jueves, junio 07, 2012
La estafa detectada en Cádiz
a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Nacional
de Empleo podría ascender a varios millones de euros, si bien la cifra
todavía no se puede precisar, a la espera de que se cuantifiquen todas
las prestaciones ilícitas cobradas, así como los beneficios sociales obtenidos por los integrantes de esta trama.
La llamada 'operación Picones', llevada a cabo por la Guardia Civil y
la Seguridad Social, recuerda a las mediáticas 'Halcón' y 'Karlos', por
su aprovechamiento de fondos públicos, además de por su área de
influencia: la Sierra gaditana. Hasta el momento, han sido imputadas 213 personas y está prevista la detención de otras 91, de las que 49 ya han pasado por los calabozos de la Guardia Civil y están siendo puestas a disposición judicial.
La investigación comenzó por la denuncia de unos vecinos de
Ubrique, a los que se les iba a embargar su patrimonio tras aparecer
como administradores de una empresa que desconocían.
Los cabecillas de esta red son dos hermanos y un primo, los primeros con domicilio en Jerez de la Frontera, que creaban empresas ficticias para dar de alta a supuestos trabajadores, que cotizaban el tiempo necesario para, posteriormente, acceder a una prestación por desempleo o ayuda familiar.
La investigación la inició, en abril de 2011, la Guardia Civil de
Arcos de la Frontera a raíz de una denuncia de ciudadanos de Ubrique, a
los que se les iba a embargar su patrimonio después de aparecer como
administradores de una empresa de la que aseguraron, en su momento, no
tener conocimiento. El capitán de la Guardia Civil Luis Martín ha
relatado que la denuncia llevó a los efectivos de la Benemérita hasta un bar en el que supuestamente trabajaban 35 personas.
Comprobaron que no había rastro ni del bar, ni de los trabajadores,
aunque éstos "figuraban dados de alta, pese a no realizar ninguna
actividad". Los primeros denunciantes confesaron, posteriormente, estar
implicados en esta trama que había creado hasta cinco empresas
ficticias, una de hostelería y cuatro de ellas relacionadas con la construcción, en las que daban de alta a trabajadores que no trabajaban.
Al frente de estas empresas estaría un numeroso grupo de los denominados 'hombres de paja', seleccionados por su condición de insolventes.
La red aportaba documentos falsos y talones bancarios sin fondos para comprar coches de alta gamaEl capitán Martín ha precisado que los cabecillas, en concreto el primo que realizaba labores de 'comercial', captaban a los supuestos beneficiarios entre personas de clase humilde, con pocos conocimientos, que llegaban a pagar hasta 150 euros al mes por la gestión de su alta, por la que posteriormente podrían cobrar una prestación que no les correspondía.
Los responsables de esta organización dieron un paso más en su actividad ilícita con la compra de bienes,
especialmente vehículos de alta gama a nombres de estas empresas
ficticias, llegando a aportar documentos falsos y talones bancarios sin
fondos, con la consiguiente estafa también a las financieras. Los
vehículos iban cambiando de titular hasta ser vendidos a terceros que
los adquirían de buena fe.
El director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS), Miguel López Aranda, ha avanzado que ya en el mes de diciembre
se dio orden para anular el alta de estas empresas ficticias, que
habrían actuado durante poco menos de un año, así como
la anulación de las cotizaciones, presuntamente ilegales, de las
personas implicadas. López Aranda ha asegurado que con este operativo
"se ha evitado que se genere una deuda a la Seguridad Social de 330.000
euros".
Javier Torre, subdelegado del Gobierno en Cádiz, ha informado de que la Inspección de Trabajo se
empleará para levantar las correspondientes actas administrativas, y
sus correspondientes sanciones, en los casos que no hubiera
responsabilidad penal.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez se ha hecho cargo de la
investigación y las correspondientes diligencias de la considerada "mayor estafa de fondos públicos en la provincia de Cádiz"
por número de implicados, según el capital Martín de la Guardia Civil,
quien ha presentado el balance de esta operación acompañado por Josefina
Galindo, de la Inpección Provincial de Trabajo, además de por el
subdelegado del Gobierno, Javier Torre; y Miguel López Aranda, de la
Tesorería General de la Seguridad Social;
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