viernes, octubre 31, 2014
La operación iniciada tras detectarse un problema de
desabastecimiento de medicamentos ha destapado lo que los investigadores
consideran una trama criminal de dimensión nacional en toda regla. Al
menos cinco almacenes mayoristas de distribución —tres con sede en
Granada, uno en Málaga y otro en Barcelona que operan en todo el país—
están, presuntamente, en el centro de una red de exportación ilegal que
implica, de momento, a más de 200 farmacias. El nombre de las empresas
aún no ha trascendido. La operación —liderada por el juez de Instrucción
número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, y el capitán de la Policía Judicial
de la Guardia Civil de esta provincia, Raúl Castillo— está bajo secreto
de sumario. Los investigadores estiman que esta organización ha facturado en España 50 millones
de euros de medicamentos de precio intervenido que sacan del circuito
legal y venden en países europeos logrando unos importantes márgenes de
beneficio aún por cuantificar. En los casos más extremos se han llegado a
vender productos con un lucro del 800%.
La Operación Convector se inició tras la detención el pasado mayo de
la farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos (210
habitantes) en otra actuación llamada Pharmakon. El Gobierno de Aragón pidió a la Guardia Civil que siguiera tirando del hilo
e investigara a las 739 boticas de la comunidad. Pero la madeja ha
desbordado con mucho el ámbito autonómico. El resultado a fecha de ayer,
después de 28 registros en toda España, era de 30 personas detenidas,
cinco almacenes clausurados y cuatro oficinas de farmacia también
cerradas. El instructor del caso ve indicios de hasta cinco delitos
dependiendo del grado de implicación: contra la salud pública, contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental, blanqueo
de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores señalan
que la trama tiene una organización similar a la de grupos mafiosos, con
una cúpula que toma las decisiones y mantiene reuniones periódicas para
coordinar a todos los implicados.
A pesar del elevado número de farmacias afectadas, los grandes beneficiarios del fraude serían los distribuidores.
“Los farmacéuticos son el equivalente a los camellos en el tráfico de
drogas”, señalan esas mismas fuentes. Pero son una pieza clave porque si
ellos no aceptan solicitar más medicamentos de los que van a vender no
habría lugar para este mercado. El negocio consiste en desviar esos
fármacos sobrantes —y que se han adquirido por un precio más barato,
intervenido por el Gobierno— al mercado libre extranjero. Se trata en
general de compuestos sin alternativa terapéutica y con una elevada
demanda, como inmunosupresores para pacientes trasplantados,
anticancerígenos o anticonvulsivos.
De forma paralela a su actividad irregular, los almacenes de
distribución implicados también mantienen el negocio legal, que consiste
en comprar a los laboratorios y vender a las farmacias; incluso pueden
facturarse entre ellos. Lo que han estado haciendo las empresas
investigadas es simultanear facturaciones y suministros de ambas
actividades, así es más difícil perseguir las irregularidades. La trama
se ha destapado en el momento en que autoridades sanitarias, fiscales,
policiales y judiciales se han puesto a trabajar juntas y han cruzado
sus datos. Eso ha permitido dar un salto y pasar de las sanciones
administrativas que diversas autonomías han impuesto a las farmacias que
se saltan la obligación de vender solo a pacientes, a la instrucción de
una causa por la vía penal al considerar que forman parte de una
organización criminal y que ponen en riesgo la salud pública.
Los almacenes implicados mantienen el negocio legal: comprar a los laboratorios y vender a las farmacias
Las distribuidoras pueden comprar fármacos a los laboratorios para
exportarlos. Pero, entonces, no les resulta rentable ya que las
industrias del medicamento les venden los productos al precio europeo,
muy superior al fijado por el Gobierno para despachar en las 22.000
farmacias que hay en España.
Miguel Valdés, director general de la Federación de Distribuidores
Farmacéuticos (Fedifar), la patronal que agrupa al 97% de la actividad
del sector, desligó ayer a sus socios de este tipo de comportamiento.
“No creo que [los implicados] estén entre los asociados”, dijo. “No me
consta. No sé quiénes son”.
Los laboratorios tienen acuerdos con los mayoristas
y son penalizados si no venden los medicamentos a las farmacias y los
desvían al mercado exterior. Les aplican un recargo al precio fijado
hasta alcanzar el coste medio europeo o el que establezca la
farmacéutica como castigo.
Este es el motivo por el que presuntamente buscan la connivencia de
las boticas. La estructura, que los investigadores consideran una
sofisticada red criminal, utiliza varios procedimientos. El más común
consiste en buscar farmacias dispuestas a solicitar más medicamentos de
los que necesitan para vendérselos a ellos. Existe hasta una lista de
peticiones, que se actualiza mensualmente, que las distribuidoras
implicadas en la trama distribuyen a los boticarios. Esa lista, de
alrededor de medio centenar de fármacos, establece el beneficio que se
lleva el farmacéutico por producto. Hacer acopio de Paxtibi, para tratar
la depresión grave, resulta especialmente rentable. Con un precio de
alrededor de 1,5 euros se paga en el extranjero hasta un 800% más. En
otros fármacos, el margen de ganancias es inferior, entre un 80% y un
140%.
Fuentes de la investigación calculan que el valor de los medicamentos
adquiridos por esta vía en España supera los 50 millones de euros. Las
mismas fuentes son prudentes y no se atreven a dar una cifra del
beneficio que ha obtenido la red por comercializar productos por ese
valor en el extranjero, fundamentalmente Reino Unido, Dinamarca, Holanda
y Alemania. En cualquier caso, apuntan que estaría por encima de otros
50 millones.
La Agencia Española del Medicamento, que está participando en la
investigación, ha detectado en los tres últimos años problemas de
desabastecimiento agravados por esta actividad fraudulenta que se conoce
como distribución inversa. Al desviar estos medicamentos a empresas que
los distribuyen al mercado exterior en ocasiones no llegan en
suficiente número a los pacientes. No solo es un problema de fraude
económico sino también de salud pública.
Según fuentes de la investigación, del medio centenar de compuestos
que la trama distribuye entre los farmacéuticos hay problemas de
suministro con alrededor de 20. La agencia se ha visto en ocasiones
obligada a importarlos.
Mil formas de esquivar la ley
La presunta trama delictiva destapada por Convector ha llegado a reclutar bolseros—gente
en paro o con escasos recursos— para recorrer farmacias y adquirir
medicamentos a demanda de las mayoristas. Pero en la mayoría de los
casos han sido las boticas las que se han prestado a hacer pedidos extra
a cambio de comisiones. Para sortear los controles a los fármacos de
precio intervenido se han servido de distintas fórmulas.
Parafarmacia. Como las boticas no pueden revender a
empresas distribuidoras fármacos pero sí productos de parafarmacia, en
ocasiones han camuflado los envíos de esta forma. Este procedimiento ha
sido el empleado por la red descubierta en abril en la operación Caduceo,
que se ha revelado ahora como una de las cinco patas de esta
organización delictiva. Además de las comisiones, los farmacéuticos han
obtenido ganancias con la devolución del IVA, que es inferior en
farmacia (4% frente al 10%). Ello implica un delito de falsedad
documental y otro fiscal.
Devoluciones. Otras veces se recurre a simular una
devolución de un medicamento al mayorista para entregarle los fármacos
que quiere vender al extranjero. Primero la botica los pide a un
almacén, y luego realiza una falsa devolución a otro distribuidor, que
está compinchado.
A cara descubierta. Los investigadores han visto casos en los que,
pese a ser ilegal, la venta se ha hecho sin ocultar, con la esperanza de
poder limitar el daño a una infracción administrativa, como ha ocurrido
en Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana este mismo año.
Farmacia y mayorista a la vez. Hay boticas que para
vender a distribuidoras han pedido los permisos para operar como almacén
mayorista al margen del negocio de la farmacia. La investigación ha
detectado casos de oficinas que se han dado de alta en esa categoría
fiscal.
