"Volveremos a llamarle”. Carlos León encajaba la amenaza antes de
colgar el teléfono sabiendo que inexorablemente se cumpliría al día
siguiente a la misma hora. El cobrador que le exigía el pago de una
deuda de 23 euros con una compañía telefónica llamaba todos los días a
las nueve de la mañana. Así durante dos meses. Un juez acaba de
dictaminar que este usuario fue “intimidado de forma constante” por la
compañía de cobro Konecta para obligarle a pagar. El magistrado condena a
la empresa de telefonía a pagar 900 euros, que él ya ha donado a la
asociación de consumidores que le apoyó en el caso. “El dinero no me
importa, es algo simbólico”, afirma León triunfante con la sentencia en
la mano.
La resolución no es común. Muchos morosos, incluso aquellos que no
pagan el teléfono por discrepancias con la factura, han recibido este
tipo de llamadas, pero muy pocos han acudido a los juzgados para
denunciar las coacciones. Lo sabe bien Pablo Camacho, un abogado que ha
transitado por los dos bandos. Camacho trabajó cuatro meses para el
Cobrador del Frac, hasta que las prácticas que él consideraba
“inmorales” le hicieron fundar en 2002 junto a dos socios El Defensor
del Moroso.
Un cambio en el módem fue el origen del conflicto de Carlos León con
la compañía. No quería pagarlo sin ver la factura porque aseguraba que
la telefónica le había explicado que era parte de un servicio gratuito.
Pero al devolver el recibo, su nombre pasó a engrosar la lista de
morosos de Vodafone, que a su vez se lo entregó a una de las compañías
que cobran sus impagos. La telefónica se defiende diciendo que impone a
estas unas normas que incluyen “llamar a horas normales y nunca más de
una vez al día”.
Antonio Vargas, abogado zaragozano, también fue víctima del acoso por
impago, pero sus conocimientos de derecho le ayudaron a afrontar la
situación. Una empresa en nombre de Movistar le reclamaba el pago de una
factura que él nunca reconoció. Y actuó contra quienes le hostigaban.
“Supe que había que demostrar las llamadas [de acoso] con un registro
telefónico, pero entiendo que cualquier otro ciudadano no sepa por dónde
salir”, explica. Los operadores de Credit and Risk Solutions llegaron a
comunicar con él hasta 55 veces entre abril y septiembre de 2009, según
acreditó la sentencia condenatoria por coacción a la empresa de cobros
que dictó la Audiencia Provincial de Zaragoza. Aún hoy recuerda el tono
impertinente de las llamadas a las ocho de la mañana, incluso en días
festivos.
España es uno de los pocos países en los que no se regulan las prácticas de las empresas de cobro
Lo más efectivo, explica Camacho, es acudir a la vía administrativa y
denunciar el uso irregular de información sobre el deudor ante la
Agencia Española de Protección de Datos. La agencia nunca actúa de
oficio. Las telefónicas y las entidades financieras son las mayores
reincidentes. Un portavoz explica que entre sus investigadas están el
Banco Cetelem y Cofidis, con decenas de denuncias. Mientras que el
primero ha declinado dar su versión sobre estas sanciones, el segundo
asegura que, cuando ha recurrido ante la Justicia, ha ganado.
La historia cambia en los matices, pero el proceso es casi siempre el
mismo. El teléfono de Camacho no deja de sonar para atender a clientes.
En sus 11 años de actividad afirma que ha atendido a unos seiscientos.
Los tres defensores de los morosos trabajan en la calle o desde
su propia casa ya que les han quemado la oficina dos veces, relata
Camacho, condenado por calumnias por unas afirmaciones que hizo sobre su
exempresa. “Las compañías de cobro crecen como las setas, porque es más
barato recurrir a ellas que a la vía judicial, o porque son impagos que
no se pueden justificar”, puntualiza. Camacho se lamenta de que estas
prácticas no se hayan regulado todavía. España es uno de los pocos
países de Europa que no cuenta con una norma específica sobre las
empresas de recobro. En 2009, CiU llevó a la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso una proposición no de ley para establecer unas
bases que saquen la actividad del vacío normativo en que se encuentra.
La propuesta fue aprobada por unanimidad, pero la práctica jamás se
reguló. El gerente de la Asociación de Empresas de Gestión de Cobro
(Angeco), José María de Gregorio, señala que su organización, que agrupa
a 49 firmas que gestionaron en 2012 unos 90.000 millones de euros de
deuda, lleva años luchando por una regulación. “El sector no tiene una
buena imagen pública y las sentencias por acoso no ayudan. Algunos
utilizan prácticas más que sospechosas, pero no es lo habitual”, señala.
Uno de los expedientes sancionadores de la Agencia del Protección de
Datos abierto en agosto al Cobrador del Frac, líder en el sector,
incluye la transcripción de un documento interno en el que el agente
informa así a su supervisor: “No está, le dejo tarjeta”. Luego hizo lo
mismo en casa de la madre del afectado. El expediente también incluye
unos de los carteles que los cobradores cuelgan en el buzón o la puerta
del moroso con la leyenda “moroso paga o todos lo sabrán”. La empresa
asegura que el proceso está aún en trámite. Cuando se interroga sobre
sus métodos a Manuel Merino, director del departamento jurídico del
Cobrador del Frac, rehúye dar detalles y se limita a apuntar que “no hay
ninguna ley que regule las buenas prácticas” y que ellos trabajan
“dentro del marco legal”.
Pedro (nombre ficticio) no opina lo mismo. Este madrileño no se
siente acosado por una gran compañía de telecomunicaciones, sino por un
pequeño proveedor. Acuciado por las deudas cerró hace dos años sus dos
empresas de construcción y aún hoy sigue pagando a los acreedores.
Algunos de ellos, cansados de esperar, decidieron recurrir a El Buda del
Moroso. “Me han hecho la vida imposible, llaman a mis padres y a mis
suegros a horas intempestivas”, sostiene. Esta misma compañía acumula
varias sentencias condenatorias por amenazas y coacciones como las que
denuncia Pedro. Este diario ha intentado sin éxito que la empresa
explique su versión.
El cobrador colgó en la puerta y el buzón del deudor el cartel:
"Moroso paga a todos lo sabrán"
Los cobradores telefónicos encontraron en Rubén Sánchez un hueso duro
de roer. Sánchez es portavoz de Facua, organización para la defensa de
los consumidores, y también víctima de las llamadas de una empresa de
cobro. Él se toma el asunto a broma. “Hay mucho miedo, la gente no sabe
dónde tiene que denunciar y se encuentran con que hay una persona
impertinente llamando a todas horas”, señala. Sánchez rompió hace seis
años un contrato de permanencia con una compañía telefónica porque le
habían aumentado la tarifa y le pedían 100 euros. Le llamaron entonces
dos veces para reclamarle la deuda, que él no abonó. Su sorpresa fue que
este año las llamadas volvieron, al principio a diario, ahora todos los
viernes. Sánchez grabó una de estas llamadas y la colgó en Internet
para denunciar el caso. Tras su experiencia, Facua lanzó la campaña
#yonosoymoroso para informar a los afectados, e incluso proporciona un
formulario en su página web para presentar la reclamación en la agencia
de protección de datos.
“Ellos buscan quebrar tu voluntad, pero nadie tiene derecho a turbar
de esa manera la tranquilidad de una persona”, asegura Carlos León, que
ahora duerme tranquilo sabiendo que el teléfono no empezará a sonar a
las nueve de la mañana.
lunes, marzo 30, 2015
