200.000 activos adquieren fármacos con tarjetas de pensionistas

Unos 200.000 trabajadores, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, pueden estar obteniendo los fármacos de manera gratuita por estar adscritos irregularmente a la cartilla sanitaria de un familiar pensionista. El fraude —que permitía a estos asociados en activo beneficiarse de las condiciones de gratuidad del titular de la cartilla— se ha detectado con el cruce de datos entre Sanidad, Seguridad Social, las mutualidades y las comunidades autónomas llevado a cabo para poner en marcha el nuevo baremo de copago farmacéutico en función de la renta. La actualización y revisión de esos datos no se hacía, según el Gobierno, desde hace 11 años. Sanidad asegura que ya ha enviado la información sobre estas irregularidades a las autonomías, y que deben ser estas, que ostentan esas competencias, las que decidan si imponen algún tipo de cargo a aquellos que incurrieron en fraude. Un escenario que las autonomías, sin embargo, todavía no han estudiado.

Sanidad tampoco ha calculado cuánto ha podido dejar de ingresar la administración por esta anomalía, que ha revelado hoy la ministra de Sanidad en un acto organizado por Europa Press y Farmaindustria. Un error provocado por el mal funcionamiento de la gestión sanitaria y por la falta de intercambio de datos entre administraciones. Hasta ahora, una persona que nunca hubiera trabajado —menor de edad o no— o que se quedara sin empleo o prestación podía obtener la tarjeta sanitaria y, por tanto, recibir asistencia, inscribiéndose en la cartilla de algún familiar: ascendientes o descendientes. La otra vía, más compleja, es demostrar que se es una persona sin recursos. Así, el sistema permitía que si el titular de la cartilla era pensionista, todos los miembros adscritos a ella compartieran su condición.

El problema llega cuando ese beneficiario empieza a trabajar y se convierte en un ciudadano en activo —que hasta el 1 de julio deben pagar el 40% de los medicamentos financiados—, con derecho a cartilla propia, pero sigue utilizando la tarjeta de beneficiario. Algo que a la administración puede no haber detectado correctamente, según Ricard Menéu, experto del Instituto de Investigación en Servicios de Salud. “Durante demasiado tiempo, en muchas comunidades, una vez generada la tarjeta sanitaria, no se ha revisado de manera sistemática la situación que había dado en origen el derecho a tenerla”, afirma.

Sanidad, sin embargo, no ha querido señalar a las autonomías que no han actualizado sus datos. Aunque una portavoz afirma que son “la mayoría”. Fuentes autonómicas sostienen, sin embargo, que, aunque han podido darse irregularidades muchas motivadas por la desactualización temporal de datos, la cifra de la que habla Sanidad es demasiado grande; también aseguran que para hablar de fraude la persona debe haber utilizado el servicio. Algo de lo que Sanidad no tiene constancia. “Que existan beneficiarios a los que no correspondía esa condición no significa que hayan hecho gasto efectivo en fármacos”, argumenta la portavoz del ministerio.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, cree que la falta de una tarjeta sanitaria única para toda España ha favorecido que se produzca está irregularidad. El presidente de los médicos españoles asegura que existen ciudadanos adscritos como beneficiarios de, por ejemplo, sus padres pensionistas en su comunidad de origen y que, al empezar a trabajar en otra comunidad no pierden esa tarjeta de beneficiario inicial que le garantiza la medicación gratuita. “Como no hay cruces de datos entre autonomías, estos casos no se detectan. Es urgente la creación de una tarjeta unitaria”, reclama. Algo en lo que Sanidad y las comunidades ya trabajan.