24 de mayo de 2011

Dijo que si no pudiera pagar, se pegaría un tiro, y ahora pretende que se lo peguen los inversores. José María Ruiz-Mateos ha remitido una carta a los 5.000 inversores que compraron sus pagarés, en la que reconoce por primera vez que no podrá pagarles.

"Por dificultades sobrevenidas con posterioridad a la emisión de los pagarés, su Sociedad emisora, actualmente en situación concursal, no ha hecho ya frente o no va a poder hacer frente a su pago a la fecha de sus respectivos vencimientos", se asegura en la carta. Por eso, el patriarca de la familia les propone como alternativa una curiosa propuesta con la que abonar sus deudas: la idea es que firmen un acta notarial y supediten la posibilidad de recibir algún dinero a que "el Estado expropiante" pague lo que, supuestamente, debe al conglomerado de la abeja. Es decir, que los inversores sólo cobrarían si lo hace antes Ruiz-Mateos.

"Me complace adjuntarte una propuesta que estimo será del máximo interés para ti debido a la bondad de la misma, dadas las circunstancias que atravesamos. Lo más importante es que tengas la plena, total y absoluta seguridad que no pararemos hasta tanto los que depositaron su confianza en nosotros recuperen el dinero que les pertenece", reza la misiva, a la que ha tenido acceso elEconomista.

Tras una larga explicación sobre la situación en la que se encuentran todos los procesos judiciales relacionados con la expropiación de 1983 (por los que espera obtener 18.246 millones), en el acta notarial, José María Ruiz-Mateos "se obliga al pago, a sus tenedores legítimos, de los pagarés con cargo al dinero que deba hacer efectivo el Estado expropiante". Con ello, "en caso de estimación total o parcial, de las pretensiones de retasación mencionadas tanto si ésta es ordenada por sentencia firme, como si es pactada mediante transacción judicial o extrajudicial", con lo que el inversor cobraría. Eso sí, el dinero se utilizará primero para pagar los costes de los procesos judiciales.

Para que el pacto que proponen los Ruiz-Mateos se haga efectivo, los tenedores de pagarés deberán ceder los derechos de cobro de manera "incondicional y sin reserva alguna". La aceptación se formalizará en escritura pública ante un notario y la podrán exigir tanto los titulares como quienes acrediten tener "causa legítima de él, sea inter vivos o mortis causa". En este caso, los pagarés serán devueltos a Ruiz-Mateos con una cláusula que da por "pagados, finiquitados y extinguidos (incluso por renuncia) todos sus derechos (por principal, gastos de devolución, intereses y costas) demandantes de los pagarés y de las resoluciones de juzgados y tribunales que, en su caso, hubiere obtenido ejerciendo acciones relacionadas con los mencionados pagarés", explica la familia.

Los Ruiz-Mateos aseguran que la noticia ha tenido una buena acogida entre los inversores. Sin embargo, diversos bufetes han asegurado a este diario que han recomendado a sus clientes no firmar, "porque este es un engaño más y no existen garantías de cobro, que es lo primero que se pide cuando se cede un derecho como este". El letrado del holding replica que esa garantía sería razonable si se pidiese algo a cambio, "lo cual no sucede".

Ésta no es la primera vez que los Ruiz-Mateos intentan hacer negocio con los supuestos derechos de la expropiación de Rumasa en los años ochenta. Desde hace ya bastante tiempo, han estado anunciando a bombo y platillo que estaban negociando la venta de la indemnización a varios fondos. "Hay muchísimo interés en firmas de todo el mundo y confiamos en llegar pronto a un acuerdo", llegó a decir José María Ruiz- Mateos (hijo). Pero no era verdad y nadie acabó pagando por algo que ha sido ya desestimado.

Lo que ellos querían es que se les pagará 3.000 o 4.000 millones a cambio de los derechos del juicio. Si al final una sentencia les daba la razón, el fondo hubiera ingresado los 18.000 millones que reclaman. Y, de lo contrario, los Ruiz-Mateos se habrían garantizado al menos el ingreso de una parte. La familia lleva 30 años intentando cobrar, pero hasta ahora no ha habido ni una sola sentencia que les dé la razón. Nueva Rumasa mantiene que habrá una sentencia favorable en dos años.

Megafinance anunció ayer que está dispuesta a invertir 100 millones de euros para asegurar la viabilidad de Nueva Rumasa, cuyas empresas están en situación de preconcurso y concurso de acreedores. El fondo luso a su vez aseguró que está cerrando con Cerberus la compra de los créditos del Santander.

Trama en Galicia de subvenciones fraudulentas

La Agencia Tributaria ha desarrollado hoy un operativo, denominado operación "Campeón", para desarticular una trama dedicada supuestamente a obtener fraudulentamente subvenciones para el fomento de nuevas inversiones, en el que han sido detenidos 15 implicados, entre directivos de empresas y del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE).

En un comunicado, la Agencia Tributaria informó de que esta operación ha sido desarrollada por agentes de Vigilancia Aduanera de Galicia y dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo -que preside Estela San José- y la Fiscalía lucense, con la colaboración de personal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y del Banco Europeo de Inversiones.

Según indica la Agencia Tributaria, los implicados podrían haber cometido los delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La entidad que ordenó la investigación sospecha que los directivos de una empresa de Lugo, que contaban supuestamente con asesoramiento por parte de personal del IGAPE, habían montado "una trama" para obtener fraudulentamente subvenciones destinadas al fomento de nuevas inversiones.

En el transcurso del citado operativo, los agentes encargados del caso han detenido a quince implicados, entre los que figuran directivos y personal de la empresa a la que iba destinada la subvención, así como de otras sociedades que supuestamente colaboraban en la trama.

Entre los detenidos figuran el director general del IGAPE -organismo que gestionaba las subvenciones-, Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Informaciones Especiales de este organismo de la Xunta, Carlos Silva.

Según informaron a Efe fuentes del caso, las detenciones de los dos responsables del IGAPE se produjeron esta mañana en la sede central de este organismo en Santiago y, del total de quince, otras nueve se registraron en Lugo.

La Consellería de Economía e Industria ha difundido esta tarde un comunicado en el que defiende la presunción de inocencia del director y el subdirector del IGAPE "que se mantienen a disposición judicial en el marco de esta investigación".

El departamento de la Xunta confirma en un escueto comunicado que agentes de la Brigada de Vigilancia Aduanera (Agencia Estatal Tributaria) "acudieron al IGAPE a solicitar información sobre una veintena de empresas de las que solamente había expedientes de tres de ellas".

En el marco de la operación, la juez ordenó que se practicasen doce registros en las sedes de las empresas implicadas, en los domicilios de los investigados y en la sede del órgano gestor de las subvenciones.

Entre otras localizaciones figura el registro de la empresa farmacéutica Nupel, en el polígono industrial de O Ceao, en las afueras de Lugo, que todavía continúa.

Durante el mismo ha estado presente uno de los propietarios de la farmacéutica, el empresario lucense Jorge Dorribo, que fue requerido esta mañana en su domicilio, en el municipio vecino de O Corgo, por un grupo de agentes de Vigilancia Aduanera.

Los agentes encargados del caso también registraron las instalaciones de la empresa de ingeniería Proitec, en el polígono de O Ceao, y un inmueble en la calle Conde, y por la tarde se desplazaron a Outeiro de Rei para hacer lo mismo en una empresa dedicada a la compra venta de maquinaria.

18 de mayo de 2011

La Ertzaintza desarticula una de las mayores redes de falsificadores y estafadores

Una nueva prueba del algodon, España es el paraiso de los estafadores y delincuentes, que campan por sus anchas, bajo el manto de la ley. Además se protege celosamente la identidad de los delincuentes.

Agentes de la Ertzaintza de Bilbao han desarticulado durante las últimas semanas una importante red de estafadores y falsificadores que actuaba en diversas provincias españolas y con ramificaciones en otros puntos de Europa, con la detención de nueva personas. La organización utilizaba documentación falsa, incluidas tarjetas de identidad de diferentes países, con la que abría cuentas bancarias, gestionaba compras, préstamos y transferencias fraudulentas e ingresaba cheques falsificados o sustraídos.

La Ertzaintza considera que la organización desarticulada era la más importante de estas características que funcionaba en Euskadi y una de las más activas a nivel del Estado. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao, ha contado con la colaboración de la Policía Nacional en actuaciones desarrolladas en Madrid y Murcia.

Según ha informado en un comunicado el Departamento vasco de Interior, la investigación de la Ertzaintza para desarticular este importante entramado de falsificación y estafas concluyó la pasada semana con la detención de nueve integrantes de la organización.

Junto con las detenciones, se realizaron un total de 13 registros en otros tantos domicilios y locales, incluidos dos establecimientos comerciales de Bilbao, donde se localizaron casi medio centenar de documentos de identidad extranjeros falsificados, pasaportes, equipos informáticos, teléfonos móviles y numerosos documentos bancarios y recibos robados o falsificados utilizados por la banda para la comisión de sus delitos.

Parte de los registros fueron realizados en colaboración con especialistas de inmigración y falsificación de la Policía Nacional en las localidades madrileñas de Móstoles y Fuenlabrada, así como en Murcia, donde en una vivienda se localizó dinero, ordenadores y documentación.

En el organigrama del grupo tenía especial relevancia uno de sus miembros, que, desde Madrid, facilitaba los documentos de identificación falsos al resto de la organización. Este individuo tenía una gran movilidad geográfica y su presencia ha sido detectada en Francia, Bélgica y España.

En Euskadi, los documentos se distribuían desde un establecimiento comercial del barrio de Bilbao la Vieja, donde eran recogidos por otros delincuentes contactados por la organización para cometer las estafas. La banda contaba, incluso, con la figura de varios "controladores", encargados de verificar si quienes utilizaban los documentos falsos habían tenido éxito al usar los mismos, para así cobrarles la comisión correspondiente.

ESTAFAS BANCARIAS

La investigación que ha permitido a la Ertzaintza desmantelar la organización se inició el pasado diciembre, cuando se tuvo conocimiento de que un individuo había cobrado varios cheques falsos en una sucursal bancaria de Bilbao por importe de unos 7.000 euros, utilizando para ello un documento de identidad falso.

Uno de los talones usados había sido sustraído en Francia, según se pudo averiguar. Días después, era detenido otro sujeto, tras intentar adquirir varios teléfonos móviles en una tienda de la capital vizcaína, utilizando, para ello, un documento de identidad falsificado similar al anterior.

En su poder se le encontraron varios documentos más del mismo tipo. En días sucesivos, varias entidades bancarias más denunciaron la apertura de cuentas fraudulentas por titulares diferentes, pero en cuya documentación la fotografía correspondía siempre a la misma persona.

Al coincidir la utilización de documentos falsos en todos estos delitos, la Ertzaintza realizó una revisión de las denuncias recogidas en el País Vasco que pudieran tener alguna vinculación con los hechos, detectándose posibles casos relacionados desde el año 2007.

La investigación llevada a cabo durante las semanas siguientes permitió establecer la existencia de un grupo organizado de estafadores, que contaba con medios técnicos para alterar los documentos, que luego utilizaba en sus delitos.

En diferentes entidades bancarias vascas se localizaron cheques fraudulentos procedentes de bancos franceses, irlandeses, australianos y alemanes, uno de ellos por importe de 43.000 euros. La cuantía de la estafa se aproximaría, solo en Bizkaia y durante el último año, a los 200.000 euros.

Las identidades falsas también permitían a los estafadores obtener tarjetas de crédito, cuyas bandas magnéticas modificaban en ocasiones para grabar los datos de otras cuentas residenciadas en bancos americanos, sobre las que cargaban operaciones comerciales. La Ertzaintza ha constatado cargos por un importe total superior a los 20.000 euros, si bien se calcula que el montante total de esta modalidad de estafa será muy superior.

TELEFONÍA Y ORDENADORES

La organización también utilizaba la documentación falsificada para comprar artículos, especialmente de telefonía e informáticos. En Euskadi, la documentación utilizada solía incluir recibos de suministro de gas o electricidad robados y modificados.

En una empresa de telefonía vasca se habrían realizado más de 50 altas de telefonía móvil utilizando documentación falsa, que habrían generado un importante volumen de pérdidas, tanto en terminales como en llamadas no cobradas, la mayoría de ellas internacionales.

La estafa en este terreno se extendería también a comercios de otros territorios, como una tienda en Madrid, con casi dos centenares de contratos fraudulentos de telefonía por un coste superior a los 20.000 euros.

El material informático adquirido con documentos falsos era vendido, luego, por la organización en el mercado de segunda mano. La cuantía de lo defraudado en el apartado de informática y telefonía superaría los 200.000 euros, según cálculos realizados por la Ertzaintza.

Una vez concluidas las diligencias en dependencias policiales, los nueve detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 45 años de edad, han sido puestos por la Ertzaintza a disposición judicial en Bilbao.

13 de mayo de 2011

La nueva burbuja: el Gobierno saca del paro a 160.000 cuidadores de dependientes

Es la nueva burbuja. Actualmente hay en España 157.000 cuidadores no profesionales, un 30% más que hace un año. Son personas que reclaman al Estado una prestación económica de 480 euros para cuidar de un familiar, normalmente sus padres. La Ley de la Dependencia establece que estas ayudas económicas son excepcionales. Sin embargo, el número de altas se ha disparado. ¿El motivo? Te dan un título, casi quinientos euros y además te sacan del INEM. No hay que olvidar que los cuidadores no computan como parados.

El Ministerio de Trabajo recordó ayer que las personas demandantes de empleo que se encuentran de alta en Seguridad Social, deben quedar incluidas dentro del colectivo de personas ocupadas.

Desde que hace cuatro años se puso en marcha la Ley de la Dependencia, la implantación ha sido muy variopinta y las peticiones de ayuda cada vez son más abultadas. Llama la atención que una tercera parte de las mismas se concedan en Andalucía, una región que aglutina a menos de una quinta parte de la población española. Destaca también que en la provincia de Cádiz se pague a 11.043 familiares, cuatro veces más que en toda Extremadura y el doble que Navarra (1.295), La Rioja (1.535) y Cantabria (3.817) juntas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  

El secretario general del PP en Cádiz, Antonio Sanz, avisa de un posible fraude encubierto en la aplicación de la Ley de la Dependencia en su comunidad. En concreto, en Andalucía ya hay 54.841 cuidadores familiares que tienen reconocidas estas ayudas. Suponen el 34,81% de las que hay en toda España. Dicho de otro modo, tres de cada diez beneficiarios de estos sueldos son andaluces. Es el mayor porcentaje seguido muy de lejos de Cataluña (21.896) y la Comunidad Valenciana (11.870). 

El Imserso también ha detectado casos en los que se deja en entredicho la legalidad de la ley. Que las empleadas del hogar se den de alta en la Seguridad Social mediante el convenio especial previsto para los familiares es, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, “un fraude de ley”. Además, el Gobierno recuerda que esta prestación económica no sirve para contratar a alguien que cuide en casa de la persona dependiente. 

Abuso de la prestación económica
Los profesionales son los que han detectado una notable diferencia entre las estimaciones de los beneficiarios reales, duplicando el número de personas en lo que se refiere al grado III (el más elevado de dependencia), y con ello el correspondiente coste estimado, confirmando una cierta generosidad tanto del baremo como del tipo de valoración a la hora de evaluar, incluso sesgando al alza la asignación del grado y nivel de tendencia correspondiente. “Se pone también de manifiesto un claro abuso de la prestación económica por cuidados en el entorno  familiar, que se disparó en agosto de 2008 y ya no se ha reconducido”, explica Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los autores del estudio económico sobre dependencia que encargó el Congreso. 

Sin copago para el usuario, esta vía es la más atractiva para ambas partes: Estado y familia, “desvirtuando el propósito de la Ley, que le confiere una clara preferencia a las prestaciones de servicios, relegando a un plano gradual las prestaciones monetarias”, asegura el catedrático basándose en los datos recogidos en un estudio de la Fundación Caser. También critica que no se invierta más en servicios para poder atender el cúmulo de personas dependientes. 

Mayor exigencia en la concesión de las retribuciones
Como dejan entrever los datos oficiales, López Casasnovas afirma que, dentro de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia, las económicas son las que mayor protagonismo están adquiriendo frente a los servicios. Y dentro de estas prestaciones, son las del cuidado en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales las predominantes en todas las comunidades autónomas. “Influye mucho el número de desempleados sin subsidio y pensionistas con pensiones mínimas”. Implícitamente, se han convertido en un sucedáneo de subsidio ante distintas situaciones de “precariedad en respuesta a la difícil coyuntura económica”. 

Los profesionales reclaman al Gobierno una reorientación decidida del gasto disponible, priorizando en cómo y en qué utilizar los recursos, con el fin de ofrecer marcos estables para la acción concertada que permitan mejorar la oferta de servicios y redimensionar las expectativas ciudadanas, acomodándolas a la riqueza y capacidad financiera española. “Para ello hacen falta nuevos estudios basados en el análisis de datos individuales sobre perfiles patrimoniales de dependientes por edades, posibilidades efectivas de entrar en dependencia y/o transición entre niveles y grado, con el objetivo de garantizar correctamente la cobertura de la dependencia más severa y el riesgo financieramente catastrófico para los colectivos más frágiles”, concluye el catedrático.

5 de mayo de 2011

Un matrimonio estafa 21.000 euros robando las cartas del banco de sus vecino

Un matrimonio compuesto por un hombre de 21 años y una mujer de 27 ha sido detenidos por estafa, falsificación y un delito contra el secreto de las comunicaciones tras estafar 21.000 euros a cinco de sus vecinos de Granada capital y a otros del municipio de Cájar robándoles la correspondencia del banco. Para ello, forzaban sus buzones y usaban los datos para 'saquear' sus cuentas corrientes.

La investigación de este delito empezó en marzo, cuando una de las entidades bancarias detectó usos fraudulentos de varias tarjetas de crédito, denunciándolo a la Guardia Civil. Las indagaciones han revelado que los ahora detenidos consiguieron estafar 8.000 euros con tarjetas falsas, 12.000 en créditos personales pedidos a nombres de sus víctimas y otros 1.000 en compras a través de internet.

Al parecer, tras forzar los buzones y hacerse con los datos de las cuentas de sus vecinos, el joven detenido se hacía pasar por el legítimo propietario de la tarjeta de crédito de la víctima, solicitando al banco su anulación y que le reenviasen una nueva con sus correspondientes PIN de seguridad. Los estafadores vigilaban el buzón hasta que aparecía la tarjeta nueva y volvían a forzarlo para apoderarse de ella.

El banco que puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil apreció ciertas irregularidades en la solicitud de tres tarjetas de dos vecinos de Cájar y un vecino de Granada y no las envió. La Guardia Civil descubrió rápidamente que existían cinco víctimas, todas ellas domiciliadas en el mismo barrio de Cájar. También descubrió que los detenidos habían escogido a sus víctimas porque todas ellas tenían viviendas que denotaban un alto poder adquisitivo y porque tenían fácil acceso a sus buzones.

La primera detención se produjo el pasado martes por la tarde, después de que la Guardia Civil interceptara la entrega de un pedido de más de 1.000 euros de un centro comercial realizado con una tarjeta falsificada. Entonces se identificó a la mujer como responsable de la compra. La detenida llevaba consigo documentación falsificada a nombre de una de las víctimas. El miércoles por la mañana fue detenido su marido.

Ambos han sido puestos este jueves a disposición del juzgado de guardia de Granada como presuntos autores de los delitos de estafa, falsificación de tarjetas de crédito y contra el secreto de las comunicaciones postales.

Sony asegura que un ataque de denegación de servicio despistó a sus sistemas de seguridad

Sony ha remitido al Congreso de EE UU una carta en la que da detalles sobre la intrusión en su plataforma PlayStation Network que ha expuesto los datos de 77 millones de internautas y de Sony Online, que ha afectado a la información almacenada sobre 25 millones de clientes. Según la compañía, el retraso en detectar la intrusión se debió a que coincidió con un ataque de denegación de servicio (petición masiva de páginas de Internet para saturar el servidor) lanzado por el grupo Anonymous.

La carta de Kazuo Hirai, número dos de Sony, asegura que desconoce si los promotores del ataque de denegación de servicio también conspiraron en la intrusión o fueron utilizados por un ladrón muy inteligente para tener cobertura en la intrusión, "eso quizás no lo sabremos nunca". Sony no atribuye la intrusión al grupo Anonymous, pero explica que ha localizado un fichero dejado por los asaltantes con el nombre del grupo y su lema "Somos legión". Anonymous, que lanzó la campaña de denegación de servicio contra Sony, se ha desvinculado del robo de datos. Ayer volvió a emitir un comunicado en el que aseguraba que si la investigación es "honesta y legítima" demostrará que no tienen relación con la intrusión.

Sony, en el citado documento, explica la cronología de los hechos e intenta explicar la tardanza en avisar a los consumidores del problema. El 19 de abril detectó una actividad no autorizada en la plataforma. Al día siguiente descubrió que distinto tipo de datos habían sido transferidos fuera de los servidores de PlayStation Network sin autorización y los administradores los clausuraron. La compañía contrató a una firma de seguridad para analizar el problema. En los siguientes días, fichó a otras dos compañías con idéntico propósito. Los asaltantes borraron ficheros para esconder su presencia y escalaron privilegios en el interior de los servidores. El día 22, la compañía informó al FBI y el 26 lo notificó públicamente tanto a la comunidad internauta como a las autoridades reguladoras. Sony defiende estos plazos asegurando que no quiso dar una información parcial que creara confusión y no decidió hacerla pública hasta no haber corroborado con las compañías contratadas el alcance del asalto.

Llama la atención que la carta no vaya firmada por el patrón de Sony, Howard Stringer, que mantiene un estricto silencio desde que se conoció el asalto. Medios internacionales recogen manifestaciones de ejecutivos de sociedades de inversión criticando el papel de Stringer. Este galés, exproductor de televisión, no ha aparecido en público para dar explicaciones. Este fin de semana, quien compareció para hablar del tema y presentar excusas fue el presidente de la rama de Entretenimiento, Kazuo Hirai, quien tampoco escapa a las críticas, ya que hasta mayo dirigió la promoción de los servicios en red de la compañía. Stringer lleva seis años al frente de Sony y en marzo de este año había asegurado que seguiría en el puesto como mínimo un año más.

El mercado negro de las tarjetas
El grupo Anonymous ya hizo público que no tenía relación con la intrusión y de hecho ha eliminado de sus foros todas las menciones a los ataques de denegación de servicio contra Sony que propició semanas atrás y que ha paralizado para no provocar el descontento entre los jugadores. Por otra parte, en la hipótesis de que la intrusión fuera obra de un ciberdelincuente dedicado a la reventa de datos de tarjetas de crédito, la masiva apropiación de información de clientes de Sony propiciaría un descenso en la cotización de esta mercancía en el mercado ilegal. Según The New York Times, un pirata puede esperar a cobrar entre cinco y diez dólares por el número de una tarjeta de crédito, pero una oferta masiva de los mismos haría descender la cotización a uno o dos dólares.

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