miércoles, octubre 26, 2011
En febrero del 2010 Montserrat Cazorla, hija de la propietaria del piso ubicado en el número 776 de la calle Alfons XII de Badalona, denunció a La Vanguardia.com los intentos reiterados de unos vecinos para ocupar la vivienda de su madre.
Después de un año y medio, Montserrat no ha podido evitarlo: la semana
pasada recibió una llamada telefónica alertándola de que el inmueble había sido definitivamente ocupado.
Considera que la Administración “no ha velado por los intereses” de su
madre, que desde hace un tiempo vive con ella porque ya no puede valerse
por sí misma.
Los hechos se remontan a finales del 2009, cuando
una vecina le manifestó su intención de ocupar el piso “porque lo
quería para un hijo que estaba a punto de casarse”, asegura Cazorla. Y,
después del aviso, empezó la acción: varios intentos de colarse por la
ventana del patio de luces y por la puerta de entrada. Montserrat pidió
ayuda a Servicios Sociales del barrio de Sant Roc y éstos,a través de
una mediadora, consiguieron llegar a un pacto tácito con el patriarca de
la familia para que abandonase su propósito, según la afectada. Hasta
el pasado 18 de octubre, cuando el piso fue oficialmente ocupado.
Montserrat no sólo se siente indignada por la ocupación, sino por el imperativo legal de continuar pagando cada mes los recibos del agua y la luz que los inquilinos del piso consuman cada mes. Así se lo manifestó la policía cuando fue a tramitar la denuncia pertinente: “Me dijeron que si dábamos de baja los suministros, mi madre podría ser acusada de un delito de coacción”, explica, una versión que han corroborado los Mossos d’Esquadra. La propietaria del inmueble sólo cobra 526 euros de pensión. También le preocupa recuperar los enseres personales de su madre y los recuerdos de toda una vida, como los álbumes familiares. “El otro día pasé por delante del balcón y me percaté de que los inquilinos estaban usando la ropa de mi madre: sus toallas estaban tendidas en el balcón”, se lamenta.
Después de hacerse efectiva la denuncia, los Mossos d’Esquadra se personaron en el domicilio y consiguieron identificar a una persona que fue citada a declarar a la comisaría, pero ésta no se presentó, por lo que la policía cerró el atestado y derivó el caso al juzgado de instrucción número 5 de Badalona. Como no hubo desalojo “exprés”, la resolución judicial podría tardar más de seis meses en llegar.
Montserrat no sólo se siente indignada por la ocupación, sino por el imperativo legal de continuar pagando cada mes los recibos del agua y la luz que los inquilinos del piso consuman cada mes. Así se lo manifestó la policía cuando fue a tramitar la denuncia pertinente: “Me dijeron que si dábamos de baja los suministros, mi madre podría ser acusada de un delito de coacción”, explica, una versión que han corroborado los Mossos d’Esquadra. La propietaria del inmueble sólo cobra 526 euros de pensión. También le preocupa recuperar los enseres personales de su madre y los recuerdos de toda una vida, como los álbumes familiares. “El otro día pasé por delante del balcón y me percaté de que los inquilinos estaban usando la ropa de mi madre: sus toallas estaban tendidas en el balcón”, se lamenta.
Después de hacerse efectiva la denuncia, los Mossos d’Esquadra se personaron en el domicilio y consiguieron identificar a una persona que fue citada a declarar a la comisaría, pero ésta no se presentó, por lo que la policía cerró el atestado y derivó el caso al juzgado de instrucción número 5 de Badalona. Como no hubo desalojo “exprés”, la resolución judicial podría tardar más de seis meses en llegar.
El alcalde de Badalona pide un cambio legislativo urgente
Al conocer el caso por este medio, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha declarado que “estas situaciones” lo que demuestran es que la actual legislación es “un disparate”. “Que unas personas puedan ocupar un piso y que tengan todos los derechos como si fueran los propietarios es un atentado contra el sentido común”, ha afirmado. Además, ha instado a modificar la ley de manera “inmediata”, y ha recomendado avisar al Ayuntamiento cuando se detecte que se está produciendo una ocupación para que la Guardia Urbana pueda desalojar con carácter de urgencia el inmueble. Pero si los inquilinos ya se han establecido en la vivienda, la manera de proceder es cursar una denuncia ante los Mossos d’Esquadra.
Según García Albiol, los intentos de ocupación de viviendas embargadas han aumentado en los últimos tiempos, sobre todo en el barrio de la Salut de Badalona, hecho que el alcalde atribuye a “mafias organizadas de gitanos rumanos”. En este sentido, comenta que “no se trata de personas que tengan un problema de acceso a la vivienda porque hayan quedado económicamente desprotegidas, sino que han hecho de esta manera de proceder su modus vivendi”. Ante tal situación García Albiol descarta “la mediación” y aboga por “la actuación contundente”.
