Iñaki Urdangarin, Gerardo Díaz Ferrán y Miguel Blesa protagonizan los
últimos casos en el país. Madrid, Andalucía, Galicia y, sobre todo, la
costa mediterránea son las zonas más afectadas.
La corrupción crece en España
a la par que se agrava la crisis económica. Es cierto que nuestro país
ha mejorado tres décimas en el Índice de Percepción de la Corrupción
2012 que realiza la ONG Transparencia Internacional (TI), pero se ha
estancado en el puesto 30 de la lista, empatada con Botsuana, con una
nota de 6,5 puntos. El informe analiza un total de 176 estados y lo más
preocupante, quizás, es que España se sitúa en el puesto número 13 de la Unión Europea, por detrás prácticamente de todos los grandes países: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Austria, Irlanda y Chipre.
La malversación de caudales públicos (cobro de comisiones
ilegales), el blanqueo de capitales y el desvío de fondos se ha comido
un mínimo de 1.100 millones de euros. El caso de los ERE falsos de
Andalucía apunta al reparto a dedo de al menos 712 millones de euros en
la última década. Un monto al que se suman los repartos de contratos a
empresas amigas de Unió Mallorquina por 7 millones de euros en Baleares o
la celebración de encuentros deportivos por cantidades millonarias. La
cifra no incluye ni las comisiones del 3 por ciento que presuntamente
han cobrado en Cataluña PCS y CiU por otorgar contratos públicos, ni los
desvíos del Caso Malaya, difíciles de cuantificar.
Los casos de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, acusado de engaño a la administración y desvío de dinero público a sociedades particulares; de Gerardo Díaz Ferrán,
expresidente de la patronal CEOE, que ocultó más de 50 millones a sus
acreedores y contrató a un supuesto liquidador de firmas para que a
través de una red de testaferros se llevara el dinero fuera; 0 de Miguel Blesa,
que pudo haber cobrado comisiones en una operación en Florida, según ha
denunciado el sindicato Manos Limpias no han hecho sino rebosar el vaso
de la corrupción.
Madrid
Blesa, Díaz Ferrán y Rumasa
Además de los miles de afectados por la venta de preferentes de Caja
Madrid -la entidad intentó bajo la presidencia de Miguel Blesa captar a
gente de avanzada edad y sin preparación financiera alguna- la
corrupción en Madrid tiene varios nombres propios. Resalta el de Gerardo
Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueños de Marsans, que
intentó ocultar y sacar de España 50 millones para no pagar a sus
acreedores. El pasado miércoles el juez impuso una fianza a Díaz Ferrán
de 30 millones, otra de 50 millones para el empresario al que
presuntamente encargó sacar el dinero fuera de España, Ángel de Cabo.
El antiguo dueño de Marsans ha declarado también esta semana por un
préstamo de 26,6 millones, por el que también está imputado Blesa. Caja
Madrid se lo concedió a pesar de que ofreció como aval una sociedad ya
hipotecada y que además estaba en quiebra. Y todo ello sin olvidar a los
Ruiz-Mateos, que suman deudas millonarias mientras Anticorrupción
sospecha que tienen grandes sumas de dinero en Suiza y distintos
paraísos fiscales del Caribe. En su caso, el informe concursal asegura
que han desaparecido 90 millones que la familia obtuvo de la venta de
pagarés.
Pero en Madrid no sólo desvían los empresarios. Los partidos
políticos están salpicados por presuntos casos de corrupción entre los
que destacan la operación Ciempozuelos, en la que se ha imputado al ex
alcalde la zona Antonio Torrejón por malversar 40 millones. Al Partido
Popular le salpicó el caso Guateque y Gürtel en los que se habla de
sobornos y financiación irregular de partidos.
Galicia
Lugo y las preferentes
La ciudad de Lugo se ha convertido en los últimos años en sinónimo de
causas judiciales y, así a las ya conocidas como Campeón y Carioca, se
ha unido recientemente la Pokemon, liderada por la titular del Juzgado
de Instrucción Número 1, Pilar Lara, que investiga una supuesta trama de
sobornos de empresas a políticos para conseguir adjudicaciones de
servicios públicos, como el de la ORA.
En este momento tan sólo permanece en prisión el ex presidente de la
Confederación Hidrográfica de Miño-Sil y ex concejal de Lugo, Francisco
Fernández Liñares, pero ha salpicado al actual regidor de la ciudad,
Xosé Clemente López Orozco (PSOE), que fue imputado.
Además, en esta ocasión esta operación no se ha quedado en la ciudad
de las Murallas y ha provocado la dimisión del anterior alcalde de
Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y el concejal del BNG Fernando
Varela; además del regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP).
Además más de 43.000 personas se han visto afectadas por la venta de
preferentes por parte de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova. Ante el
supuesto fraude, la Xunta ha impulsado un sistema de arbitraje, por el
cual los que demuestran que se les comercializó este producto de manera
irregular puedan recuperar su ahorros.
Andalucía
EREs, Invercaria y Minutas
Andalucía lleva más de dos años descubriendo casos de corrupción
ligados a las más de tres décadas del PSOE en el poder. El mayor es el
de los ERE fraudulentos, que consistió en repartir sin control ni
procedimiento por parte de la consejería de Empleo 721 millones entre
2001 y 2010 para prejubilar a trabajadores y dar dinero a empresas. Ni
Manuel Chaves ni José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de
Hacienda y actual presidente de la Junta, saben nada de lo ocurrido. El
informe de la Cámara de Cuentas ratifica el abuso cometido pero no
identifica responsables políticos. El caso está siendo investigado y hay
más de 60 imputados y el exconsejero de Empleo, que fue encarcelado y
está en libertad bajo fianza civil.
La misma falta de control del uso de dinero público se detecta en
Invercaria, empresa que supuestamente operaba como gestora de fondos de
capital riesgo desde su creación en 2005, pero que no quedó registrada
como tal hasta 2010. En esos años gestionó 35,5 de los 62 millones con
los que fue dotada de forma opaca. Uno de sus tres expresidentes está
siendo investigado por la justicia, que examina 34 de las casi 300
ayudas y préstamos otorgados sin control ni procedimiento alguno. Por su
relevancia social sobresalen los escándalos de corrupción asociados al
urbanismo en la Costa del Sol. Marbella es el epicentro, y actualmente
hay instrucciones abiertas contra el exalcalde Julián Muñoz y su
abogado, y presidente del Sevilla, José María del Nido. Este último ha
sido condenado a siete años y medio de cárcel por fraude.
Cataluña
El cobro del 3 por ciento
En Cataluña, la corrupción está ligada al cobro de comisiones de
entre el 3 y el 4 por ciento que, presuntamente, han cobrado CiU y el
PSC por la adjudicación de obras públicas. El caso estrella es el del
Palau de la Música en el que su presidnete Fèlix Millet hacia de
intermediario entre las empresas constructoras y el gobierno de la
Generalitat para, presuntamente, cobrar las mencionadas comisiones y
luego desviar una parte a los partidos. El juez ha declarado a CDC
responsable civil a titulo lucrativo del expolio del Palau de la Música
Catalana de Barcelona y le ha impuesto una fianza de 3,2 millones. Las
presuntas comisiones se cobraron durante el mandato de Jordi Pujol como
presidente de la Generalitat y de Artur Mas como conseller.
El PSC tampoco ha salido indemne de los casos de cobro de comisiones y
recientemente ha saltado caso Mercurio, una trama de corrupción
urbanística y municipal que afecta al alcalde de Sabadell, Manuel
Bustos, uno de los hombre fuertes de la formación socialista.
Presuntamente, Bustos cobrara comisiones por la adjudicación de obras y
contratas en Sabadell.
Baleares
Urdangarin, Munar, Matas
Las Islas baleares está cuajada de casos de corrupción ligados a la
llegada de Unió Mallorquina al poder. María Antonia Munar, expresidenta
del Consell, está imputada en la operación Maquillaje por presuntas
irregularidades en contratos y subvenciones. En total se calcula que
podría haber repartido siete millones a una red de empresas vinculadas a
su partido. El caso Can Domenge, Voltor y Son Oms (ver gráfico) también
le salpica a ella y a su partido. Dentro de la política, el ex
presidente balear, Jaume Matas, ha sido condenado a prisión por el Caso
Palma Arena, en el que gastaron 50 millones de más en un Velodromo.
Vinculado a este presunto desfalco, está el caso Noós, uno de los más
controvertido de la isla porque ha salpicado a un miembro de la Casa
Real, Iñaqui Urdangarin. Según la investigación el duque y su socio,
Diego Torres llegaron a cobrar más de 6 millones del gobierno balear y
valenciano por organizar forums deportivos y trabajos de consultoría que
no realizaron.
Valencia
Gürtel, Brugal, Cooperación...
En la Comunidad Valenciana acaba de ser condenado a 3 años de cárcel
el diputado y exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, por
prevaricación. Tras su dimisión son nueve los diputados del Grupo
Popular de las Cortes imputados, seis de ellos por la presunta
financiación ilegal del PP derivada del caso Gürtel. Otros dos
diputados, la alcaldesa de Alicante y su predecesor, están imputados en
la pieza alicantina del caso Brugal, por un presunto trato de favor a un
promotor. No obstante, el caso que más repulsa ha causado es el que
afecta al diputado y exconsejero de Cooperación Rafael Blasco, acusado
de desviar dinero de la Generalitat destinado al Tercer Mundo. El caso
ha tenido una derivación inesperada, al dimitir el consejero de
Hacienda, José Manuel Vela, tras ser sorprendido filtrando presuntamente
un documento judicial a Blasco, por lo que fue imputado por revelación
de secretos. Otros casos sin acusados aforados son Emarsa -desfalco de
27 millones en la depuradora de Valencia-, Brugal (pieza de Orihuela) y
Nóos, en el que hay imputados varios altos cargos de la Generalitat ya
destituidos.
País Vasco
Caso Barrika
El Ayuntamiento de Barrika y la Diputación Foral de Bizkaia, ambas
gobernadas por el PNV, se encuentran inmersas en litigios judiciales a
raíz de una polémica recalificación de terrenos para la construcción de
chalets de lujo en una zona de especial protección paisajística, que
varias veces había sido anulada por los tribunales.
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