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24 de junio de 2013

Que esconde el Ejército ?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene una patata caliente sobre la mesa. Una juez militar, la titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para pedirle amparo ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la juez, “afectan gravísimamente” a su independencia.

Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más obligados están a colaborar al éxito de la investigación: el coronel jefe del acuartelamiento de la agrupación de la base aérea de Getafe  (Madrid), el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el Asesor Jurídico General de Defensa y el Tribunal Militar Central. Este último, al que correspondería amparar a la juez, le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave que, más allá de la sanción económica —hasta 20 días de suspensión de sueldo—, puede acabar con su carrera profesional.

El coronel Vicente Serrano Mateos durante el homenaje a los legionarios

La falta imputada a la juez consistiría en no haber avisado con suficiente antelación al coronel jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR Getafe), Vicente Serrano Mateos,  de su decisión de proceder a un registro e inspección ocular de algunas de sus dependencias, en el curso de un sumario, declarado secreto, en el que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos o falsedad documental. Es decir, que el juez instructor de una causa declarada secreta tendría la obligación de alertar de un registro al responsable del organismo sobre el que recaen las sospechas de corrupción.
Según la documentación que obra en manos del Consejo, la juez se personó en dos ocasiones en la base aérea de Getafe, el 3 y el 12 de junio, al frente de una comisión judicial y con una orden de entrada y registro que afectaba al acuartelamiento de la agrupación y a la Sección Económica Administrativa (SEA). Aunque había avisado de su llegada —a través del asesor jurídico del Mando General del Aire (MAGEN)—, primero se le impidió el acceso; y luego, se le conminó por parte del coronel para que le revelase sus propósitos.

Según el escrito elevado al CGPJ por la juez, el coronel la retuvo en un despacho, en contra de su voluntad, y no le permitió salir hasta que le dijo a dónde iba y qué buscaba. “Me sentí absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer”, alega la instructora.

Finalmente, se practicó el registro, que se prolongó casi cuatro horas y continuó a la mañana siguiente. La juez decidió regresar el 12 de junio tras comprobar que faltaban por inspeccionar algunas dependencias.
Pero el desarrollo de la investigación se ha visto condicionado por las secuelas del roce entre el coronel y la juez. La segunda decidió, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, denunciar al mando por obstrucción a la justicia, pero el juzgado togado militar central optó por archivar la denuncia de un plumazo, sin instrucción alguna.

Por el contrario, la queja del coronel llegó al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, quien consultó con el Asesor Jurídico General de Defensa, que la trasladó al Tribunal Militar Central. Con la misma celeridad con que se archivó la denuncia de la juez contra el coronel, se le abrió expediente disciplinario a ella, sin ninguna indagación previa.

El expediente se basa en que el artículo 185 de la Ley Procesal Militar dice que, “para la entrada y registro” en instalaciones militares, “debe preceder aviso” al jefe de la misma, “a fin de que preste el debido auxilio”, salvo cuando dicho jefe esté imputado o “cuando la investigación de los hechos no lo permita”.

La juez aduce que la ley no especifica con cuánta antelación debe avisarse —ella lo hizo al llegar a la base— y que el secreto sumarial le impedía informar al coronel. La práctica de un registro, argumenta en su escrito, no puede condicionarse “al visto bueno del jefe de la unidad”. Su mayor temor es que se consagre a partir de ahora una doctrina de aplicación en las Fuerzas Armadas: “Un mando militar podrá obstaculizar la intervención del juez y la consecuencias será que se le abre expediente al juez y que el mando militar tendrá todo el respaldo de las Autoridades de Defensa”.

8 de diciembre de 2012

La crisis aflora la corrupción en España

Iñaki Urdangarin, Gerardo Díaz Ferrán y Miguel Blesa protagonizan los últimos casos en el país. Madrid, Andalucía, Galicia y, sobre todo, la costa mediterránea son las zonas más afectadas.

La corrupción crece en España a la par que se agrava la crisis económica. Es cierto que nuestro país ha mejorado tres décimas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 que realiza la ONG Transparencia Internacional (TI), pero se ha estancado en el puesto 30 de la lista, empatada con Botsuana, con una nota de 6,5 puntos. El informe analiza un total de 176 estados y lo más preocupante, quizás, es que España se sitúa en el puesto número 13 de la Unión Europea, por detrás prácticamente de todos los grandes países: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Austria, Irlanda y Chipre.

La malversación de caudales públicos (cobro de comisiones ilegales), el blanqueo de capitales y el desvío de fondos se ha comido un mínimo de 1.100 millones de euros. El caso de los ERE falsos de Andalucía apunta al reparto a dedo de al menos 712 millones de euros en la última década. Un monto al que se suman los repartos de contratos a empresas amigas de Unió Mallorquina por 7 millones de euros en Baleares o la celebración de encuentros deportivos por cantidades millonarias. La cifra no incluye ni las comisiones del 3 por ciento que presuntamente han cobrado en Cataluña PCS y CiU por otorgar contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, difíciles de cuantificar. 

Los casos de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, acusado de engaño a la administración y desvío de dinero público a sociedades particulares; de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE, que ocultó más de 50 millones a sus acreedores y contrató a un supuesto liquidador de firmas para que a través de una red de testaferros se llevara el dinero fuera; 0 de Miguel Blesa, que pudo haber cobrado comisiones en una operación en Florida, según ha denunciado el sindicato Manos Limpias no han hecho sino rebosar el vaso de la corrupción.

Madrid

Blesa, Díaz Ferrán y Rumasa

Además de los miles de afectados por la venta de preferentes de Caja Madrid -la entidad intentó bajo la presidencia de Miguel Blesa captar a gente de avanzada edad y sin preparación financiera alguna- la corrupción en Madrid tiene varios nombres propios. Resalta el de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueños de Marsans, que intentó ocultar y sacar de España 50 millones para no pagar a sus acreedores. El pasado miércoles el juez impuso una fianza a Díaz Ferrán de 30 millones, otra de 50 millones para el empresario al que presuntamente encargó sacar el dinero fuera de España, Ángel de Cabo.

El antiguo dueño de Marsans ha declarado también esta semana por un préstamo de 26,6 millones, por el que también está imputado Blesa. Caja Madrid se lo concedió a pesar de que ofreció como aval una sociedad ya hipotecada y que además estaba en quiebra. Y todo ello sin olvidar a los Ruiz-Mateos, que suman deudas millonarias mientras Anticorrupción sospecha que tienen grandes sumas de dinero en Suiza y distintos paraísos fiscales del Caribe. En su caso, el informe concursal asegura que han desaparecido 90 millones que la familia obtuvo de la venta de pagarés.

Pero en Madrid no sólo desvían los empresarios. Los partidos políticos están salpicados por presuntos casos de corrupción entre los que destacan la operación Ciempozuelos, en la que se ha imputado al ex alcalde la zona Antonio Torrejón por malversar 40 millones. Al Partido Popular le salpicó el caso Guateque y Gürtel en los que se habla de sobornos y financiación irregular de partidos.

Galicia

Lugo y las preferentes

La ciudad de Lugo se ha convertido en los últimos años en sinónimo de causas judiciales y, así a las ya conocidas como Campeón y Carioca, se ha unido recientemente la Pokemon, liderada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Pilar Lara, que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para conseguir adjudicaciones de servicios públicos, como el de la ORA.

En este momento tan sólo permanece en prisión el ex presidente de la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil y ex concejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares, pero ha salpicado al actual regidor de la ciudad, Xosé Clemente López Orozco (PSOE), que fue imputado.

Además, en esta ocasión esta operación no se ha quedado en la ciudad de las Murallas y ha provocado la dimisión del anterior alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y el concejal del BNG Fernando Varela; además del regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP).

Además más de 43.000 personas se han visto afectadas por la venta de preferentes por parte de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova. Ante el supuesto fraude, la Xunta ha impulsado un sistema de arbitraje, por el cual los que demuestran que se les comercializó este producto de manera irregular puedan recuperar su ahorros.

Andalucía

EREs, Invercaria y Minutas

Andalucía lleva más de dos años descubriendo casos de corrupción ligados a las más de tres décadas del PSOE en el poder. El mayor es el de los ERE fraudulentos, que consistió en repartir sin control ni procedimiento por parte de la consejería de Empleo 721 millones entre 2001 y 2010 para prejubilar a trabajadores y dar dinero a empresas. Ni Manuel Chaves ni José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Hacienda y actual presidente de la Junta, saben nada de lo ocurrido. El informe de la Cámara de Cuentas ratifica el abuso cometido pero no identifica responsables políticos. El caso está siendo investigado y hay más de 60 imputados y el exconsejero de Empleo, que fue encarcelado y está en libertad bajo fianza civil.

La misma falta de control del uso de dinero público se detecta en Invercaria, empresa que supuestamente operaba como gestora de fondos de capital riesgo desde su creación en 2005, pero que no quedó registrada como tal hasta 2010. En esos años gestionó 35,5 de los 62 millones con los que fue dotada de forma opaca. Uno de sus tres expresidentes está siendo investigado por la justicia, que examina 34 de las casi 300 ayudas y préstamos otorgados sin control ni procedimiento alguno. Por su relevancia social sobresalen los escándalos de corrupción asociados al urbanismo en la Costa del Sol. Marbella es el epicentro, y actualmente hay instrucciones abiertas contra el exalcalde Julián Muñoz y su abogado, y presidente del Sevilla, José María del Nido. Este último ha sido condenado a siete años y medio de cárcel por fraude.

Cataluña

El cobro del 3 por ciento

En Cataluña, la corrupción está ligada al cobro de comisiones de entre el 3 y el 4 por ciento que, presuntamente, han cobrado CiU y el PSC por la adjudicación de obras públicas. El caso estrella es el del Palau de la Música en el que su presidnete Fèlix Millet hacia de intermediario entre las empresas constructoras y el gobierno de la Generalitat para, presuntamente, cobrar las mencionadas comisiones y luego desviar una parte a los partidos. El juez ha declarado a CDC responsable civil a titulo lucrativo del expolio del Palau de la Música Catalana de Barcelona y le ha impuesto una fianza de 3,2 millones. Las presuntas comisiones se cobraron durante el mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat y de Artur Mas como conseller.

El PSC tampoco ha salido indemne de los casos de cobro de comisiones y recientemente ha saltado caso Mercurio, una trama de corrupción urbanística y municipal que afecta al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, uno de los hombre fuertes de la formación socialista. Presuntamente, Bustos cobrara comisiones por la adjudicación de obras y contratas en Sabadell.

Baleares

Urdangarin, Munar, Matas

Las Islas baleares está cuajada de casos de corrupción ligados a la llegada de Unió Mallorquina al poder. María Antonia Munar, expresidenta del Consell, está imputada en la operación Maquillaje por presuntas irregularidades en contratos y subvenciones. En total se calcula que podría haber repartido siete millones a una red de empresas vinculadas a su partido. El caso Can Domenge, Voltor y Son Oms (ver gráfico) también le salpica a ella y a su partido. Dentro de la política, el ex presidente balear, Jaume Matas, ha sido condenado a prisión por el Caso Palma Arena, en el que gastaron 50 millones de más en un Velodromo. Vinculado a este presunto desfalco, está el caso Noós, uno de los más controvertido de la isla porque ha salpicado a un miembro de la Casa Real, Iñaqui Urdangarin. Según la investigación el duque y su socio, Diego Torres llegaron a cobrar más de 6 millones del gobierno balear y valenciano por organizar forums deportivos y trabajos de consultoría que no realizaron.

Valencia

Gürtel, Brugal, Cooperación...

En la Comunidad Valenciana acaba de ser condenado a 3 años de cárcel el diputado y exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, por prevaricación. Tras su dimisión son nueve los diputados del Grupo Popular de las Cortes imputados, seis de ellos por la presunta financiación ilegal del PP derivada del caso Gürtel. Otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante y su predecesor, están imputados en la pieza alicantina del caso Brugal, por un presunto trato de favor a un promotor. No obstante, el caso que más repulsa ha causado es el que afecta al diputado y exconsejero de Cooperación Rafael Blasco, acusado de desviar dinero de la Generalitat destinado al Tercer Mundo. El caso ha tenido una derivación inesperada, al dimitir el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, tras ser sorprendido filtrando presuntamente un documento judicial a Blasco, por lo que fue imputado por revelación de secretos. Otros casos sin acusados aforados son Emarsa -desfalco de 27 millones en la depuradora de Valencia-, Brugal (pieza de Orihuela) y Nóos, en el que hay imputados varios altos cargos de la Generalitat ya destituidos.

País Vasco

Caso Barrika

El Ayuntamiento de Barrika y la Diputación Foral de Bizkaia, ambas gobernadas por el PNV, se encuentran inmersas en litigios judiciales a raíz de una polémica recalificación de terrenos para la construcción de chalets de lujo en una zona de especial protección paisajística, que varias veces había sido anulada por los tribunales.

12 de agosto de 2012

Esto funciona asi

Si algo bueno tiene la crisis es que ha bajado la tolerancia de las sociedad hacia los corruptos, que han actuado impunemente durante última década. Con la crisis se esta descubriendo la punta del iceberg. El corrupto piensa que si te corrompes no te pasará nada, y si no te corrompes eres idiota. 



Fernando Jimenez, profesor de la Universidad de Murcia, ha publicado el magnífico estudio Esto funciona asi: anatomia de la corrupción en España que hace un estudio de la corrupción desde la prespetiva de los que la pràctica: los empresarios y los servidores públicos (funcionarios y políticos).

Según Fernando Jimenez, los pensamientos de un corrupto se resumen en cinco mandamientos recogidos por el imaginario de la corrupción:



1. Los frutos de la corrupción: el bolsillo y otros fines

El primer elemento del imaginario son los fines perseguidos por la corrupción. El fin principal suele ser el enriquecimiento ilícito, pero generalmente de manera instrumental aparece un segundo fin relacionado con este: la financiación de las campañas electorales. Para poder enriquecerse ilícitamente con la “venta” de determinadas decisiones públicas es necesario previamente haber alcanzado una posición de poder público. Para ello, en el caso de puestos de elección pública, es necesario invertir en el coste de una campaña electoral con la que asegurar que se va a alcanzar la posición de poder deseada.

Una conversación ampliamente conocida, publicada en su momento en la prensa,[1] nos sirve para ilustrar estos extremos. Tuvo lugar en Orihuela entre Ángel Fenoll –un empresario del sector de las basuras, que es uno de los grandes protagonistas del Caso Brugal– y un entonces concejal de un grupo político minoritario del Ayuntamiento de Orihuela, el Centro Liberal, Jesús Ferrández.

Ángel Fenoll es de extracción humilde. Empezó recorriendo las aldeas alrededor de Orihuela en un carromato con su padre recogiendo las basuras. Hoy sigue trabajando en ese sector, pero en una posición mucho más acomodada. Ángel Fenoll grabó esta conversación en febrero de 2006. De hecho, por lo que se sabe del Caso Brugal, probablemente ha grabado todas las conversaciones que ha tenido con políticos.

En la conversación, Ángel Fenoll está prometiéndole al concejal su apoyo económico en lo que necesite, siempre y cuando el concejal cumpla con su parte del trato, que en este caso era tratar de obstaculizar una contrata de basuras que había hecho el Ayuntamiento de Orihuela y que se había adjudicado a un competidor de Ángel Fenoll. Se trataba de denunciar ese concurso, obstaculizarlo, y volver a sacar a concurso esa contrata.

Angel Fenoll: Cuando llegue el momento antes del Pleno...

Jesús Ferrández: Si yo no quiero nada, tú paga la campaña.
Fenoll: Ya, ya... Que sí... Que te lo digo para que tengas confianza al 100%... Una campaña al estilo americano.
Ferrández: Al estilo americano no, una campaña que podamos sacar ocho o nueve concejales... Yo quiero que estos [PP] no gobiernen solos, que si nosotros decidimos después, decidimos nosotros [CL].
 
Una de las constantes en estas conversaciones suele ser la financiación de las campañas electorales y, a veces, de las propias organizaciones de los partidos, algo que constituye un verdadero agujero negro en la democracia española. En este caso, el concejal dice no esperar nada más del empresario que el pago de la campaña. Este, seguramente llevado por el entusiasmo del momento, le promete no solo que lo hará sino que tendrá una campaña “al estilo americano”... en Orihuela. Obviamente el realismo del concejal se impone. No necesita globos de colores ni sombreros panamá, sino tan solo asegurarse un número de concejales suficiente para que el partido mayoritario, sea el que sea, dependa de sus votos para conseguir la alcaldía. ¿Qué necesita por tanto el concejal? 

2. “Tener la llave”: el cargo como oportunidad

El segundo elemento del imaginario gira alrededor de la idea de que el ocupante del cargo públco se encuentra en la posición clave para tomar la decisión pública necesaria que permite el negocio corrupto. En todas estas conversaciones grabadas por los cuerpos policiales aparece constantemente, como ya hemos visto en uno de los fragmentos anteriores, la expresión “tener la llave”. La ocupación del cargo público adecuado es vista como una oportunidad para el enriquecimiento ilícito de su ocupante.

La conversación elegida para ilustrar este elemento del imaginario tuvo lugar en Camas, en la provincia de Sevilla, el 12 de septiembre de 2005. Fue grabada, con la ayuda de la policía, por una concejal que luego denunció el intento de soborno al que se vio sometida. La concejal pregunta en un determinado momento:

Concejal: ¿Qué recibiría yo?
Intermediario: ...Pues resolver tu vida, la de tus hijos, y la de veinte generaciones tuyas [...] Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro.
Concejal: La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos. No creí que me iba a coger tan de cerca.
Intermediario: A todos nos llega la hora. A ti te ha llegado ahora. Yo voy a lo mío. No sé si vienes a sacarme información. Pero yo quiero hacer. Yo tengo unos señores que tienen unos intereses ahí. Te estoy hablando claro. Y tenemos la oportunidad de resolver nuestra vida para veinte generaciones, la tuya y la mía.

Están hablando de lo que la concejal recibiría a cambio de ofrecer el voto decisivo para poder llevar adelante una serie de planes urbanísticos en el municipio de Camas. El intermediario no puede ser más directo a la hora de describir la oportunidad que “tener el cargo” representa en el imaginario de la corrupción: resolver tu vida y la de veinte generaciones tuyas. Como en un buen western, el intermediario deja una frase lapidaria sobre lo que parece la inevitabilidad de la corrupción: “A todos nos llega la hora.” El cargo que ocupa la concejal y su voto decisivo en el Pleno son la llave para obtener el filón del oro.

Siguiendo con el segundo elemento, el del cargo público como oportunidad, una segunda ilustración corresponde a una conversación que tuvo lugar el 5 de junio de 2008 en Arrecife (Lanzarote), entre un consejero del cabildo de la isla y un intermediario que viene a pedirle que desbloquee un plan urbanístico recurrido por el cabildo ante la jurisdicción contenciosa y por la vía penal, a iniciativa de este mismo consejero. Esta conversación completa representa una antología de la corrupción.

La conversación dura aproximadamente una hora y media. La grabó el consejero cuando supo que iba a ser objeto de un soborno. Esta grabación ha iniciado una investigación judicial aún en marcha, tras acumularse una impresionante cantidad de información.[2]

En este primer fragmento de la conversación, el intermediario se refiere a un proyecto urbanístico en que el consejero le asegura que “ahí nadie se llevó nada”. El intermediario no da crédito a eso, y le dice:


[...] y tú imagínate que hubieras trincao un 5 o 10 de todo el proyecto ese, ¿qué pasa?, y es que te digo una cosa, si no lo hicieras, si no lo hicisteis tú o la persona que tenía en ese momento la llave es que son gilipollas, te lo digo sinceramente, es que son gilipollas, porque se creen ustedes que van a estar aquí toda la vida, que la política es itinerante [sic.], que esto no es un contrato fijo de trabajo, tú lo sabes, es que es así [...] Entonces tú te vas a mantener ahí tres años, garantizar tres años. La próxima, mira, tío, no lo sé, porque dentro de la maquinaria de ustedes unos cuantos que quieren quitarte a ti para ponerse ellos [...] Es que quieren tu puesto, quieren tu puesto, eso es lo que hay, entonces, tienes tres años. Pero vamos, yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer, que tú eres un tío bastante inteligente. Tú deberías amarrarte bien, y amarrarte bien, y amarrarte bien. Garantizarte tu futuro.

El mensaje es evidente: la competencia para hacerse con el cargo y con el aprovechamiento económico que puede tener aparejado no está ni siquiera fuera del partido, sino que el peligro viene del fuego amigo. “Eso es lo que hay.” Si eres inteligente, sabes que necesitas “amarrarte bien” (aprovechar el cargo mientras lo disfrutes) para garantizarte el futuro porque el desempeño de los cargos públicos no es para siempre.

 2.B. “Si no lo haces, eres gilipollas”

El segundo elemento del imaginario de la corrupción tiene un corolario. No es solo que cuando se disfruta de un cargo público en el que se tiene la llave hay que aprovecharlo, sino que si dejas de hacerlo no es porque seas un tipo íntegro, sino porque eres tonto o, como suelen decir los corruptores en estas conversaciones, “gilipollas”. La justificación que dan los corruptos para afirmar que quienes no se aprovechan del cargo público no son dignos de respeto se basa en dos razones. La primera es que, de todas formas, “todo el mundo pensará que lo estás haciendo”, así que, si vas a quedar como un corrupto, al menos que sea con fundamento. Este primer punto queda de nuevo magníficamente ilustrado en la conversación canaria. El intermediario dice:

Claro, o sea lo que es de gilipollas, es que eso vaya p’alante, y ahí nadie haya trincado nada [...] en un proyecto que es [...] tela marinera. ¿Qué quieres que te diga? Pues si no han trincado nada ahí, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo [...] Como todo el mundo sabe lo que hay, que es imposible que no se haya hecho nada ahí.

La segunda razón es que “si no lo haces tú lo hará otro”. Es absurdo hacerte el héroe de la integridad, porque siempre habrá otro dispuesto a dejarse comprar, así que aún te sentirás más tonto por no haber aprovechado la oportunidad cuando la tuviste. Según explica el intermediario a la concejal de Camas:

Esta gente te va a montar un negocio y no vas a tener que trabajar más. Y si no lo haces tú, lo hará otro.

Esto recuerda la frase que Francisco Hernando Contreras, El Pocero, le dijo al alcalde de Izquierda Unida que paró el desarrollo de la enorme ciudad dormitorio de Seseña[3]: “Tú eres tonto. Eres el único alcalde honrado de España.”

Volviendo a la conversación de la isla canaria, el intermediario expresa con rotundidad esa visión sobre la inevitabilidad de la corrupción y la disposición a la misma de quienes participan en la vida pública. Tras una larga (y espeluznante) narración a cargo del intermediario de numerosos casos de corrupción en la isla en la que nombra directamente a un buen número de conocidos políticos de todos los partidos, el consejero del cabildo reacciona con ingenuidad y el intermediario no le da opción:

Político: Aquí el más tonto hace relojes, ¿no?
Intermediario: Tonto aquí, yo no veo ninguno. Yo el día que me presentes a uno te doy una medalla.
Político: El primer tonto soy yo, parece hay alguno despistao.
Intermediario: No, tú no eres tonto, lo que pasa es que acabas de entrar también ¡joder!, llevas poco tiempo, ¿no?
 
Es decir, los rasgos de integridad, o más bien de estulticia por no aprovechar las oportunidades que brinda el cargo público, son, a juicio de este intermediario, pasajeros, fruto únicamente de la poca experiencia en la vida política y, por tanto, un sarampión que pasa muy pronto.

3. “Además, no te va a pasar nada”

El concepto de la impunidad es un elemento poderoso en el imaginario de la corrupción. Las reglas del juego corrupto son sencillas, “la Biblia está escrita desde hace tiempo”, según el intermediario de la conversación canaria en otra frase digna de ser esculpida en mármol:

¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Tú, que eres el personaje público, ni apareces. Entonces, por ejemplo yo [con el promotor] hago un contrato, ese sí que se hace público, una cosa 100% legal, de un porcentaje en el que figura que [el intermediario] tiene un porcentaje en esta sociedad, luego yo contigo, si tú quieres, hago un contrato privado –el contrato privado vale igual que uno público–. Tú tienes tu copia y la guardas, que de la parte mía el 50% es tuyo, y ya está. Eso no tiene por qué aparecer jamás en la vida, jamás. Cuando tú termines todo tu bagaje y tal y cual, que no va durar mucho o cuando tú quieras, eso se llevará a escritura pública y ya está [...]

Así es como se hace, ¿entiendes?  [...] Con cosas privadas tú no vas a ver nada, eso se amarra bien y no hay problema, eso te lo digo yo [...] La Biblia está escrita desde hace tiempo  [...]

Esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer. Si a ti te viene mañana [el promotor]... ¡Coño! ¿Cómo podemos desbloquear este tema tal y cual? Tú me llamas [el intermediario], vete con él [el promotor], escucha lo que te dice, y luego yo hablo con él: esto lo podemos desbloquear, pero ¿cómo queda la cosa? Y ya está, tú no apareces por ningún lao, por ningún lao  [...]

El blanquearlo es muy fácil, o sea a mí me dan mañana mil millones de pesetas, me dicen: “Mira tengo mil kilos en, no sé, Islas Caimán o..., tráetelo p’acá y lo tienes blanqueado en dos años.”

En este caso, el intermediario le explica al político cómo hacer el pago del soborno garantizándole toda la opacidad posible para que no deje huellas. Además, en lo que constituye toda una reivindicación profesional del papel del intermediario, este aprovecha para ofrecerse al político para que pueda llevar a cabo este tipo de operaciones con cualquier clase de empresario interesado. Incluso aprovecha para asegurarle que el blanqueo del cohecho es una operación simple en la que ya tiene experiencia. Aunque en esta conversación no se advierte, en muchos otros casos, uno más de los servicios ofrecidos por los intermediarios de la corrupción es el de “comerse el marrón”, de ir a la cárcel antes que descubrir quién fue el destinatario último de los pagos.

4. “No vayas a joder al pueblo”

Ampliar el número de beneficiarios de este tipo de intercambio parece ser otra de las principales reglas del juego entre corruptos, al menos entre los más avezados en estos negocios. La conversación de la isla canaria vuelve a servirnos una ilustración de este elemento del imaginario. Tras poner algunos ejemplos de políticos corruptos a los que perdió la avaricia, el intermediario advierte al político:

No vayas a joder al pueblo, o sea lo que es estúpido es que en el [barrio popular], tú no le dejes hacer casas [...] Claro, tú tienes que ser generoso, a la gente del pueblo ponle lo que quiera a [barrio popular] dos plantas, y en [otro barrio] otra planta más pa esa gente para que lleve a la familia y que se beneficie todo el mundo y después de tres o cuatro operaciones gordas que hay [...], empresas privadas con dinero y tal, a la gente no le importa mientras  [...] tú hagas cosas por el pueblo. Lo que no puedes hacer es to pa mí, to pa mí y que se joda el resto del mundo, entonces te joden vivo.

El mensaje es que, si eres un depredador, no vas a poder disfrutar mucho tiempo de la ocupación del cargo público que permite acceder a estos negocios. Por eso, el truco se juega a esa carta: “No vayas a joder al pueblo.” Esta es la condición de posibilidad para ser un corrupto con permanencia en el cargo. Como dice con claridad meridiana el intermediario, “a la gente no le importa [que tú te beneficies ilícitamente] mientras hagas cosas por el pueblo”.

No obstante, es evidente que por culpa de la corrupción, a la larga, “el pueblo” es exactamente el que sale perjudicado. Estas “operaciones gordas” dejan un legado de degradación medioambiental, estructuras de poca calidad y unas condiciones sociales mucho peores.

Un ejemplo de esta hipocresía populista es el de Jesús Gil. Después de tantos años en Marbella, donde renovó cuatro veces seguidas su mayoría absoluta; después de tanta supuesta creación de riqueza y puestos de empleo, la población de Marbella se había multiplicado por cuatro. Sin embargo, la realidad es que siguió teniendo un solo consultorio médico, las mismas líneas de transporte público, y menos metros de jardines públicos por habitante de las que tenía antes de Gil.[4] El mensaje es: “No vayas a joder al pueblo”, pero realmente el pueblo acaba gravemente perjudicado por este tipo de comportamientos, aunque en muchos casos tarde bastantes años en advertir las consecuencias del mal gobierno y la corrupción.

5. “Esto funciona así”

El elemento quizás más preocupante de este imaginario es la transmisión de la idea de la inevitabilidad de la corrupción, la idea de que el sistema político en la práctica “funciona así”. Las reglas del juego son estas, y, por lo tanto, lo de cumplir con la legalidad parece ser lo excepcional. Las leyes parecerían no ser más que un formal atrezzo para tranquilizar conciencias, mientras que las verdaderas reglas del juego son las de los intercambios corruptos.

La siguiente conversación es pública, tomada de una entrevista del reportero Luis Gómez en El País en noviembre de 2010.[5] Es una de las pocas entrevistas que ha concedido Enrique Ortiz, el promotor inmobiliario de Alicante que domina en torno al 80% del suelo urbanizable en el término municipal, y que además es dueño del Hércules Club de Fútbol. También es uno de los principales implicados en la Operación Brugal y protagonista de uno de los capítulos del Caso Gürtel que afecta a la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Luis Gómez: Y sus competidores están también convencidos de que recibe trato de favor de los políticos.
Enrique Ortiz: Un político no te da la contrata, pero sí te la puede quitar. Las cosas las tienen muy claras. He hecho muchos favores toda la vida a políticos de todos los colores. Tienes que ganarte su confianza: si te piden que hagas una obra porque la necesitan, la haces. Yo por Navidades, ya sé lo que me espera. Que si hay que darle dinero a este equipo modesto. Y ahí está Ortiz. Que si hay que ayudar a las fiestas. Y ahí está Ortiz. Que si a alguna asociación, que si hay que construir una escuela de enfermería en el Sáhara. Y ahí está Ortiz. No se trata de sobornar al alcalde. Si piensas que haces algo mal, te escondes y yo no me escondo.
Gómez: Pero por las conversaciones y los informes de la Operación Brugal se desprende que usted ha ido más lejos en los favores [...] Usted empleaba a familiares de políticos.
Ortiz: Lo he hecho toda mi vida. Cómo le voy a decir que no a un político. Pero no les he regalado el sueldo a esos familiares [...]
Gómez: O sea, que el favor al político está justificado.
Ortiz: Es el sistema. Yo no quería comprar el estadio del Hércules, por ejemplo. Pero había una presión social, que se traslada a que el político te diga: “Tienes que comprarlo.” Y luego digo pero hay que hacer un estadio nuevo, que no es para mí, es para el Hércules, y propongo una operación para hacer uno nuevo, con la permuta de unos terrenos. Es lo que han hecho todos los clubes de España. Yo nunca haría una operación especulativa con el estadio.

Aunque Ortiz se desmarca del pago de sobornos, admite que este conglomerado de favores a los políticos constituye “el sistema”. Es la manera de ganarse su confianza y, siendo así el sistema, no hay manera de quedar al margen. Analicemos ahora un caso algo más escabroso que vuelve a servir de ilustración del “esto funciona así”.

El 9 de junio de 2010, el periódico canario La Provincia desvelaba que Jacinto Álvarez, el exgerente de Urbaser en la isla de Lanzarote, llamaba a María Isabel Déniz, la exalcaldesa de Arrecife, “la Trincona”. Álvarez está acusado de efectuar pagos ilegales a la alcaldesa; según él, con el visto bueno de sus superiores.

Urbaser es una enorme empresa[6] dedicada principalmente a la gestión de basuras, y pertenece a ACS, la empresa de Florentino Pérez. El gerente reconoció que sobornaron a (o que se dejaron extorsionar por) la alcaldesa, a cambio de la concesión a esta empresa de la contrata de basuras del ayuntamiento de Arrecife, valorada en más de ocho millones de euros a diez años vista.

De acuerdo con la información recogida por el diario regional, en un determinado momento la exalcaldesa, cuya hermana era la viceconsejera de Justicia del gobierno autonómico en el momento de saltar el escándalo, averigua que está siendo investigada por la Guardia Civil. En ese momento, según publica La Provincia, avisa a Jacinto Álvarez de que están siendo seguidos por la Guardia Civil y le pide que se deshaga de toda la documentación que pueda comprometerles. El gerente de Urbaser coge toda la abundante documentación que tiene en su oficina y la lleva a una nave que tenían en un barrio de Arrecife para esconderla. Pero la Guardia Civil ya lo estaba siguiendo y se hace con toda la documentación.

Entre la documentación que se le encuentra, aparece un cuaderno en el que había escrito un “decálogo para tratar a la alcaldesa”. La norma número uno era darle siempre la razón. Según las anotaciones de Álvarez y de acuerdo con su declaración ante la policía judicial, la alcaldesa les pedía constantemente nuevos regalos: relojes, viajes para ella y su familia (entre ellos un safari en África), etcétera.

Álvarez alegó que el pago de sobornos, superior a los 40.000 euros, se hizo con el conocimiento de sus superiores. Naturalmente la empresa niega esta versión y despidió a su gerente en cuanto fue imputado. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Operación Brugal esta misma empresa ha protagonizado al menos un caso muy parecido en la concesión de una nueva contrata de basuras en la Vega Baja de Alicante,[7] por lo que hay indicios suficientes para deducir que esta práctica podría constituir algo más que una mera ocurrencia de gerentes sin escrúpulos.

La pregunta que cabe hacerse es cómo es posible que una empresa nacional tan potente no denuncie este tipo de comportamientos, de solicitudes de cohechos, cuando se topa con ellos en algunos municipios. Nuestra hipótesis es que esto se debe seguramente a que trabajan con la misma clave que hemos visto antes con los concejales: si no lo haces, lo hará otro. Cuando uno habla con empresarios de estos sectores, no resulta tan extraño escuchar que los empleados de estas empresas digan que sus superiores lo sabían. Si tú no pagas los sobornos, otros lo harán y además perderás la contrata. Por esto, quizás, no lo denuncian. Porque también ellos parecen admitir que, al menos en algunos ayuntamientos, “el sistema funciona así”.

Volvamos a la conversación de la isla canaria a la que nos hemos referido repetidamente. En un determinado momento, el intermediario habla de otro promotor inmobiliario muy conocido en la isla, pero al que no representa personalmente en este caso:

Intermediario: JF [promotor] es un tío que hay que reconocer que las cosas cuando las hace, las hace bonitas.
Político: Sí, eso sí.
Intermediario: Bien hechas; por lo menos no es chapucero.
Político: Por lo menos no es chapucero.
Intermediario: Es un tío que lo hace bien y que queda bien.
Político: Se salta la ley con estilo.
Intermediario: Eso sí, se salta la ley con estilo, pero, coño, ya que se la va a saltar alguien que se la salte él, que lo hace bien y deja siempre cosas bien hechas, ¡coño!, cosas bonitas... Como yo sé que al final se la van a saltar, prefiero que se la salte él a que no se la salte un basura que te hace una mierda, un desastre y te deja encima mal.
 De nuevo, la idea de la inevitabilidad de la corrupción: “Como yo sé que al final se la van a saltar [la ley]”, mejor que se la salte un promotor que construye “cosas bonitas” y que no es un chapucero. Al menos “se salta la ley con estilo”. Es más, este tipo de promotores hasta “dejan bien” al político, ya que lo de menos parece ser cumplir la ley. Una constatación más de este elemento del imaginario de la corrupción en nuestro país: las leyes no parecen ser más que un adorno para estos personajes, las verdaderas reglas de juego no son las leyes oficiales, sino las que regulan los intercambios corruptos. Un mensaje ciertamente desolador.

II. ¿EN QUÉ GRADO ESTÁN EXTENDIDAS ESTAS ACTITUDES?

Para poder cuantificar y evaluar las implicaciones de estas actitudes de y hacia la corrupción, es necesario investigar más allá de los actores principales. ¿Podemos pensar que este tipo de actitudes, este imaginario de la corrupción, está generalmente extendido en nuestra sociedad, entre los ciudadanos? Si esto es así, estaríamos ante una situación muy complicada. ¿Necesitamos una revolución moral para combatir la corrupción en España?

En el país que inventó el género literario de la picaresca tendemos a pensar con frecuencia que las actitudes que hemos presentado en la primera parte del trabajo están muy enraizadas en nuestra sociedad. De hecho, en ocasiones hay algunos retazos de información sociológica que parecen apuntar en esa línea. Nos vamos a limitar a presentar solo algunos datos que podrían servir como evidencias de la extensión de este tipo de actitudes entre los ciudadanos españoles.

Comencemos con una conversación entre trabajadores manuales de la Comunidad de Madrid, de entre treinta y cuarenta y cinco años de edad, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2006, cuando los escándalos de corrupción urbanística ya dominaban las portadas de los medios de comunicación.[8]

 D.: Yo lo que quiero dejar claro por mi parte es que da igual que sean unos u otros, que lo que está claro es que el poder político es la herramienta para tener el poder económico, para manejar la pasta y aquí se ha demostrado que eso es así, son más o menos, y perdonad, clanes casi de mafiosos que se reparten el territorio. Yo me apostaría el sueldo de un año a que no hay un ayuntamiento en España, sea del partido que sea, al que no le saquen beneficio –da igual que sea izquierda, o el que sea.

J.: Por eso no sale casi nada, porque en todos hay...

Como se observa en la cita anterior, el fragmento comienza con la típica expresión de cinismo hacia el sistema político que cualquier científico social conocedor de la realidad española esperaría: que todos los políticos, todos los partidos son iguales; que anteponen sus intereses particulares a todo lo demás, y que eso los convierte a todos en corruptos, al menos en potencia. La conversación prosigue:

 D.: La lástima que tengo es no haber pensado esto con veinte años en lugar de con treinta y nueve, porque ya me habría encargado yo de meterme en el rollo de la política que ahora sería concejal.

J. C.: Es que es una mafia.

D.: Porque también como luego no te va a pasar nada y que por otro lado estas cuatro años y luego a vivir, porque no conozco ningún político que al dejarlo se haya tenido que ir de electricista o lo que fuera, de bancario o lo que fuera.

J. M.: Y que luego según está la ley, tampoco le pasa nada si...

D.: ...Es que entran con unos sueldos muy normalitos y a los seis meses ves que tienen unos chalés, en unas urbanizaciones de no sé cuantos miles de euros, y dices, pero bueno, es que yo soy tonto.


D. sorprende a sus compañeros al dar una vuelta de tuerca al habitual discurso sobre la perversión de la clase política. No se queda solo en la consabida y omnipresente denuncia de la corrupción de los políticos, de todos ellos, sino que añade lo que parece ser un arrebato de sinceridad mucho menos habitual: la lástima es no haberse dado cuenta antes de cómo eran las verdaderas reglas del juego político, la presencia de la corrupción, para haber entrado él mismo en este juego ya que ahora estaría en una posición económica mucho mejor. Aunque son unas palabras que sorprenden en un primer momento a sus compañeros, hay que decir que estos acabaron asintiendo ante lo señalado por D.

Si dejamos de lado esta aproximación cualitativa y echamos un vistazo a las encuestas de opinión, encontraremos también algunos datos igualmente preocupantes. En primer lugar, la percepción de los españoles sobre la incidencia de la corrupción es realmente alarmante. Sobre este particular poseemos una larga batería de datos, pero basta con la tabla 2 para ilustrarlo.

Otros datos ahondan en esta no muy alentadora imagen. España exhibe una de las tasas más bajas de confianza interpersonal generalizada de la UE-15, un factor que suele estar correlacionado con el nivel de corrupción real: A mayores niveles de confianza social, menos corrupción, y viceversa. El gráfico A recoge la distribución de la variable de la confianza interpersonal según unos datos de diciembre de 2009.

Las percepciones de los españoles sobre la parcialidad o imparcialidad con la que funcionan las principales instituciones de gobierno (tabla 3) apuntan también hacia una preocupante sensación de que instituciones públicas clave como la justicia o la administración tributaria no tratan por igual a todos los ciudadanos.

Así, según el CIS, siete de cada diez españoles se mostraban disconformes en 2009 con la afirmación de que “el sistema judicial castiga a los culpables sin importar quiénes son”. De acuerdo con otra encuesta de ASP para la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) realizada en ese mismo año, tres de cada cuatro encuestados se mostraban muy o bastante de acuerdo con la opinión de que “la gente acomodada recibe un trato fiscal claramente más favorable que el que recibe el ciudadano medio”.

Esta baja confianza ciudadana constituye uno de los rasgos de la cultura política de los españoles desde que se lleva a cabo este tipo de estudios en nuestro país. La gran mayoría de españoles percibe que las instituciones públicas no tratan por igual a todos los ciudadanos y asume que la corrupción abunda entre nuestros representantes y nuestros gobiernos.

La visión negativa ciudadana sobre el funcionamiento parcial de las instituciones de gobierno aparece no solo en las encuestas sino, como hemos visto, en buena parte de las conversaciones grabadas por la policía en la persecución de delitos de corrupción. Una constante afirmación sostiene que los intercambios corruptos son la forma normal de proceder: que esto funciona así.

Como señalan Charron y Lapuente, cuando la percepción de la mayoría es que “el sistema funciona así”, los actores invertirán tiempo y esfuerzo en el cultivo de los contactos sociales adecuados para tener acceso a tales beneficios. En el caso español esta actitud parece haber calado de forma considerable. Parece crear una especie de contagio y tiende a deteriorar la capacidad de reacción con la que un sistema democrático debería perseguir y castigar este tipo de actitudes.

Cuando en una encuesta realizada por Víctor Pérez Díaz para ASP por encargo de FUNCAS en 2010 (ASP 10.048), se preguntó qué es lo más importante para llegar a ser rico en la sociedad española, más del 56% respondió “tener buenos contactos y cultivarlos”, casi el 20% eligió “tener suerte” y, significativamente, solo el 18% se inclinó por la opción “tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas”. Estos últimos, según el imaginario de la corrupción, serían probablemente los “gilipollas”.

Sin embargo, a pesar de la prevalencia de estas actitudes, no puede afirmarse que la sociedad española esté particularmente inclinada a la corrupción. Los datos que tenemos sobre la experiencia directa en el pago de sobornos a través del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional son bastante sólidos en este sentido: aquellos que dicen haber pagado un soborno en España nunca han superado el 5% de los encuestados, por debajo de la media de los países de la UE.

Además, los escasos indicadores existentes sobre los comportamientos que los ciudadanos consideran como corruptos no demuestran una tolerancia especial de los españoles hacia la corrupción (tabla 4).

Ni siquiera cuando los encuestados son sometidos a un difícil dilema moral parecen imponerse las respuestas menos adecuadas. A la pregunta “¿Qué frase refleja mejor su opinión?”, la mayoría contestó: “Que los políticos cumplan siempre con las leyes, incluso si eso les hiciera ser menos eficaces a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos” (CIS 2826, dic. 2009).

Por tanto, en el caso español, el problema coincide con lo sugerido por Charron y Lapuente. No parece que lo importante aquí sean los valores morales de los ciudadanos. No parece que una mayor incidencia de la corrupción en España con respecto a los países de nuestro entorno pueda atribuirse a los valores de moral pública entre los españoles, sino a que las expectativas que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones de gobierno son altamente negativas.

Los españoles perciben una gran parcialidad en el funcionamiento de estas instituciones con la consiguiente desigualdad de trato por parte de las mismas. Esta percepción genera una actitud de cinismo hacia la política y los políticos que explicaría el recurso a comportamientos típicamente clientelares, en los que el cultivo de los contactos adecuados está por encima del esfuerzo individual para mejorar las condiciones de vida y el propio estatus social.

Así, el desafecto hacia la política democrática evidente en los estudios de opinión, y su reflejo en el comportamiento electoral (la facilidad con la que se descuentan a menudo las denuncias de corrupción), serían fruto no tanto de una moral pública escasamente cívica, sino más bien el producto de la distancia que perciben los ciudadanos entre su ideal democrático (basado sobre todo en la idea de igualdad) y sus recelosas expectativas sobre la realidad de la política democrática.

De este modo, dadas las bajas expectativas que tienen sobre el grado de ajuste de la política real a su propio ideal de democracia, su reacción ante un escándalo (o una oleada de escándalos) de corrupción es de “normalidad”. Los escándalos confirman sus expectativas sobre los verdaderos motivos de los actores políticos (y el verdadero funcionamiento de las instituciones políticas) y, por tanto, no son excepciones ante las que haya que reaccionar para que todo vuelva a la “normalidad democrática”.

III. EL CÍRCULO VICIOSO

En este imaginario de la corrupción, el cargo público es percibido como “la llave” para “trincar”; si no lo haces, “eres gilipollas”, y otros lo harán; y “además, no te va a pasar nada”. Todo esto es anatema a la verdadera democracia.

Las tradicionales redes clientelares en España siguen patrones establecidos y perfeccionados durante siglos de mala gobernanza que son difíciles de extirpar. Estas redes, con sus “intermediarios”, funcionan a través de comportamientos que incluyen intercambios corruptos en los que las decisiones políticas están ligadas a beneficios económicos, y viceversa.

No obstante, la corrupción en España no constituye un caso excepcional ni en su forma ni en su extensión. Spain is not very different. De hecho, el imaginario sigue pautas que encajan en algoritmos defectuosos evidentes en muchas sociedades y países por todo el mundo.

Lo realmente lamentable es que la distancia que perciben los ciudadanos entre su ideal democrático y la realidad existente, ese cinismo hacia la política democrática en España, representa una peligrosa desconfianza generalizada en las instituciones y en la capacidad de los sistemas de administración para resolver el problema de la corrupción. Es un círculo vicioso de difícil arreglo.

Cuando no existe un sano equilibrio entre las administraciones, la sociedad civil y los mercados, cuando los sistemas de control no funcionan adecuadamente, no puede haber verdadera “normalidad democrática”.

Pero quizás lo más desalentador es lo que esto significa en términos de iniciativa individual, de la percepción del esfuerzo personal, y por tanto, de la posibilidad de cambiar “el sistema”. Mientras “esto” siga “siendo así”, mientras las reglas del juego no estén claramente delineadas y sean iguales para todos, nada cambiará.

La lucha contra la corrupción en España requerirá cambios significativos en la cultura política y también en la cultura empresarial. Como evidencian las encuestas, los ciudadanos españoles no son especialmente propensos a la corrupción, no se trata de un problema de moral pública. Se trata de un sistema de control y responsabilidad defectuoso.

Para sanear “el sistema” y eliminar el impacto de la corrupción sobre la vida social española, se requerirá una acción global concertada entre todos los sectores sociales. Se requerirá liderazgo político e institucional decisivo, responsable, y un llamamiento a un movimiento social imparcial e inclusivo que abarque a las clases política, empresarial, cultural y académica. Solo así estaremos en condiciones de romper el círculo vicioso. ~




11 de agosto de 2012

Manos arriba, esto es un atraco !!

"Boston o Barcelona", el genial artículo publicado hoy por Jordi Graupera en La Vanguardia, explica el porqué y el como los catalanes hemos llegado a la situación actual.  

Oriol Pujol: Atracador o víctima ? nos remitimos a los hechos
En negocios no hay amigos: lo que manda es el dinero y el poder. Eso es lo que parece desprenderse de las luchas intestinas entre diversos sectores de Convergència Democratica de Catalunya (CDC) durante el último año. Desde queArtur Mas accedió al poder, algunos aprovechados fueron echando el anzuelo a diversos dirigentes para arrimarse al poder y sacar tajada. Sin ir más lejos, es lo que intentaron los integrantes de la trama de las ITV que fueron detenidos el pasado marzo y, especialmente, los empresarios Sergio Pastor y Sergi Alsina, y el dirigente de CDC Josep Tous, encargado de confeccionar un nuevo mapa de estaciones de ITV y de allanar el camino para una nueva política energética.

De las conversaciones intervenidas por orden judicial se desprende la terrible lucha entre estos clanes por acotar a sus rivales y situarse en una posición superior a los otros. En una conversación grabada el 11 de julio del 2011, Sergio Pastor lo deja claro: “Nosotros entramos allí para hacer de lobby. ¿Y qué lobby hemos hecho? Ninguno. ¡Si tienen más lobby ellos que nosotros!”.

Pastor se refiere a las duras negociaciones que su clan mantenía con Xavier Pujol, propietario de Ficosa, para conformar la compañía que se habría de llevar adjudicaciones. En ese momento, ya había roto las negociaciones con la alemana Tüv Rheinland, remisa a aceptar sus propuestas. Pero la alternativa, Xavier Pujol, sólo daba a Pastor, Alsina y sus socios un 30% de la compañía resultante, lo que a ellos les parecía muy poco.

En esa misma conversación, el empresario detalla una comida entre los dos Sergios y el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),Oriol Pujol, en la que éste, presuntamente, les pidió que presionasen más al directivo de Ficosa. “El Oriol se lo ha dicho bien claro [a Sergi Alsina]: el resultado.El resultado quiero verlo en el papel (...) bueno, es que hay más. Le ha soltado una el Oriol... Dice, además, es que no es la primera que nos deja de pagar el Xavier Pujol”.

La pugna debía ser intensa, porque el político no escatimó críticas. “Lo bueno es que el Oriol le ha pegado una buena bronca. ¿Y sabes lo que le ha dicho a Sergi? Le dice: ‘mira, Sergi, que el Xavier Pujol es un rata, que es un rata (...) y te digo una cosa, que ni tú ni yo ni Sergi Pastor somos sus empleados. Él no es el amo de todos, que éste se cree el dueño’”.

El objetivo era montar una empresa, conseguir varias estaciones de ITV y la concesión de las revisiones de eficiencia energética en los hogares catalanes. Pero, al mismo tiempo, también aspiraban a una subvención de 200.000 euros, para lo que pensaban utilizar el nombre de Oriol Pujol. Pastor duda en un momento determinado sobre si la subvención no provocará un escándalo, pero Alsina le calma diciendo que Ficosa “está acostumbrada a buscar subvenciones donde sea” y, como tendrá el 70% de la nueva sociedad, ya hay “una maquinaria muy engrasada de conseguir subvenciones de manera profesional”. Pero ni el mismo Oriol se libra de críticas, ya que en una ocasión Sergio Pastor se queja de que se mueve poco. "Si lo que ha hecho Oriol, al fin y al cabo, es enviar unos sms a Sureda [director general de Industria], pues si éste es el interés de Zumosol [apodo de Oriol Pujol], vamos fastidiados".

Al principio, además, tienen reticencias a que aparezca el nombre de Sergi Alsina vinculado con el proyecto, ya que lo pueden relacionar directamente con Convergència, al ser compañero de clase de Oriol Pujol y por haber estado en primera fila, junto al dirigente convergente, la noche de las elecciones, a la vista de todo el mundo.

El principal enemigo

El principal enemigo de la trama de la ITV, sin embargo, es otro empresario con buenas conexiones dentro de Convergència. Se trata de Joaquim Coello, que había sido el presidente del Puerto de Barcelona en el último Gobierno de Jordi Pujol. Coello, presidente de Applus, era también representante de la Generalitat en Spanair hasta que Artur Mas lo cambió en mayo del año pasado. Como directivo de Applus, sin embargo, sus intereses chocan con los del grupo de Pastor, ya que éste quería provocar un nuevo concurso de ITV’s y Applus se niega, puesto que durante los años pasados ya redujo sustancialmente su negocio para no sobrepasar el 50% de cuota del sector. Si se convoca un nuevo concurso, pues, corre el peligro de perder algunas de las concesiones que tiene.

La trama calificaba al grupo de Coello como "los malos". En el mismo, se encuentraRafael Suñol, que había sido socio de Alta Partners, el grupo de Sergi Alsina. Según Pastor, el grupo de los malos "tienen una cuenta pendiente con Sergi Alsina" y, además, quisieron "joder" a Pedro Navarrete en Sony. Navarrete es uno de los empresarios que se incorporaría a la sociedad que montaban con Ficosa. Y tan malos eran que el propio Xavier Pujol era reticente a colocar a Pastor en su compañía porque se podía interpretar "como una venganza" y que pudieran "tomar algún tipo de represalia".

En un momento determinado, Pastor alerta de que Coello puede truncarles muchas operaciones porque es amigo de Josep Canós, director general de Energía, que también estaba en negociaciones con la trama de las ITV. ”Yo sé que Canós hizo negocios con Coello cuando Coello era presidente del Puerto. Porque, claro, el operador logístico con una operativa logística brutal en el Puerto era Canós (...) era el director general de Abertis y su principal fuente era el Puerto. Y en ese momento, Coello era el presidente. Y es más: el que me quería abrir las puertas de relacionarme con Coello para temas de Applus era Canós. 

Es que yo me acuerdo de todo”.

El miedo de la trama es que no se convoque un nuevo concurso de ITV por presiones ajenas. "El tema de Coello... yo que sé lo que saben el uno del otro. Pero Josep Canós, apuñalarme, no me apuñalará (...) Pero claro, cuando a mí me han dicho que estaba presionan tanto [Coello a Canós], he buscado la línea de enlace y me ha salido enseguida, de cuando ellos se conocían con Coello en el Puerto".

Applus había despedido a Pastor en el 2006, después de que se pusiese en venta la compañía y éste realizase maniobras para encontrar comprador a espaldas del consejo. A Coello, que ahora está en su antigua compañía, no le tiene mucha simpatía. Ni siquiera a la empresa. Por eso se muestra escandalizado cuando Oriol Pujol le chiva que Artur Mas recibió a Joaquim Coello y le acompañaba Adolf Todó, director general de Catalunya Caixa. “Cuando se trata de defender a Applus...aquella reunión, ¿te acuerdas que comentamos?, que salió el artículo al día siguiente, porque se iban a ver al Artur Mas... pues el que fue con ellos fue Todó, el director general de Catalunya Caixa (...) O sea, los tres se van a ver al President de la Generalitat, son el Esteban, el Coello y el Todó”.

12 de marzo de 2012

El fraude de los ERE asciende a 1.400 millones de euros

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha elevado este lunes hasta los 1.400 millones la cantidad "defraudada" en la presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, considerado el primer fondo de reptiles. En su declaración, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, cifró dicha partida en "933 millones de euros y 887 fraudes".

En rueda de prensa, Sanz ha explicado que su partido ha tenido acceso a una "documentación que pudiera elevar la cifra que nos cuesta a los andaluces este fraude a 1.400 millones de euros". Se trata de "pruebas" que ya han sido entregadas a la juez Alaya y que apuntan a que el 22 de diciembre de 2010 "hubo una reunión" entre el entonces viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, la aseguradora Vitalicio y varios representantes sindicales para "cerrar un calendario de pagos" en el que "se viene a reconocer no solo lo que se había gastado año a año en el fondo de reptiles, sino lo que es peor y que hoy descubrimos, lo que nos queda por pagar hasta nada más y nada menos que 2015".

Según este documento, la Junta de Andalucía tiene una deuda total respecto a los ERE y las ayudas a trabajadores de 535.298.340,73 euros a pagar desde 2011 hasta 2015, lo que, sumado a los 933 millones declarados por Guerrero según el auto judicial -699 de partida más "un tercio de la responsabilidad exigida judicialmente" y "dos partidas no existentes en los presupuestos enviados a la juez y no reconocidas"- serían más de 1.400 millones.
"En este documento se concretan cómo hasta el 2015 hay compromisos de pago de 535 millones de euros, lo que eleva aún más la gravedad y magnitud del escándalo", ha lamentado.

Como ejemplo de este "monumental fraude", Sanz ha citado que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011 para este programa "era de 85 millones de euros" pero que, "según este acuerdo, lo comprometido en pago, sin incluir ERE nuevos y ayudas sociolaborales nuevas que se han ido pagando, es de 102 millones de euros". "Por lo tanto, ahí hay un desfase entre lo presupuestado y lo comprometido y acordado con las aseguradores", recalca Sanz para explicar el método utilizado en esta ocasión para "defraudar con el dinero del 1,2 millón de parados andaluces".

"Esto significa que la bola engorda y que no solo se cometió fraude ayer y hoy, sino que se nos ha dejado una deuda política inaceptable para el mañana. Es una bola de nieve cada vez más grande de pagos comprometidos hasta 2015 y que demuestran, por tanto, que lo defraudado no son los 933 millones declarados por Guerrero sino 1.400", insiste.

Ante "tales magnitudes", que "distan mucho" de "los 20 millones de los que habla" la propia Junta de Andalucía, según ha recordado Sanz, el PP-A considera que "aún queda mucho por descubrir en los ERE y mucho por avanzar en esta materia", ya que "parece que esto no acaba nunca" y que la "frivolidad del Gobierno andaluz" a la hora de conceder estas ayudas era "inagotable", convirtiendo a Andalucía en "el parque temático de la corrupción".    

Preguntado sobre qué haría el PP-A con esta deuda de 535 millones si gana las elecciones del próximo 25 de marzo, Sanz ha dicho que harán "lo que la justicia decida" al respecto porque, "una cosa son los beneficiarios de buena fe de las diferentes pólizas y otra cosa los intrusos". "Nosotros entendemos que deben respetarse todos los compromisos adquiridos por los trabajadores en los ERE y el PP-A no tiene voluntad de poner en peligro ninguno de los pagos de los beneficiarios de buena fe", ha contestado tras lamentar la "herencia" y la "hipoteca hasta 2015" que se va a encontrar el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía.

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