30 de junio de 2013

Ladrones de guante blanco

Préstamo entre particulares. Sin bancos. Urgente. Seguro. Al albañil en paro Luis Ángel Oviedo le faltaron segundos para morder el señuelo de Internet. Necesitaba con apremio enviar dinero a sus padres en Colombia. Y tocó a la puerta de un crédito privado exprés. Fue el pasado año. Le dieron 2.200 euros y seis meses después ya debía 11.000. ¿Usura? “No, estafa”, zanja nervioso. Junto a él, asiente apostado en un banco del centro de Madrid el profesor de autoescuela Miguel Ángel Arriero, de 57 años. Pidió 18.000 euros, que mutaron en 40.000 medio año después. Los dos se asoman al abismo de perder sus propiedades. Y culpan de su desdicha a Antonio Arroyo Arroyo, emperador del préstamo fácil, un controvertido exsubastero que navega por un sector legal que desde 2011 concentra 413 empresas, 80 intermediarios y una sola sanción, según el Instituto Nacional de Consumo (INC).




Oviedo y Arriero cayeron en la trampa de la desesperación. Picaron en un sofisticado timo perpetrado presuntamente por una maraña empresarial dedicada desde hace una década a conceder préstamos trampa, créditos rápidos que cebaban una pelota financiera con idéntico desenlace: la pérdida de una propiedad. La policía sitúa a Arroyo en el vértice de un alambicado engranaje de sociedades. El prestamista, sin condenas firmes, está siendo investigado por más de una decena de juzgados de instrucción de Madrid. Y acumula medio centenar de denuncias en España, según el abogado de las víctimas, Carlos Javier Galán.

Bajo el señuelo del dinero exprés, el entramado de Arroyo garantiza al angustiado la cantidad rechazada antes por bancos y financieras por carecer de nómina o figurar en una lista de morosos. Exige el aval de una propiedad. Cuando se pisa la notaría, todo cambia. Se obliga a firmar unas letras de cambio que multiplican la cantidad recibida y vencen a los seis meses, según la policía. Nada que ver con el tipo del 8% prometido. Resultado: se activa la maquinaria de los intereses de demora (29%), que dispara la deuda y precipita el embargo, según la investigación.

Este fue el patrón que, presuntamente, siguió la red para apropiarse de la vivienda de un toxicómano madrileño que recurrió al prestamista en 2011 empujado por la necesidad química. Le dejaron 40.000 euros con la condición de que debía reconocer ante notario que recibía 69.000 en forma de dos letras de cambio. Desenlace: una deuda de 103.000 euros y el riesgo de que vuele un piso de 303.000. Su subasta se ha congelado hasta que los tribunales resuelvan si fue una burda estafa.

En el hermético círculo de los subasteros madrileños fue conocido como El Patadas por su vehemencia. Un respiro que no tendrá Concepción Truchado, de 61 años, que llamó al dinero exprés para ir más desahogada tras fallecer su marido. La desempleada, que no logra controlar las lágrimas, reside en casa de unos amigos. No quiere presenciar la secuencia del desahucio de su vivienda en Madrid. Dice que firmó ante notario que recibía 62.000 euros y que nunca vio el dinero. Sostiene que el intermediario salió corriendo con dos cheques al portador y un sobre en metálico tras bajar de la notaría. En su banco le dijeron: “Concepción, te han estafado”. Se arremanga ahora para el combate legal contra Arroyo, que supuestamente siempre acaba con los derechos de los préstamos que en teoría otorgan sus colaboradores. A Concepción le reclama 134.000 euros. Su situación le ha condenado a un tratamiento psiquiátrico y tranquilizantes.

Bajo el salvoconducto de presentarse como un extrabajador del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un organismo vinculado al Banco de España dedicado a garantizar la solvencia de las entidades, el jienense Arroyo, de 59 años, se subió al ascensor del éxito. En el hermético círculo de los subasteros madrileños fue conocido después como El Patadas por su vehemencia. Rozó el Olimpo a golpe de puja. Ninguna propiedad de los juzgados se resistía a este hombre frío como el acero al que no se le conocen grandes amigos y decía ante terceros que era perito mercantil. Se revestía como un tipo hecho a sí mismo y bien conectado con un adinerado inversor de Valdemoro, según una fuente que le trató en 2005 y resume así su capacidad: “Es más listo que las ratas”.

Controla la jerga del dinero como el más bravío de los ventajistas del mercado. “Si dejas una cartera encima de la mesa, se lleva la mesa y la cartera”, sentencia un exsocio. Hasta la Policía Nacional reconoce su astucia. “Es hábil, domina los engranajes financieros", añade Julio Martínez, inspector de la comisaría de Aravaca, donde el pasado año aterrizaron 14 denuncias contra el prestamista, que ha sido arrestado en tres ocasiones desde 2008 por blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos.

Fue un revoltijo de avidez y oportunidad lo que catapultó a Arroyo al oficio del dinero a tocateja. Coincidió con la generalización a partir de 2001 de la segunda hipoteca, aquella que grava un bien ya cargado. El sector navegaba entonces por la orgía inmobiliaria. El empresario, que reside en el barrio madrileño de Prosperidad, se erigió durante la fiesta en uno de los principales prestamistas de capital privado. Unos 600 créditos al mes. Levantó un entramado de una treintena de empresas que acumula ya 45 propiedades y un centenar de derechos de hipoteca en España, según el registro. Su patrimonio se completa con 150 derechos de hipotecas inscritos a su nombre.

Trazó un esquema de empresa familiar. En él figuran su hija y su actual pareja. Recurrió al capital de terceros con el señuelo de que el suyo era un negocio seguro. Siempre se ganaba. “No quiere que se paguen los créditos. Así corren los intereses de demora”, apunta un exinversor del empresario que dice estar amenazado de muerte por su entorno familiar. De intimidaciones, en este caso telefónicas, guarda una anécdota la abogada sevillana Mar Moya. “Me dijo que me iba a cortar el cuello cuando le pedí información sobre mi cliente estafado”, recuerda la letrada. Arroyo fue condenado a pagar 120 euros de multa por la letal advertencia. Entre calculados silencios, una fuente que se arma para la cruzada jurídica contra el emperador del dinero exprés define así su legado: “Ha buscado la muerte económica a miles de familias”.
El protagonista de esta historia, tras dos semanas de promesas telefónicas, ha declinado una entrevista cara a cara con EL PAÍS. El próximo día 16 no podrá fallar. Declarará como imputado por estafa en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

29 de junio de 2013

Diez detenidos por estafar a financieras engañando a personas sin recursos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a diez personas de un clan familiar que se dedicaba a estafar a financieras engañando a personas sin recursos, a los que ofrecían dinero sin necesidad de presentar ninguna garantía.

Según ha informado la policía catalana, el grupo captaba a través de anuncios en la prensa a personas que necesitaban dinero para, utilizándolas, realizar estafas a financieras, a las que solicitaron hasta 300.000 euros de créditos al consumo.

La investigación se inició el pasado enero, cuando los Mossos recibieron la denuncia de una financiera porque le habían aumentado los créditos de compra de vehículos nuevos impagados y se daba la circunstancia de que todos los créditos correspondía a una misma empresa situada en Ripollet (Barcelona).
Así, averiguaron que el clan familiar contactaba con personas que tenían problemas económicos mediante los anuncios en la prensa y les ofrecían dinero sin garantía alguna.

Una vez firmado el contrato, los estafadores proponían a las personas necesitadas un negocio que consistía en comprar un vehículo nuevo, un trámite que hacían los detenidos en nombre de la víctima, pero luego hacían un cambio de titularidad hacia una empresa fantasma creada y gestionada por el mismo clan.
Esta empresa vendía luego el coche a terceras personas que lo compraban de buena fe, mientras que la primera víctima, que había recibido de la banda la mitad del precio del coche, se quedaba sin coche y con una deuda del 100% del importe de la financiera. Una deuda que en la mayoría de los casos los engañados no pueden pagar.

Según los Mossos, los detenidos también habían hecho servir el mismo método para hacer compras de productos de electrónica y de telefonía móvil.

El cabecilla del clan, que ha cometido sus estafas en Barcelona, Lleida y Tarragona, ya contaba con antecedentes por hechos similares por lo que ya había ingresado en prisión.

La policía, que ha documentado estafas a 17 financieras, ha podido recuperar hasta ahora nueve vehículos y se ha incautado de dos armas de fuego encontradas en los domicilios de dos de los detenidos.

Los investigadores mantienen la operación abierta y no descartan nuevas detenciones. El cabecilla del clan ha ingresado en prisión y el resto de la banda ha quedado en libertad con cargos.

50 detenidos en la UE por comprar billetes de avión con tarjetas falsas

Las fuerzas de seguridad han detenido en diversos países de la Unión Europea a 50 personas, seis de ellas en España, que pretendían viajar con billetes de avión adquiridos con tarjetas de crédito falsas.
Los arrestos en España, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han efectuado en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Según la Policía, este tipo de fraude a las compañías aéreas supera los 100 millones de euros al año.
La operación se inició tras diversas reuniones llevadas a cabo en la Central de Europol en las que se decidió establecer el 27 de junio un dispositivo en dieciséis países de la Unión Europea y, en concreto, 37 aeropuertos.

Se trataba de localizar a decenas de personas que habían comprado billetes de avión a un bajo precio. Los billetes, a su vez, habían sido adquiridos en internet por otros individuos que utilizaban tarjetas de crédito falsas.

El modus operandi consistía, en primer lugar, en obtener las numeraciones de tarjetas bancarias por diversos medios, que iban desde internet hasta los envíos a través de mensajería instantánea en los que aparecían los datos de las tarjetas.

Posteriormente, utilizaban las tarjetas para las compras de billetes de avión electrónicos en diversas páginas web. Una vez comprados, eran vendidos, unas veces previo encargo y otras ofertados por los propios compradores o intermediarios.

Los billetes figuraban asociados a una identidad que podía ser real o falsa, pero que permitía a los viajeros materializar el embarque, y eran pagados en efectivo, a través de envíos de dinero o mediante transferencias bancarias, a un precio sensiblemente inferior al del mercado.

El bróker imputado por estafa a la oligarquía canaria



El bróker Giovanni Carenzio, detenido ayer por la policía italiana acusado de un delito de estafa y corrupción, tiene cuentas pendientes con la justicia española. A Carenzio se le acusa de estafar a familias de Gran Canaria y Tenerife alrededor de 20 millones de euros.

El periplo de Carenzio por Canarias es novelesco. Desde los años 80 sus visitas al archipiélago eran frecuentes y fue en uno de sus viajes cuando el bróker, de origen napolitano, conoció a una joven perteneciente a una de las familias mas adineradas de la aristocracia de Las Palmas de Gran Canaria, Dolores Molina de Aguilar, con quien se casó. La pareja se trasladó en 1992 a Nápoles, donde se codearon con la jet set italiana desempeñando numerosas obrs de mecenazgo. De regreso a Canarias, la familia se instaló en una lujosa casa de la capital grancanaria.

Carenzio, el segundo por la derecha
Sirviéndose de los contactos de su esposa con alta sociedad, el napolitano comienza a relacionarse con lo más granado de la sociedad canaria. En el archipiélago inicia una intensa vida social que le lleva a patrocinar la expedición de Álvaro Marichalar, excuñado de la infanta Elena, para cruzar el Atlántico en moto acuática. Además, en 2007 organiza una cena en la sala Alegranza del palacio de congresos del Auditorio Alfredo Kraus en honor al ex vicepresidente norteamericano Al Gore, que contó con 150 invitados, entre ellos el ahora ministro de Industria, comercio y Turismo, José Manuel Soria.

Paralelamente a esta intensa vida social, Carenzio comenzó a proponer negocios milagrosos a las familias más adineradas de su entorno. Su modus operandi era muy similar a las estafas piramidales. El supuesto bróker napolitano se ofrecía como intermediario para invertir altas sumas de dinero —hasta 300.000 euros— en negocios que consideraba seguros garantizando una ganancia de un 20% para el inversor, a quien convencía para conseguir otro socio capitalista asegurándole que seguiría ganando suculentos beneficios. Fueron muchos los que cayeron en la trampa financiera de Carenzio, la mayor parte incautos aristócratas o destacados constructores. Carenzio estaba imbricado en la alta sociedad canaria y no despertaba sospechas. La confianza en el bróker, según fuentes cercanas al caso, era tal que el napolitano llegó sellar acuerdos comerciales con sus víctimas en servilletas de papel.

En 2010 comienzan los problemas para el broker Giovanni Carenzio. Durante ese año desaparece durante un tiempo y sus familiares argumentan que se ha roto una pierna y ha salido del país para tratarse. "Por la ciudad corría el rumor de que le habían dado una paliza y le habían partido la pierna; alguien llegó a decir que le pegaron un tiro", comenta uno de sus allegados que aún no sabe qué creer.

La versión que él explicaba fue que se cayó. Sin embargo, a su vuelta, y aún renqueante, comenzó a pedir dinero para realizar más inversiones. "Regresó bastante nervioso y no dejaba de presionar para que pusiésemos nuestro dinero en sus manos", afirma un perjudicado. La pirámide se venía abajo.

Con el paso del tiempo, los inversores comenzaron a preocuparse y a no fiarse de las cada vez mas frecuentes excusas ofrecidas por Carenzio, hasta que el caso termina por estallar en 2011 cuando los socios capitalistas del napolitano, al no poder recobrar su inversión, acuden a los tribunales. Entonces Carenzio desaparece. Las prácticas del napolitano también afectan a su esposa. El magistrado titular de primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás González Marcos, dicta un auto en el que se acuerda requerir a Dolores Molina de Aguilar un total de 800.000 euros para el pago a uno de los acreedores de Carenzio.

En diciembre de 2011 se presentan las primeras denuncias por estafa y blanqueo de capitales en la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife. El juez cita al bróker italiano en enero de 2012 para declarar, pero Carenzio no comparece en el juzgado. Posteriormente la justicia Canaria abre un procedimiento penal en el que Carenzio es imputado por un presunto delito de estafa.

27 de junio de 2013

¿Quién defiende a estos desahuciados?

Es una noticia típica de la picaresca española. Nos pasamos de vueltas pensando que éramos dioses. Primero de las personas que han pensado que los bancos eran unos ladrones y han preferido meterse en camisas de once varas, con desconocidos, y por otro lado de tiburones sin escrúpulos que han abusado de personas necesitadas, pero somos dueños de nuestros actos y responsables de nuestras decisiones, para bien o para mal. Y en este caso, desgraciadamente será para mal.

Una registradora de una pequeña provincia está decidida y ha dicho basta. No todos ponen el mismo celo. También son escogidos los notarios que se prestan a hacer lo que la registradora, negándose a inscribir, va a evidenciar: en España si quien presta es un amigo, un familiar —alguien que lo hace de forma no profesional—, no hay ley que proteja al que lo recibe.

 Aprovechando ese boquete proliferan los prestamistas que, cuando el banco le cierra la puerta a alguien y apoyándose en su situación de angustia financiera, se ofrecen a prestarle y a refinanciar. Pero, eso sí, le piden las escrituras de la casa. Algunas veces de la suya y de la de sus padres.

Sin saberlo, el deudor, se mete en un pozo del que para, teóricamente, sacarle, el prestamista, que lo hundió aún más, le puede proponer hasta un segundo y un tercer préstamo, siempre respaldado por escrituras de un inmueble libre de cargas. Así hay quien, por tapar una deuda de 10.000 euros, ha perdido su casa.

La víctima ideal está angustiada y conviene que no tenga formación financiera, pero no es imprescindible. En ocasiones piden el préstamo para emprender el negocio o comprar un coche, seguros de la seguridad y la legalidad de la operación que se firma ante notario.

¿Cómo encuentra el prestamista a la víctima? En el caso de Rafael del Pozo fue en la propia sucursal del banco donde le dieron el nombre del prestamista "que estaba ayudando a muchos en la zona". En el de María del Carmen Aranda, el prestamista "no llamó al telefonillo, subió directamente a casa".

Cuando el notario ocupa su sitio

¿Qué dice, por alusiones en la historia, un notario? Que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar la intervención notarial para dar seguridad a una transacción. “En una escritura se reconoce la deuda y el compromiso de pagarla. Es el título ejecutivo que evita discutir en un juicio si era o no verdad que te deben ese dinero frente a una reclamación futura. Permite acudir al juez y que ejecute la deuda. Pero la fe pública tiene que defender a ambas partes y ser equilibradora, y cuando viene un particular a prestar dinero a otro, tenemos que hacer un control de legalidad”, indica Ignacio Navas Olóriz.

Aclara que, desde 2010 se inició una política de control de transacciones financieras más rigurosa: “Todas las sociedades deben identificar a la persona física que posea más del 25% del capital y, desde 2006, en la notaría se tienen que identificar los medios de pago: el prestamista tiene que decir de qué cuenta ha salido y a cuál ha ido el dinero, justificar el importe prestado y, para desarrollar esa actividad profesionalmente, tiene que cumplir los requisitos fijados por la ley. ¿Manera de burlarlo? Decir que el prestamista es un familiar o amigo. Por eso mismo, el notario debe cerciorarse de que no se dedica profesionalmente al préstamo, y si se da cuenta de que es una actividad habitual está obligado a hacerle el control de legalidad, exigir la inscripción en el registro, una oferta vinculante...”.

Con las escrituras en la mano, firmadas por los citados en el reportaje, no duda: deben denunciar al notario ante el colegio notarial correspondiente.
Su amarga experiencia se jalona de abogados que abandonan el caso después de dilatarlo y jueces que archivan. Mala suerte.

Israel, Dani..., son muchos los afectados a los que se lleva a la notaría con la promesa de firmar un nuevo préstamo en condiciones favorables para tapar una deuda o afrontar un pago y, tras dos horas de espera, les dan una pequeña cantidad inicial, el resto, les dicen, se lo dará la entidad financiera —de la que incluso llevan ofertas vinculantes— tras firmar unas letras de cambio.

Se trata de una hipoteca cambiaria, y estas letras se endosarán a un tercero o un cuarto para que quien, —pasados seis meses de buenas palabras y dilaciones—, ejecute y se quede con la casa no sea el mismo que captó a la víctima. "Todo el que entraba perdía la casa", explica un testigo de estas situaciones. Es difícil que se pueda saldar una deuda en seis meses cuando el dinero que se les da es solo parte de lo que necesitan, y mucho menos del que consta en la escritura, pero los intereses de demora pueden llegar al 29%.

Del Pozo, que preside una asociación para agrupar a gente en su misma situación, lo corrobora: "Directa o indirectamente alguien de la entidad financiera te pone en contacto con el prestamista. Nunca te dan todo el dinero que consta en la escritura ante notario. Además, se retiene parte como gastos, comisiones..., se impone un interés alto. Se promete la firma de un crédito futuro reunificando las deudas pero nunca llega el día de cancelar el préstamo y firmar el nuevo y, mientras, los intereses suben y suben". También es común que se falsifiquen documentos y firmas. En el caso de Rafael, cuando consiguió, tras presionar, que le dieran al fin copia de la escritura, vio que "había firmado unos pagarés con intereses de demora de 15.000 euros al año y se había metido la vivienda de mi madre".

También a Israel le falsificaron la firma, el prestamista cambió de domicilio y cuando quiso ir a pagar, antes del vencimiento la letra, se había endosado a un tercero ilocalizable. En el caso de María del Carmen, que vive en Toledo, hicieron constar que había trabajado con ellos o que su pareja vivía en Madrid cuando nunca ha sido así. "Supuestamente te prestan dinero, pero la cantidad nunca llega al banco. Yo les insistía que me refinanciaran y me decían: 'Tú tranquila, que no te pasa nada' y así pasa el tiempo hasta que vienen a por ti, a saco", explica. El primer prestamista le pasó a un segundo, y da nombres porque además la empresa opera en Toledo a plena luz del día.

En su web puede verse que tanto ayuda a embargados como busca inversores. Aparte de falsificar documentos si hace falta, también piden hipotecas sobre la casa ejecutada a nombre de un insolvente para seguir haciendo caja, pero nunca viene mal el dinero externo.

Algunas de estas sociedades operan en varias ciudades y cuentan con testaferros que dirigen a inversores que invierten en estos préstamos sin regular que acaban en el 99% de los casos en desahucio.

Los prestamistas son inclementes. Al segundo impago, ejecutan y se quedan con la casa. De eso se trata. Es un negocio seguro: prestan 10.000 euros y obtienen un inmueble que, como mínimo, puede valer 10 veces más.

La mayoría no reclama en los tribunales. En muchos casos están arruinados y destrozados anímicamente. Además, "en el procedimiento de ejecución hipotecaria el juez no puede ver el abuso", explica un testigo. El afectado no puede alegar nada ante el juez en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ejemplo, que se les pide que devuelvan unos intereses calculados sobre una cantidad que nunca recibieron. A este mundo del préstamo (fingido) no ha llegado la sentencia de Estrasburgo: no hay cláusula abusiva que alegar.
Juan Puche, otro afectado, tiene la valentía de recoger en un blog los testimonios y denuncias, y sigue el rastro, entre otros, de Antonio Arroyo Arroyo.

Carlos Galán, abogado de la Asociación de Estafados Victimas Financieras, a la que pertenecen Rafael, María del Carmen y Juan, explica que Arroyo Arroyo está imputado al menos en una decena de juzgados de Madrid por presuntos delitos de estafa. Tiene a su nombre, según el abogado, un buen número de derechos sobre hipotecas vivas y es incalculable el número de las ejecutadas o las que tiene a nombre de sociedades.

Hablamos de dinero, mucho dinero. ¿Connivencia notarial? "Es difícil de probar. Sí está clara alguna mala praxis y algunos, tras declarar en procedimientos de estafa, siguen actuando igual", explica Galán.

En opinión del abogado del bufete Alberche, sería clave que el Ministerio Fiscal entendiera que son tramas organizadas que actúan en toda España. "Muchos jueces de lo Penal archivan las querellas porque consideran que es una mera irregularidad administrativa que el prestamista no esté dado de alta en el registro obligatorio y, por cierto, inoperante, desde 2009", aclara el abogado.

Los jueces dan por hecho la validez del reconocimiento de deuda, la escritura firmada ante notario con una cantidad que, en realidad, nunca reciben. Sí ha habido una ocasión, en Alicante, en que un juez marcó el camino: que sea el prestamista el que demuestre que ha pagado realmente esa cantidad y no al revés. Su sentencia es una gota de agua en un mar de desdichas.

Volvamos al principio: la registradora de que hablamos (en realidad no es la única que ha actuado así) tiene en sus manos la escritura hipotecaria, ha cruzado datos y descubierto que la misma persona ha dado 38 hipotecas más, lo que equivale a descartarla como particular y considerar que se dedica profesionalmente a ese negocio. Algo que no parece haberle llamado la atención al notario, el mismo en las 38 ocasiones.

¿Cuál es la diferencia entre profesional y particular? Que estos pueden usar el procedimiento de ejecución hipotecaria sin someterse a ningún control previo ni negociación posterior. Mientras que, si se tratase de un profesional, además de estar inscritos en el registro del Instituto de Consumo, deben contar con un seguro de responsabilidad por si cometen irregularidades presentar ofertas vinculantes..., desde que en 2009 se reguló el préstamo por entidades distintas de la banca y cajas. (Que, por cierto, es otro capítulo que Adicae ha documentado).

Uno de los registradores que denuncia esta situación propone que se vuelva a la situación anterior a la de la aprobación de la Ley de Ejecución Hipotecaria, cuando solo estaban facultadas las entidades de crédito para determinar la deuda y no como ahora, que puede hacerlo el acreedor.

Hoy por hoy, estos morosos destapan una situación en la que parece que ni Hacienda controla, ni Economía y Justicia dictan normas de protección, ni Consumo interviene, ni los jueces, salvo excepciones, dan amparo.

Desmantelada una red que estafaba a personas que no podían pagar la hipotec

Aunque esto podia ser normal en la década de los 2000, hoy en dia la sociedad ya no tolero este tipo de fraudes y engaños.

Abogados, funcionarios judiciales, procuradores, administradores de empresas y subasteros, 35 en total, han sido detenidos o imputados por la Guardia Civil por haberse puesto de acuerdo para aprovecharse de personas que no podían acabar de pagar sus hipotecas y quedarse las casas en subasta pública a bajo precio. El Grupo de Delitos Económicos de Girona ha desmantelado una red que operaba en las provincias de Girona y Barcelona. En total han detenido a 3 personas e imputado a otras 32 por diferentes delitos, como estafa, falsedad documental y alteración del precio concurso público. En total calculan que hay 13 víctimas y una decena de propiedades afectadas.

Esta operación, que se inició en el 2009, se ha hecho en dos fases. En la primera, los investigadores descubrieron que empleados de Cajamadrid, ahora Bankia, y del Banco Popular, utilizando información privilegiada y escondiéndose tras empresas que controlaban, adquirían viviendas, dos de ellas de lujo, a las que les quedaba muy poca hipoteca, pero que por culpa de la crisis sus dueños no le podían hacer frente. Después, cedían o revendían la deuda hipotecaria o crédito a un precio más elevado a un subastero, lo que les permitía obtener un beneficio.

En la segunda fase, la operación se centró en la figura de los subasteros, principalmente de la provincia de Barcelona. Los agentes descubrieron que, con uno de ellos como cabecilla, un grupo de una quincena se habían puesto en connivencia para llevarse las casas con el precio más bajo posible. Pero no actuaban solos, su conspiración era posible gracias a abogados, procuradores y a los avisos de funcionarios judiciales, que retiraban o escondían las casas interesantes de los tablones de anuncios de los juzgados, para evitar que los subasteros que no formaban parte de la trama las localizaran.

El subastero, incrementaba la deuda a los propietarios de las casas escogidas, y como no podían pagar, las casas iban a subasta

El subastero, incrementaba la deuda a los propietarios de las casas escogidas, y como no podían pagar, las casas iban a subasta. Entre ellos pactaban que ninguno pujara, por lo que se adjudicaban la casa el mismo que la subastaba y luego la revendía a un precio más elevado del que se la habían adquirido al banco. Finalizada cada operación, se daba una comisión a los demás de la trama.

El subteniente, Jose Antonio Fernández Roig ha explicado como en una de las intervenciones constataron el engaño al que se sometió a una pareja de avanzada edad de Girona, a la cual, aprovechando su precaria situación económica y anímica, se pretendía desposeer de su vivienda. En este caso, dos subasteros de Girona y Barcelona, junto con un procurador y un abogado, se pusieron en contacto con el matrimonio que debía 13.000 de los 400.000 euros de la hipoteca de su casa y les dijeron que ellos se quedarían la vivienda y se la venderían por una cantidad menor. Evidentemente, la actuación no iba en favor del matrimonio, al que pretendían dejar en la calle, “pero llegamos a tiempo y conseguimos vía judicial anular tanto la subasta como el lanzamiento”, ha indicado el subteniente.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Blanes, se ha saldado con 3 detenidos, todos ellos de Girona, y 32 imputados entre los que hay 4 empleados de banca, 4 abogados, un funcionario judicial, y 2 administradores de empresas y un procurador, además de subasteros.

25 de junio de 2013

La Guardia Civil desbarata una trama que defraudó 100 millones de IVA de gasolina

Josep M. Torrens, director general de la compañía de gasolineras Petromiralles, ha sido detenido esta mañana en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una trama que supuestamente se dedicaba a defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, según han informado fuentes de la investigación. 
 
Petromiralles, controlada al 50% por los hermanos Josep Maria y Pere Torrens, está acusada no solo de fraude en el IVA sino también de aprovecharse de esta situación para ofrecer precios más baratos que la competencia. El detenido es también alcalde de Santa Maria de Miralles (CiU), población de 133 habitantes del Anoia donde está la sede de la compañía de gasolineras. 


La red supuestamente creaba empresas pantalla para no pagar el IVA, lo que según fuentes de la investigación habrían permitido defraudar millones de euros. La operación, que sigue abierta, incluye registros en Barcelona, L'Hospitalet, Sitges, Castelldefels, además de en Madrid y Andalucía. Las mismas fuentes prevén que se produzcan una decena de detenciones.

El ejecutivo es, además, alcalde de CiU en el pequeño municipio barcelonés de Santa Maria de Miralles (unos 130 vecinos). La compañía, que ha declinado hacer ningún comentario y ha remitido a un posterior comunicado de prensa, fue fundada en 1967 a partir de una pequeña gasolinera del citado municipio. En 1995 se constituyó Petromiralles para la gestión de estaciones de servicio y también a la distribución de combustibles a domicilio. En 2002 se estableció como operador petrolífero a través de Petromiralles 3. La dirección del holding la ostentan colegiadamente los hermanos Torrens Ferrer,  siendo Josep Maria Torrens Ferrer el director general y Pere Torrens Ferrer el director logístico, según la compaña. Ambos están entre los arrestados.

Petromiralles está hoy entre las diez empresas de combustibles y carburantes más potentes del sector en España, según el diario Cinco Días, que señala que esta compañía familiar acapara el 8% de la cuota del mercado nacional de distribución de carburantes, por delante de empresas como Chevron España (adquirida por Cepsa), Shell España o Kuwait Petroleum. Dispone de 62 estaciones de servicio, 17 de las cuales son propias y 45 colaboradoras, en 15 comunidades autónomas

La trama investigada está presuntamente acusada de crear estructuras financieras con el objetivo de defraudar el IVA en sus transacciones. Entre las empresas implicadas se encontraría la compañía petrolera Petromiralles, según esas mismas fuentes, y otras compañías del sector.

Fuentes de la investigación han explicado que los sospechosos se dedicaban a vender grandes cantidades de hidrocarburos a precios más baratos que otros competidores, dado que las empresas defraudadoras escamoteaban el pago del IVA. Su forma de actuación consistía en importar grandes cantidades de hidrocarburos a través de un broker internacional y, cuando el combustible llegaba a un puerto español, era vendido allí mismo a empresas pantalla creadas por los cerebros de la organización. Esas firmas tapadera abogaban aparentemente el 21% del IVA y sacaban al exterior la mercancía, que posteriormente era vendida en las gasolineras del entramado. Con este truco, los implicados se embolsaban el dinero abonado de forma ficticia al Estado y vendían el combustible más barato. El truco fue descubierto por Hacienda hace un año y medio, al detectar esas irregularidades, y puso en marcha a la UCO de la Guardia Civil.   

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lleva el caso, en el que se atribuye a los implicados un delito de pertenencia a organización criminal, delito fiscal,maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juzgado va a nombrar un interventor judicial para garantizar los empleos de los numerosos trabajadores vinculados a la firma Petromiralles, según fuentes de la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes califican de "muy importantes" las pesquisas y sostienen que tienen más envergadura que la Operación Bashnya (torre,en ruso) culminada en 2012, que dejó al descubierto la existencia de una trama especializada en crear empresas para comercializar hidrocarburos y hacer presuntamente declaraciones falsas del IVA soportado por estas para no realizar los pagos de este impuesto correspondientes a los ingresos por las ventas. Así, la organización conseguía ofertar a los pequeños distribuidores precios sin competencia que le habían permitido empezar a acaparar una parte importante del mercado en Cataluña, Galicia y el centro de la Península. Esta organización disponía, incluso, de un petrolero de bandera liberiana y estaba en proceso de adquisición de gasolineras en España.

La oferta turística falsa, estafa estrella de este verano

Los cibercriminales conocen de sobra los picos de consumo que se producen a lo largo del año y ahora que el verano está aquí y los días libres asoman la cabeza, camuflan sus campañas de spam con contenidos relacionadas con las vacaciones. Hay ganchos y vías específicas que utilizan los atacantes, pero también pequeñas pautas para evitar caer en la trampa.

Dos de las amenazas permanentemente repetidas a la hora de realizar compras online en estas fechas son las ofertas falsas y precios ridículos y las facturas y confirmaciones de entrega falsas.

Por ejemplo, en estas fechas abundan las oleadas de correos electrónicos cargados de spam que ofrecen artículos de lujo, paquetes de vacaciones, descuentos hoteleros, vuelos baratos  y todo tipo de gangas a precios irrisorios. Los enlaces redirigen a sitios infectados con malware o a falsas tiendas online capaces de robar los datos personales del comprador. Las víctimas esperarán en vano los artículos comprados.
Otra estrategia habitual es el envío de correos electrónicos aludiendo a modificaciones en las fechas de reparto de los pedidos, fallidos intentos de entrega o facturas pendientes de cobro. Los correos están diseñados para parecer reales y contienen archivos maliciosos o enlaces a facturas falsas remitidas por falsos servicios de atención al cliente.

Si la víctima hace clic en el enlace o el adjunto, infectará automáticamente el PC, habitualmente con programas espía capaces de capturar contraseñas y datos personales.

Consejos de seguridad

Por supuesto, además de contar con un equipo protegido contra software malicioso, la prevención también juega un papel fundamental a la hora de evitar la ejecución de un virus u ofrecer datos sensibles en páginas falsas. Estas son, según la compañía G Data, algunas de las pautas más importantes a la hora de evitar ser víctima de uno de estos fraudes:

Analiza la tienda online: Si el sitio web donde vas a comprar no te da confianza o te genera sospechas, consulta en la propia red, en foros y páginas similares, los comentarios acerca de su reputación. Y antes de decidirte a comprar echa un vistazo a la página de "términos y condiciones de compra", las obligaciones legales, los gastos de envío o posibles costes extras.

Busca los signos de confianza: Durante el proceso de pago, los internautas deberían prestar atención a las notificaciones de seguridad de sus navegadores para tener garantías de que la transmisión de datos se realiza de forma cifrada. Signos visibles como el candado en la barra de dirección o la abreviación 'https' nos dan pistas de que el proceso es, al menos aparentemente, es seguro.

El spam, directo a la papelera de reciclaje: Idealmente, el correo basura debería borrarse sin ni siquiera haber sido abierto. Los internautas no deberían nunca ejecutar los archivos adjuntos ni hacer clic en los enlaces pegados en el cuerpo del mensaje. Las direcciones a tiendas online, banca o servicios de pago deben escribirse en el navegador de forma manual, evitando llegar a esos websites mediantes enlaces pegados en correos electrónicos

Cierra brechas de seguridad: El sistema operativo y los programas y aplicaciones instalados deberían estar siempre actualizados y los parches incorporadas tan pronto como estuvieran disponibles. Esta regla se puede extender de manera literal al uso que hagamos de tabletas y smartphones.

Banca online segura: Cuando usas banca online, deberías asegurarte de que usas un sistema de doble autenticación. Algunos programas ofrecen una protección adicional contra troyanos bancarios conocidos o desconocidos.

Usa una sola tarjeta de crédito: Aunque se tenga varias tarjetas de crédito o débito, es recomendable no utilizarlas todas cuando se realizan compras online. Selecciona solo una. De esta forma no estarás exponiendo datos de rodas tus tarjetas, podrás monitorizar fácilmente sus movimientos y, en caso de estafa, solo tendrás que preocuparte de anular la tarjeta comprometida.

Usa contraseñas seguras: Especialmente en los servicios relacionados con banca y compras online. En estos casos debemos hacer caso de las recomendaciones y usar una combinación de mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Y, por supuesto, utilizar una contraseña distinta para cada uno de estos servicios vinculados al comercio electrónico.

24 de junio de 2013

Que esconde el Ejército ?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene una patata caliente sobre la mesa. Una juez militar, la titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para pedirle amparo ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la juez, “afectan gravísimamente” a su independencia.

Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más obligados están a colaborar al éxito de la investigación: el coronel jefe del acuartelamiento de la agrupación de la base aérea de Getafe  (Madrid), el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el Asesor Jurídico General de Defensa y el Tribunal Militar Central. Este último, al que correspondería amparar a la juez, le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave que, más allá de la sanción económica —hasta 20 días de suspensión de sueldo—, puede acabar con su carrera profesional.

El coronel Vicente Serrano Mateos durante el homenaje a los legionarios

La falta imputada a la juez consistiría en no haber avisado con suficiente antelación al coronel jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR Getafe), Vicente Serrano Mateos,  de su decisión de proceder a un registro e inspección ocular de algunas de sus dependencias, en el curso de un sumario, declarado secreto, en el que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos o falsedad documental. Es decir, que el juez instructor de una causa declarada secreta tendría la obligación de alertar de un registro al responsable del organismo sobre el que recaen las sospechas de corrupción.
Según la documentación que obra en manos del Consejo, la juez se personó en dos ocasiones en la base aérea de Getafe, el 3 y el 12 de junio, al frente de una comisión judicial y con una orden de entrada y registro que afectaba al acuartelamiento de la agrupación y a la Sección Económica Administrativa (SEA). Aunque había avisado de su llegada —a través del asesor jurídico del Mando General del Aire (MAGEN)—, primero se le impidió el acceso; y luego, se le conminó por parte del coronel para que le revelase sus propósitos.

Según el escrito elevado al CGPJ por la juez, el coronel la retuvo en un despacho, en contra de su voluntad, y no le permitió salir hasta que le dijo a dónde iba y qué buscaba. “Me sentí absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer”, alega la instructora.

Finalmente, se practicó el registro, que se prolongó casi cuatro horas y continuó a la mañana siguiente. La juez decidió regresar el 12 de junio tras comprobar que faltaban por inspeccionar algunas dependencias.
Pero el desarrollo de la investigación se ha visto condicionado por las secuelas del roce entre el coronel y la juez. La segunda decidió, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, denunciar al mando por obstrucción a la justicia, pero el juzgado togado militar central optó por archivar la denuncia de un plumazo, sin instrucción alguna.

Por el contrario, la queja del coronel llegó al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, quien consultó con el Asesor Jurídico General de Defensa, que la trasladó al Tribunal Militar Central. Con la misma celeridad con que se archivó la denuncia de la juez contra el coronel, se le abrió expediente disciplinario a ella, sin ninguna indagación previa.

El expediente se basa en que el artículo 185 de la Ley Procesal Militar dice que, “para la entrada y registro” en instalaciones militares, “debe preceder aviso” al jefe de la misma, “a fin de que preste el debido auxilio”, salvo cuando dicho jefe esté imputado o “cuando la investigación de los hechos no lo permita”.

La juez aduce que la ley no especifica con cuánta antelación debe avisarse —ella lo hizo al llegar a la base— y que el secreto sumarial le impedía informar al coronel. La práctica de un registro, argumenta en su escrito, no puede condicionarse “al visto bueno del jefe de la unidad”. Su mayor temor es que se consagre a partir de ahora una doctrina de aplicación en las Fuerzas Armadas: “Un mando militar podrá obstaculizar la intervención del juez y la consecuencias será que se le abre expediente al juez y que el mando militar tendrá todo el respaldo de las Autoridades de Defensa”.

22 de junio de 2013

Golpe al contrabando de tabaco

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido el pasado viernes, en el polígono industrial de Coslada (Madrid), la primera fábrica ilegal de cigarrillos detectada en España. De haber llegado a operar, dado que la actuación de la Agencia Tributaria se produjo en una fase inicial de la cadena de producción, la fábrica hubiese tenido capacidad para elaborar hasta 1,5 millones de cajetillas de tabaco al mes. En la denominada operación ‘Jaula’, Vigilancia Aduanera ha procedido a la intervención de 16.500 kilos de picadura de tabaco que iba a ser empleado como materia prima y varias máquinas y herramientas utilizadas para la fabricación ilegal de cigarrillos. La actuación ha llevado también a la detención de seis personas, que ya han pasado a disposición judicial acusados de un presunto delito de contrabando.



 La operación ‘Jaula’, presentada esta mañana por la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, se inició con la investigación efectuada sobre una nave situada en un polígono industrial próximo a Guadalajara. De acuerdo con esas investigaciones preliminares, se consideraba que dicha nave podría haber albergado con anterioridad una fábrica ilegal de cigarrillos con destino al mercado de contrabando español, actividad ilegal que, aparentemente, ya se había abandonado.
A partir de ese momento se somete a vigilancia e investigación a los usuarios de la nave de Guadalajara sin detectar actividades ilícitas hasta que, finalmente, se descubre la instalación ilegal situada en el polígono de Coslada (Madrid), donde, presumiblemente, este grupo criminal organizado iba a iniciar de nuevo la fabricación ilegal de cigarrillos.

Tres contenedores al mes de tabaco ilegal

La capacidad de una línea media de fabricación ilegal de tabaco como la detectada en Coslada es de unas 500.000 cajetillas cada 10 días de producción. De esta manera, cada mes la nave de Coslada podría llegar a fabricar 1,5 millones de cajetillas, equivalentes a tres contenedores de 40 pies completamente cargados de cigarrillos.

La celeridad en la intervención de los agentes de Vigilancia Aduanera ha permitido desmantelar la factoría en una fase inicial de la fabricación. En la nave de Coslada se han intervenido un total 16.500 kilos de picadura de tabaco apta para elaborar cigarrillos rubios del tipo ‘American Blend’, tres máquinas y diversos utensilios y herramientas utilizados para la fabricación ilícita de cigarrillos. Además, en la nave de Guadalajara se ha intervenido una pequeña cantidad de cigarrillos falsificados que podrían haber sido producidos por la organización y que estaban listos para su distribución.

El valor de los 16.500 kilos de picadura de tabaco intervenida se estima en más de 2 millones de euros, y con esa cantidad podrían haberse elaborado más de un millón de cajetillas de tabaco, el equivalente a dos contenedores cargados de cigarrillos. El fraude evitado a la Hacienda Pública con esta intervención supera los 3 millones de euros, teniendo en cuenta únicamente el tabaco intervenido y no la eventual fabricación futura.

Conexión con países del Este

También como resultado de la operación ‘Jaula’, en la que han intervenido agentes de Vigilancia Aduanera de la Subdirección General de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, y las Unidades Regionales Operativas de Madrid y Castilla-La Mancha, se ha procedido a la detención de seis personas: un español, un ucraniano, y cuatro polacos. Todos ellos han sido puestos ya a disposición judicial acusados de un presunto delito de contrabando por tenencia y producción ilegal de labores del tabaco.

Medio centenar de fábricas detectadas en Europa

Es la primera vez que en España se detecta e interviene una instalación ilegal de este tipo con la maquinaria y materia prima necesaria para producir cigarrillos. Por las investigaciones realizadas en el marco europeo se entiende que el fenómeno de la fabricación ilegal de cigarrillos venía afectando especialmente a otros Estados miembros y países del entorno de la Unión Europea. De hecho, desde 2004 se han desmantelado 54 factorías ilegales de tabaco en la UE, principalmente localizadas en países del Norte y Este de Europa como Polonia, Países Bálticos, República Checa y Alemania, entre otros. Fuera de la Unión, la mayor parte de las instalaciones ilegales fueron localizadas en Rusia y Ucrania. Durante 2013 se han desmantelado, el pasado mes de mayo, dos factorías ilegales en la Unión Europea, una en Lituania y otra en Holanda.

Las fábricas ilegales se instalan cerca de los grandes núcleos de población o zonas de mayor consumo de tabaco falsificado o de contrabando. Producen durante periodos cortos de tiempo de una manera intensiva y cambian de emplazamiento con facilidad para evitar ser detectadas. En este sentido, las organizaciones delictivas aprovechan el reducido espacio que requiere esta maquinaria para su emplazamiento, como prueba el tamaño de la nave detectada en Coslada. En numerosas ocasiones, la misma maquinaria se mueve por diferentes países con esta misma finalidad de evitar su detección.

La fabricación ilegal de cigarrillos es un problema internacional que afecta a la mayor parte de los países de la Unión Europea y que supone una porción importante del comercio ilícito de estos productos, junto con las falsificaciones de cigarrillos procedentes de países asiáticos y el contrabando tradicional de los mismos. La operación ‘Jaula’ forma parte de las medidas de control implantadas por la Agencia Tributaria encaminadas a la lucha contra el contrabando de tabaco.

Una madre de alquiler estafa a una pareja de homosexuales y vende su hijo a otros

Una mujer que estuvo embarazada de uno de los miembros de una pareja de homosexuales que la había contratado para la gestación, ha sido acusada y encarcelada por estafa, entre otros delitos, al haber vendido al niño tras su nacimiento a otra familia, informa hoy Le Parisien.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Orleans (centro de Francia) celebró una audiencia a puerta cerrada el pasado jueves y decidió rechazar la demanda de puesta en libertad de Aurore, de 34 años y madre de cuatro hijos, de condición modesta y que está en prisión desde el pasado día 7.

Ese día fue arrestada por la policía judicial de Orleans e imputada en el marco de una investigación judicial abierta por estafa y provocación al abandono de un niño al que había dado a luz a comienzos de marzo en una clínica de Blois.

La mujer, que había puesto un anuncio en un sitio especializado el 21 de junio del año pasado, había acordado con una pareja de homosexuales de Toulouse que se quedaría embarazada por inseminación artificial de uno de ellos y les entregaría al niño por 15.000 euros.

Tras recibir 9.000 euros de anticipo, les hizo creer que el bebé había nacido muerto, les prometió una nueva tentativa y paralelamente vendió al niño a otra pareja.

Sin embargo, los homosexuales de Toulouse no se creyeron su versión y la denunciaron, al tiempo que la clínica de Blois, que también sospechaba del comportamiento de la mujer, alertó a la Fiscalía.

El abogado de la inculpada, Benjamin Girard, aseguró en unas declaraciones publicadas por Le Parisien que su clienta está "carcomida por los remordimientos" y reconoce haber mentido a la pareja de Toulouse.

"Está superada por los acontecimientos y quiere explicarse sobre el conjunto de los elementos que le han llevado a actuar así", señaló Girard, que relató que en 2008 Aurore se había quedado embarazada sin quererlo y acabó cediendo el hijo a una familia a la que conocía.

La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping

Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado de Masterchef, el concurso que arrasa en TVE-1 cada noche del martes, llamó y concertó un encuentro con Malka Maman, la ciudadana israelí miembro de la trama internacional de blanqueo y evasión fiscal descubierta en la Operación Emperador contra la mafia china. Después fue su marido, el enólogo y consejero de las Bodegas del Marqués de Riscal Pedro Aznar Escudero, el que quedó con esa mujer —actualmente encarcelada por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales— en una cafetería de la madrileña calle Orense.



La policía, que grabó las conversaciones de ambos con Malka y fotografió la cita del esposo de Samantha con esta, cree que, en esa reunión, la pareja pudo recibir de la red 55.000 euros en efectivo no declarados a Hacienda. La cocinera, sin embargo, ha asegurado a EL PAÍS que Maman le había encargado un catering de comida kosher para una fiesta judía con 200 invitados y disc-jockey, que todas las conversaciones se ciñeron al presupuesto de ese encargo —supuestamente, esos 55.000 euros— y que después, jamás se volvieron a ver. Las negociaciones sobre el catering, según Vallejo-Nágera, no prosperaron.

Malka Maman era el enlace español de una trama dirigida por el belga François Leiser, joyero involucrado desde los años setenta en operaciones de evasión fiscal y exportaciones prohibidas de oro a Suiza, un viejo conocido de las policías europeas. En el sumario de la Operación Emperador aparece como el jefe de una especie de multinacional dedicada a facilitar que empresarios, aristócratas y profesionales europeos con cuentas millonarias en paraísos fiscales no paguen en su país los impuestos que les corresponderían. Al menos 45 empresarios españoles aparecen en los informes de la policía como clientes de su red en España; entre ellos, Vallejo-Nágera y su marido.

El esposo de Samantha Vallejo-Nágera, Pedro Aznar Escudero, con la cabecilla de la trama de blanqueo Malka Maman en una imagen obtenida por la policía.


¿Cómo funciona la trama? Ayudando a los acaudalados españoles a sacar dinero de sus cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales sin pasar por Hacienda. Si el millonario necesita 100.000 euros, Leiser se lo entrega en mano a través de sus subordinados, en su propio domicilio o en alguna cafetería u hotel de lujo, en sobres o bolsas llenos de billetes pequeños y manejables. Para que el sistema funcione, Leiser necesita también otro tipo de clientes: los que tienen dinero en efectivo en España y lo que desean es lo contrario: sacarlo del país sin pagar impuestos. Este es el lazo de la trama de blanqueo con la mafia de Gao Ping. Esta manejaba ingentes cantidades de billetes —procedentes del contrabando y la venta en bazares—, que entregaba a la red de Leiser y Maman a cambio de recibir ese mismo importe en sus cuentas de China u otros países. Los clientes españoles de Leiser, antes de recibir sus fajos, realizaban la transferencia al país y banco que el belga indicaba. El círculo de evasión quedaba cerrado.
La relación de la cocinera de Masterchef con la red de blanqueo aparece en los informes policiales del sumario del caso Emperador. En estos se refleja cómo el 24 del mayo del año pasado, Malka intentó ponerse en contacto con Samantha pero no tuvo éxito. El objetivo era entregarle “55” (que los agentes interpretan como 55.000 euros de acuerdo a otras transacciones), según una conversación que mantuvo la israelí con su jefe, Leiser, actualmente en busca y captura por la Audiencia Nacional. “Malka le informa [a Leiser] de que llamó a la señora ayer y hoy para los 55”, indica el informe policial. Ese día no consiguió hablar con ella.


Los agentes sospechan que la chef  pudo pedir a la red la entrega de 55.000 euros en efectivo
Samantha devuelve la llamada a Malka a la una y diez del 25 de mayo. Le dice que llama “de parte de Arturo”. Arturo es uno de los intermediarios más importantes de la red de blanqueo. La supuesta identidad de este último fue revelada la pasada semana durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por el empresario Antonio Banús, al que también se atribuye el haberse servido de la red para obtener parte de sus fondos guardados en el extranjero sin pagar impuestos.

Se trataría, según Banús, de Arturo Fasana, un gestor de patrimonios que administraba en Suiza un grupo de cuentas bancarias propiedad de decenas de españoles. Entre ellos estaban el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y empresarios como Fernando Martín, el promotor inmobiliario de la quebrada Martinsa-Fadesa. Samantha, sin embargo, asegura que el Arturo al que ella se refería no es Fasana, sino otro cliente suyo que la puso en contacto con Malka para organizar la fiesta judía. Las referencias a “Arturo” de Leiser y Maman como la persona que suministraba clientes españoles son constantes a lo largo de sus conversaciones.
En esa llamada del 25 de mayo Samantha advierte a Malka de que no podrá ir al encuentro que tienen previsto ese mismo día porque se encuentra “en Ibiza”. “Pero mi marido está en Madrid y lo va a coger mi marido”, dice la cocinera en la conversación grabada por los agentes. Malka propone que la cita se produzca ese mismo día por la tarde. “Vale”, responde Samantha. “Ahora te llama mi marido, que se llama Pedro Aznar”, añade. Una hora larga después de esa breve conversación, Malka vuelve a telefonear a François Leiser y le informa de que ya había conseguido hablar con la cocinera. En otra posterior y cuatro horas después le dice que “en breve” iba a tener el encuentro.


La fiesta, que Samantha no organizó, incluía mobiliario, 'disc-jockey' y comida para 200 personas, según la cocinera

El siguiente contacto se produce a las siete menos cuarto de ese día. Es Pedro Aznar, el esposo de Samantha, el que llama a Malka. Sopesan quedar en unos grandes almacenes de la Castellana, en Madrid, pero luego deciden que se verán será una cafetería de la cercana calle Orense en una hora, a las ocho menos cuarto. Ambos bromean sobre la cercanía de sus domicilios, cerca de Cuatro Caminos. “Entonces, ¿son 55, no?”, pregunta Malka a Aznar para asegurarse de la cantidad. Este responde que sí.

Ambos se encuentran a la hora pactada en la cafetería. No se dan cuenta de que, en todo momento, dos agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la policía les vigilan. Toman fotos de Malka y Pedro Aznar dirigiéndose a la moto de este último. Pasado un cuarto de hora, el esposo de Samantha abandona el lugar en su vehículo y se marcha a su casa. La policía lo sigue discretamente hasta allí.

Nada más separarse, cuando faltan escasos minutos para las ocho de la tarde, Malka vuelve a llamar al número suizo de François Leiser. Le informa de que ya se ha reunido con Pedro Aznar, “ese amigo de Arturo”, dice, refiriéndose de nuevo al intermediario. La conversación se mantiene en el idioma de ambos, el hebreo. Malka le cuenta como curiosidad que esa persona —Aznar Escudero, el esposo de Samantha, una de las estrellas televisivas del momento— vive a pocos metros de su casa.

21 de junio de 2013

La agencia de viajes Sami estafa a medio centenar de clientes

Llegaron al aeropuerto de Gran Canaria para viajar a la República Dominicana y allí se enteraron de que los billetes que poseían no existían. Esa es la historia de una familia dominicana residente en Vecindario y que ayer se repitió en casi medio centenar de ocasiones. Son los clientes de la Agencia de Viajes Sami, instalada en el Paseo de Los Artesanos del municipio de Santa Lucía de Tirajana, que presuntamente ha estafado a numerosos clientes con billetes falsos a destinos como Cuba, Miami, República Dominicana o Colombia. Una treintena de afectados ha interpuesto su denuncia en la Guardia Civil, otra veintena han sido remitidos a que se adhieran a aquellas en el juzgado, y también hay estafados en la Península.

En el cuartel de Vecindario se agolparon durante el día ayer numerosos perjudicados por esta presunta estafa. Al menos 27, según confirmaron fuentes del Instituto Armado, que agregaron que, con toda probabilidad, en los próximos días esperan que este número aumente. Allí interponían su denuncia porque se habían visto tirados en el aeropuerto cuando pretendían irse de vacaciones o regresar a su país de origen. Pero no era el único lugar. También se habían recibido en comisarías de Fuengirola (Málaga) y Almería, entre otras ciudades de la Península. A otras 20 se les derivó al juzgado.

Según indicó una profesional del sector de las agencias de viaje en el sureste de Gran Canaria, que prefirió mantener el anonimato, durante toda la tarde de ayer recibieron a cerca de una decena de damnificados que acudía para comprobar si podía encontrar una solución. "Hay casos dramáticos", apuntó esta persona, refiriéndose a una familia de cuatro miembros de la República Dominicana que, después de diez años, ayer tenía pensado regresar a su país de origen. Sin embargo, cuando llegaron al Aeropuerto de Gran Canaria se encontraron con que sus billetes de avión no existían y, por lo tanto, no podían volar. O el de una mujer y su hija, que pretendían volar hasta Miami. "Vinieron a ver si les podía conseguir un billete, pero claro, los precios no bajaban de 2.000 euros por persona", explicó.

Estos perjudicados, cuando ayer se presentaron en las oficinas de la agencia, situada en el paseo de Los Artesanos número 8, se encontraron con que estaba cerrada y que no le daban explicación alguna de lo ocurrido. Por ello, acudieron al cuartel de la Guardia Civil en Vecindario para interponer la respectiva denuncia por supuesta estafa.

Billetes a 690 euros

El gancho que tenía la Agencia de Viaje Sami, según explicó esta profesional, consistía supuestamente en suculentas ofertas de vuelos a América. "Ellos vendían billetes a 690 euros cuando lo normal en otras agencias es que cueste más de mil", dijo. Asimismo, comentó que aquellos que pagaron con tarjeta tienen posibilidades de recuperar el coste de los pasajes. No ocurre lo mismo con los que decidieron hacerlo en efectivo, que, según esta trabajadora, tendrán más difícil volver a ver el dinero.

Las fuentes consultadas indicaron que la gran mayoría de los afectados son inmigrantes que residen en el sureste de la Isla que viajan a sus países, sobre todo ciudadanos de nacionalidad cubana.

Sobre la cuantía total de la presunta estafa, las fuentes de la Benemérita consultadas aseguraron que se desconocía hasta el momento, pero otras fuentes precisaron que el montante será importante ya que se prevé que el número de denuncias supere el medio centenar ya que algunos clientes desconocen aún lo ocurrido.

Uno de los dos empleados de la agencia de Viajes Sami, situada en el paseo de los Artesanos, en Vecindario, cuyo nombre de pila es Fernando, aseguró a este periódico que fue el primero en denunciar a la empresa por las irregularidades que descubrió, al tiempo que responsabiliza de todo lo ocurrido al gerente de la agencia, Miguel Ángel López González. Asimismo, destacó su preocupación por haber recibido amenazas de clientes.

"Yo fui el primero en denunciar a la agencia, el pasado miércoles por la noche, cuando veía claro que existían irregularidades. Soy un agente de viajes, un asesor y quien da la cara al público. El responsable es el gerente porque es el que hacía las gestiones con el dinero. Tengo testigos y clientes que lo pueden demostrar", declaró.

Al mismo tiempo, Fernando resaltó: "He recibido amenazas, cuando yo sólo era un empleado. Miguel [gerente] pasaba casi a diario por la agencia. Era el que hacía las gestiones con el dinero al ser el titular de la cuenta bancaria. También era el que estaba al frente del negocio".

Por su parte, el gerente Miguel Ángel López González, que respondió a la llamada telefónica de este periódico, optó por no hacer declaraciones sobre lo ocurrido. "Lo siento, no puedo contestarte. Estoy con el abogado y vengo de declarar ante la Guardia Civil porque me citaron. Estoy en un estado de nervios y de tensión que puedo no hablar correctamente. En otra ocasión te puedo atender".

De otro lado, fuentes familiares de la trabajadora del local, conocida como Santi, aseguraron que ella "está muy afectada anímicamente y dolida por todos los perjudicados". "Ella es honrada. Sabía que la cosa iba mal, pero confiaba en que todo saliera a flote. Por asesoramiento del abogado, será a partir de la próxima semana cuando ella dará la cara y toda la información que tiene. Lleva 21 años trabajando en el sector", agregaron las mismas fuentes.

El propietario del local en el que está la agencia manifestó sobre ella: "Es muy seria y responsable".

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