La Guardia Civil desbarata una trama que defraudó 100 millones de IVA de gasolina

Josep M. Torrens, director general de la compañía de gasolineras Petromiralles, ha sido detenido esta mañana en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una trama que supuestamente se dedicaba a defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, según han informado fuentes de la investigación. 

 

Petromiralles, controlada al 50% por los hermanos Josep Maria y Pere Torrens, está acusada no solo de fraude en el IVA sino también de aprovecharse de esta situación para ofrecer precios más baratos que la competencia. El detenido es también alcalde de Santa Maria de Miralles (CiU), población de 133 habitantes del Anoia donde está la sede de la compañía de gasolineras. 

La red supuestamente creaba empresas pantalla para no pagar el IVA, lo que según fuentes de la investigación habrían permitido defraudar millones de euros. La operación, que sigue abierta, incluye registros en Barcelona, L'Hospitalet, Sitges, Castelldefels, además de en Madrid y Andalucía. Las mismas fuentes prevén que se produzcan una decena de detenciones.

El ejecutivo es, además, alcalde de CiU en el pequeño municipio barcelonés de Santa Maria de Miralles (unos 130 vecinos). La compañía, que ha declinado hacer ningún comentario y ha remitido a un posterior comunicado de prensa, fue fundada en 1967 a partir de una pequeña gasolinera del citado municipio. En 1995 se constituyó Petromiralles para la gestión de estaciones de servicio y también a la distribución de combustibles a domicilio. En 2002 se estableció como operador petrolífero a través de Petromiralles 3. La dirección del holding la ostentan colegiadamente los hermanos Torrens Ferrer,  siendo Josep Maria Torrens Ferrer el director general y Pere Torrens Ferrer el director logístico, según la compaña. Ambos están entre los arrestados.

Petromiralles está hoy entre las diez empresas de combustibles y carburantes más potentes del sector en España, según el diario Cinco Días, que señala que esta compañía familiar acapara el 8% de la cuota del mercado nacional de distribución de carburantes, por delante de empresas como Chevron España (adquirida por Cepsa), Shell España o Kuwait Petroleum. Dispone de 62 estaciones de servicio, 17 de las cuales son propias y 45 colaboradoras, en 15 comunidades autónomas

La trama investigada está presuntamente acusada de crear estructuras financieras con el objetivo de defraudar el IVA en sus transacciones. Entre las empresas implicadas se encontraría la compañía petrolera Petromiralles, según esas mismas fuentes, y otras compañías del sector.

Fuentes de la investigación han explicado que los sospechosos se dedicaban a vender grandes cantidades de hidrocarburos a precios más baratos que otros competidores, dado que las empresas defraudadoras escamoteaban el pago del IVA. Su forma de actuación consistía en importar grandes cantidades de hidrocarburos a través de un broker internacional y, cuando el combustible llegaba a un puerto español, era vendido allí mismo a empresas pantalla creadas por los cerebros de la organización. Esas firmas tapadera abogaban aparentemente el 21% del IVA y sacaban al exterior la mercancía, que posteriormente era vendida en las gasolineras del entramado. Con este truco, los implicados se embolsaban el dinero abonado de forma ficticia al Estado y vendían el combustible más barato. El truco fue descubierto por Hacienda hace un año y medio, al detectar esas irregularidades, y puso en marcha a la UCO de la Guardia Civil.   

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lleva el caso, en el que se atribuye a los implicados un delito de pertenencia a organización criminal, delito fiscal,maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juzgado va a nombrar un interventor judicial para garantizar los empleos de los numerosos trabajadores vinculados a la firma Petromiralles, según fuentes de la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes califican de "muy importantes" las pesquisas y sostienen que tienen más envergadura que la Operación Bashnya (torre,en ruso) culminada en 2012, que dejó al descubierto la existencia de una trama especializada en crear empresas para comercializar hidrocarburos y hacer presuntamente declaraciones falsas del IVA soportado por estas para no realizar los pagos de este impuesto correspondientes a los ingresos por las ventas. Así, la organización conseguía ofertar a los pequeños distribuidores precios sin competencia que le habían permitido empezar a acaparar una parte importante del mercado en Cataluña, Galicia y el centro de la Península. Esta organización disponía, incluso, de un petrolero de bandera liberiana y estaba en proceso de adquisición de gasolineras en España.

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