26 de junio de 2012

El fraude carrusel (que no es un tiovivo)

Un caso próximo a juicio. La Fiscalía cifra en 5 millones y medio de euros el presunto fraude fiscal descubierto en la investigación contra Ángel Suárez Ramilo, responsable del que fue el mayor concesionario de motocicletas de Galicia, Moto Pasión Vigo (Mopavi), empresa que anunció su cierre en 2011 aduciendo "causas económicas y productivas" tras 24 años en activo. El empresario se sentará en el banquillo junto a José Antonio Gómez Souto –quien fue administrador de Bike&Price S.L., ubicada en Mos y según el fiscal bajo la "dirección real" de Ángel Suárez– y también junto a un supuesto cooperador considerado "hombre de paja", Miguel Ángel Ferrer Esperilla, localizado este año y en libertad tras un largo período en búsqueda y captura. Los tres serán juzgados por la supuesta defraudación de IVA a través de operaciones intracomunitarias mediante la modalidad carrusel, uno de los fraudes "más complejos" y difíciles de perseguir, siendo este caso uno "de los más importantes" detectados en la provincia pontevedresa, confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía. Los hechos se remontan a 2005 y la investigación empezó en 2007. La vista oral será en Vigo.

El fiscal de Delitos Económicos Augusto Santaló califica los hechos como 4 delitos contra la Hacienda Pública relativos a los ejercicios de 2005 y 2006 de Mopavi y Bike&Price –uno con agravante de notoria importancia– y un quinto en grado de tentativa –ejercicio 2007 de Bike&Price–. La acusación considera a Ángel Suárez autor de todos los delitos y solicita que sea condenado a 9 años y 10 meses de prisión y al pago de 6.880.000 euros de multa. Idénticas penas demanda para Miguel Ángel Ferrer, como "cooperador necesario". En el caso de José Antonio Gómez, según el fiscal "coautor de los tres delitos cometidos por la sociedad Bike&Price", solicita 4 años y 10 meses de cárcel y multas que ascienden a 1.280.000 euros.

Para todos pide la accesoria de la pérdida de la posibilidad para obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnicen al Estado con la cantidad defraudada a la Agencia Tributaria, 5.481.024,83 euros. En este apartado, concreta que José Antonio Gómez solo responda de forma solidaria con los otros dos acusados en la cantidad de 666.860 euros.

Según el escrito de acusación del fiscal, Ángel Suárez era administrador de Mopavi S.L.U. –ubicada en calle Manuel de Castro–, participada al 100% por A.S.R. Accesory S.L., a su vez participada por este acusado en un 99%. Desde 2005 estas entidades tributan a efectos del impuesto sobre sociedades como grupo fiscal. La acusación sostiene que las liquidaciones sobre el IVA de 2005 correspondientes con las facturas emitidas y recibidas por Mopavi "no obedecen en su totalidad a operaciones comerciales reales", señalando que las relaciones comerciales con los proveedores Miguel Ángel Ferrer y Suministradora de Componentes Electrónicos S.L. "tienen por finalidad defraudar el impuesto del IVA". En el ejercicio de 2005, cifra el fraude en 4,4 millones.

Sobre las relaciones comerciales entre Mopavi y Ferrer, que trabajaba desde las Islas Baleares, dice que "no son reales", ya que este último funcionaba como missing trader o trucha, realizando operaciones intracomunitarias y repercutiendo el IVA a Mopavi, que lo deducía sin que fuese ingresado. La Fiscalía enumera datos sospechosos, como que el imputado Ferrer Esperilla, sin estar afianzado "en el mercado español de motocicletas y quads", facturó en unos meses 11 millones de euros en ventas a Mopavi, "lo que le convierte en el principal suministrador de estos productos, muy por encima de empresas renombradas, y el segundo en el conjunto de la actividad total[...]". "Es poco razonable penser que alguien que se está introduciendo en un mercado tan competitivo pueda colocar productos a un único comprador por un importe tan elevado, lo que refuerza la tesis de que Esperilla no es más que un hombre de paja buscado por Mopavi", sostiene la Fiscalía.

También ve "sorprendente" que la empresa de Ángel Suárez anticipase a Esperilla "el importe de las compras que le realiza", en ocasiones más de un millón de euros. Además, el presunto "hombre de paja" vendía a Mopavi "motos con pérdida", ya que tras el seguimiento de compras hechas en el extranjero, se comprobó que la posterior venta a la empresa viguesa se hizo "por precio inferior al de compra". Esto, dice el fiscal, "solo se puede explicar a través del mecanismo del fraude en el IVA".

En el escrito de la Fiscalía también se analiza la relación mercantil entre Mopavi y el proveedor Suministradora de Componentes Electrónicos. Una relación, afirma el fiscal, que "reviste perfiles absolutamente diferentes de los mantenidos con Ferrer". En este supuesto, concreta, Mopavi "asume el papel del último eslabón en la trama defraudatoria", adquiriendo a esa empresa productos informáticos que dicha entidad adquirió a su vez de otras sociedades que, en el argot, funcionan como truchas y pantallas y que los han obtenido en el extranjero. Mopavi, prosigue el fiscal, vende finalmente esos productos en el extranjero y solicita la devolución del IVA soportado, IVA que nunca ingresaron las truchas. Este proceso "se repitió de forma ilimitada".

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