La red de tráfico de datos
desarticulada recientemente por la policía en la Operación Pitiusa
manejaba un “ingente” volumen de información, según consta en el sumario
que instruye un juzgado de Barcelona y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La trama tenía comprado a un ejército de informadores en Hacienda,
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Instituto Nacional de Empleo,
el catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico,
Registro de la Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías
eléctricas, empresas de alquiler de coches, agencias de viaje, compañías
aéreas, Movistar, Orange e, incluso estaban a punto de conseguir un
infiltrado en Visa y otras firmas similares.
La Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona inició en
mayo pasado una redada que hasta el momento se ha saldado con la
detención o imputación de unas 150 personas. Gran parte de ellas son
detectives privados que habían tejido una inmensa telaraña de la que
formaban parte decenas de funcionarios de la Administración central y
autonómica, así como empleados de empresas que manejan datos personales.
Otra pieza clave en la organización es
Matías Bevilacqua-Brechbuhler Trabado, un ingeniero informático, Ceo de
Cflabs, un hábil
hacker, capaz de penetrar en cualquier ordenador y piratear todo su contenido. Este hombre ha trabajado para el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje.
Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón les
alertó en diciembre pasado de que la policía estaba tras sus pasos. Así,
en el sumario consta la transcripción de una llamada en la que uno de
los sospechosos habla con otra persona y le avisa: “Al loro y
calladita... A mí me acaban de llamar y me han dicho que iba a haber... A
mí lo único que me ha llegado es que va a haber algo. Cuidado con los
aparatos y con todo. Va a haber algo. Seguro al cien por cien”.
En otro pinchazo telefónico, otros dos implicados se avisan
mutuamente de que la policía prepara “una movida muy gorda a nivel
nacional” y deciden empezar a destruir pruebas y a borrar los indicios
incriminatorios que tengan en los discos duros de sus ordenadores.
Según fuentes de la investigación, todavía no han podido averiguar
quién dio el chivatazo a los detectives implicados en la trama. No
obstante, consideran que se trata de un hecho “muy grave”, que, de
confirmarse, probaría que la red contaba con un infiltrado próximo a los
encargados de las pesquisas.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de
Capitales resalta: “Los detectives de turno o intermediarios cuentan con
un capital humano captado en puntos estratégicos de la Administración, a
través de servidores públicos que a la postre se prestan a actos de
corruptela menor, o en entes privados como operadores de telefonía o
entidades bancarias con empleados infieles o la colaboración de expertos
en informática forense”.
El mismo informe agrega que los informantes de la trama “se prestan a
ello a cambio de sustanciales prestaciones económicas, que los
peticionarios pagan gustosamente al tratarse de datos confidenciales de
primera mano... Los clientes llegan a abonar hasta 30.000 euros por un
informe completo sobre la posición de una empresa concreta en el
mercado”.
Un dato que permita conocer dónde trabaja un ciudadano cuesta 50
euros; un historial laboral, 100 euros; una declaración de renta, entre
2.500 y 3.000 euros; un informe de Hacienda sobre las relaciones de una
empresa con sus clientes vale 3.000 euros.
Este obsceno tráfico ilícito de datos “supone un negocio con gran
rentabilidad para todos los miembros de la red, dado el volumen de datos
que comercializan”, afirma un informe policial. Y añade: “Quienes
mayores rentas obtienen son los intermediarios de primer o segundo
grado, al ser expertos en la gestión de este tipo de negocios y ser
conocedores de las necesidades [de información] que tienen los
detectives, empresas de informes comerciales, abogados, etcétera”.
Al existir a veces hasta tres o cuatro intermediarios, la cantidad
inicial abonada por el cliente se va fragmentando hasta llegar al último
eslabón de la cadena (el funcionario o empleado que facilita los
datos). A título de ejemplo, en el sumario se cita a la detective Sara
Dionisio, que cobra a un cliente 6.000 euros por un perfil tributario
que le facilita un funcionario que percibe por ello 310 euros.
En la investigación judicial se menciona también al detective Juan
Antonio Rama, alias Juanito, del que se dice que solo en nueve meses de
2001 llegó a tener unos ingresos superiores a 100.000 euros, aunque
posiblemente no todo ese dinero proceda de esta actividad y, además,
quizás haya que descontar las tarifas que debería abonar a sus
confidentes. Rama, según el sumario, “ocupa un escalón superior en la
trama de comercialización de información, informes comerciales,
obtención, cesión y venta de datos reservados de carácter personal, con
fines lucrativos con una trascendencia desmedida”.
En las actuaciones judiciales no figura ningún cálculo sobre el
volumen de datos e informes con los que ha podido traficar esta red a lo
largo de los años que llevaba operando. Sin embargo, es indicativo que,
por ejemplo, uno de los captadores de información acordó con uno de sus
suministradores —un funcionario público— que le facilitara 500 datos
diarios. De haber sido realidad este encargo, eso supone que ese
confidente manejó en un mes más de 10.000 informes.
Los implicados en la trama son plenamente conscientes de que
su actividad vulnera el Código Penal.
En una conversación telefónica pinchada por la policía, uno de los
comerciantes pide calma a su cliente porque no puede presionar a la
funcionaria: “Hay mosqueo muy gordo. Ella tiene su trabajo. No se va a
jugar su puesto de trabajo por las prisas que le metemos. Me dice que
tiene tres niños y que, si la pillan, va a la puta calle. No vamos a
quemarla ni a que nos la pillen”.
En el sumario tampoco consta un cálculo de cuántas personas han sido
espiadas por esta red. Pero sí queda en evidencia que entre ellas hay
desde trabajadores a directivos de empresas, enfermos, deudores de
hipotecas, inmigrantes.
Hasta Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, cuyos datos de tipo laboral fueron solicitados por una persona hasta ahora no identificada.
Ninguno de los 150 implicados está en prisión porque los delitos que
les imputan están poco penados, según fuentes policiales. Algunos de
ellos están defendidos por abogados penalistas tan prestigiosos como
Fermín Morales, Judit Gené y Jordi Bertomeu García.
El sumario recoge centenares de conversaciones telefónicas entre los
detenidos, sus intermediarios y clientes en las que se evidencia de
forma palmaria la compra y venta de información confidencial y privada.
La investigación arrancó con el seguimiento del exdetective Sergio
Corcoles, de 36 años, que dejó su actividad para convertirse en policía
local en Santa María Palautordera (Barcelona).
Una conversación que figura en el sumario al que ha tenido acceso EL
PAÍS entre la detective Sara Dioniso García y Matías
Bevilacqua-Brechbuhler Trabado, un informático, presuntos colaboradores
de la red de tráfico y venta de datos es muy reveladora. Hablaban sobre
cómo obtener diversos historiales de las sociedades Cater Eventos y
Vivencia. En función de los datos que obtuvieran, los utilizarían para
la carta de despedido del “investigado”.
Previamente, Yolanda había
informado a Sara de que tenía copia de todos los documentos del
investigado, que se lo han descargado de su ordenador y que pueden ir a
realizar copias.
—Matías: “He oído que lo habían descargado el correo con una
especie... o sea que han hecho el plan b... se lo han pasado a otro
usuario... si el único acceso que le han habilitado es un webmail no
vamos a poder descargarlo”.
—Sara: “Desde su ordenador tienes acceso”.
—Matías: “Pinchamos un Outlook, lo conectamos vía imap. hacemos una
réplica en local, podemos probar a descargarlo desde el despacho y si
funciona ya no tenemos que hacer nada más, quedamos para ir allí...”.
—Sara: “Si recuerdas eran 1.800 euros por PC, en el dos y en tres hemos dedicado menos horas”.
Las primeras conversaciones que intervino la policía al exdetective
Sergio Corcoles, la primera pista que condujo a toda la red que dirigía
Juan Antonio Rama, Juanito, ya apuntaban a la compra y venta de datos
confidenciales.
El 25 de mayo de 2011, Aureli Reberté Villagrán telefoneó a Corcoles.
—Aureli: “Es que yo he mirado en base de datos, en censo y me sale en Viladecans... y vehículos a su nombre...”.
—Sergio: “Bueno, pásame el DNI. Recuérdame el DNI por whatsApp pues según como me envías el DNI...”.
El 3 de junio de 2001, Sergio Corcoles llamó a un tal Ros y le dio el número de la cuenta de Aureli.
—Sergio: “Mire; veintiuno, cero, cero, tres, dos, cinco, siete,
siete, cero, dos, dos, cero, cero ocho, dos, cuatro, ocho, siete...”.
—Ros: “Vale, está a nombre de Aureli Reberté... Si el trabajo es bueno, el que habéis hecho vale”.
El cliente le anuncia que en el futuro le hará más encargos de
investigación. “Sí, en Mercabarna, en Mercabarna, te daré faena, verás”.
La policía señala en sus informes que estas conversaciones son “una
pequeña muestra” de la conducta típica de Corcoles. “Nos encontramos,
sin duda, ante el origen de una red de mercadeo ilegal de datos
personales de carácter reservado”, apuntaron entonces los agentes.
Los contactos entre la detective privada Isabel Sesma Corchete, con
despacho en Zaragoza, y Rafael Palencia son también muy elocuentes.
Isabel envía dos SMS a Rafael solicitando datos asociados a tres
teléfonos, dos Azul de Movistar y uno Naranja de Orange y posteriormente
Rafael le contesta por correo electrónico y le pide presupuesto para un
movimiento de una cuenta en el BBVA.
Según la policía, la detective, además de ser cliente de Rafael,
actúa también de intermediaria en la obtención de datos bancarios.
Isabel envía una SMS con el siguiente texto: “636651114, azul titular, se puede hacer algún descuento”.
—“Hola Rafa, te solicito naranja completo 657181324 mes de agosto y azul titular 609361236”.
—Rafael le responde: “Hola Isabel necesito un mes de movimientos de una cuenta del BBVA. Dame precio”.
sábado, mayo 11, 2013
