal con la que consiguió embolsarse 2,8 millones de euros, fue encarcelado ayer de manera preventiva tras pasar a disposición judicial. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Alicante decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de estafa después de que el detenido se acogiera a su derecho a no declarar, tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Mirando el registro de IP del whois del dominio http://www.globalplus-es.com/

se observa el nombre que ha registra el dominio Conztantin Tanasa.

Quienes sí lo hicieron fueron los otros dos arrestados, la compañera sentimental de Constantin T. y el director general de Global Plus Inversiones, el 'chiringuito' financiero desmantelado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de Alicante. No obstante, según fuentes próximas al caso, estos dos sospechosos solo contestaron a preguntas de su defensa y se limitaron a echar balones fuera, eludiendo cualquier responsabilidad en la trama y descargando el peso de la gestión en Constantin T., que era quien manejaba todos los hilos, según su versión.

 La mujer del supuesto cabecilla y el director general quedaron ayer en libertad provisional, aunque imputados también por estafa. Sin embargo, la magistrada les retiró el pasaporte y les impuso comparecencias periódicas en el juzgado.

Y es que cuando la Policía detuvo en Monforte a este ciudadano rumano y a su pareja, al parecer, estaban preparando su fuga a Portugal con el dinero de los inversores. Desde febrero a mayo de este año, Global Plus Inversiones logró captar 2,8 millones de euros prometiendo una rentabilidad del 25% en 40 días. No obstante, las investigaciones policiales desvelaron que el dinero de los clientes iba a parar a una cuenta en Bankia a nombre de Constantin T. que se vaciaba periódicamente mediante transferencias y compras con tarjeta. Al parecer, ni un solo euro de los clientes fue invertido en bolsa, como prometían los comerciales de GPI. Supuestamente, el dinero de unos servía para pagar los intereses de otros, y la red se ganaba así la confianza de los inversores antes de desaparecer con el capital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya avisó el pasado 28 de mayo de que GPI, con sucursales en Alicante, Murcia, Elche, Valencia, Barcelona, Madrid y Jerez de la Frontera, no tenía autorización para operar en bolsa. Si algún cliente desconfiado preguntaba sobre este extremo, la empresa argumentaba que la Financial Services Authority (FSA) de Londres respaldaba sus actuaciones en las bolsas de Manchester, Ámsterdam, Berlín y Madrid.

En total, los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales detuvieron en toda España a 13 personas, pero la mayoría de ellas -directores de sucursal- quedaron en libertad provisional hasta que el juzgado les cite. Al parecer, los comerciales y trabajadores de GPI pensaban que todo era legal y no tenían conocimiento de la estafa, aunque las investigaciones siguen abiertas para determinar las responsabilidades penales.

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