Ya falta poco para ver quien hay detrás

Para rematar la faena del rastro del dinero, los investigadores del caso de los ERE deben identificar a los políticos sobornados. Cada vez están más cerca, pero de momento no está culminada. Es la principal vía que la Guardia Civil indaga ahora en esta causa, que acumula 73 imputados tras dos años y medio de pesquisas. Esta semana ha trascendido la pieza secreta del sumario, reservada durante seis meses, que ha dejado un rosario de pistas y anécdotas sobre cómo se esquilmaron los fondos públicos de la Junta de Andalucía. La trama corrupta compuesta por políticos, empresarios, sindicalistas e intermediarios ideó un complejo sistema que permaneció oculto toda una década. La alta ingeniería financiera se mezcla con testaferros a las órdenes de empresarios sin escrúpulos y políticos de manga ancha.

 

 Sobornos.

Los sobres con dinero circularon por Sevilla con suma frecuencia, según la investigación. El testaferro Juan Francisco Algarín ha descrito ocho cafeterías y pubs cercanos al Parlamento andaluz y sedes de Consejerías del Gobierno donde entregó sobres "con grandes sumas de dinero", de hasta 200.000 euros, a "políticos muy importantes". La práctica se extendió varios años durante la época de vacas gordas. Otro testaferro y el chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero también han reconocido haber ejercido de correos para pagar las comisiones ilegales. En marzo la juez Mercedes Alaya ya avanzó que la consultora Vitalia había sobornado a varios altos cargos de la Administración andaluza. Ahora los agentes intentan cerrar la lista de nombres y recabar pruebas, tarea complicada por los años transcurridos.

Testaferros.

El perfil de los testaferros es complejo. La Guardia Civil detalla que Algarín pertenece al Proyecto Hombre y una testigo dijo que Moutaz Al Mokhtar, captado por Vitalia, estaba en la indigencia. Además, la juez subrayó que el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, era adicto a la cocaína, como su jefe.

Los testaferros Eduardo Leal y Algarín estaban a las órdenes del intermediario Juan Lanzas, pieza clave de la trama y vínculo necesario para las entregas de sobres. Por un lado controlaba el último escalón de la pirámide que devolvía los favores a los políticos, y por otro se valía de su gran amistad con Guerrero, llave para todos los ERE. Y así tenía un ojo en una red de recaderos y otro en las alturas. "El ajo de todas las salsas", en palabras de un excompañero sindicalista, amasó una fortuna de 13 millones.

Las consultoras obtuvieron 34 millones en ‘sobrecomisiones’ 

En el registro de sus casas, los investigadores localizaron 82.000 euros en metálico y en una carta intervenida, se menciona que la madre de Lanzas admitía tener dinero "hasta para asar una vaca". Durante los registros, el padre se enfrentó a los agentes: "Aquí sí que hay dinero, pero ese no lo vais a encontrar". La ironía hizo que los agentes escanearan la finca con un georradar, aunque la pesquisa no dio resultado.

Conexión Barcelona.

Lanzas jugaba a siete bandas. Cada mes él o su esposa viajaban a Madrid desde Jaén para recibir sobres de la familia Ruiz-Mateos, para cuyas empresas logró como conseguidor independiente seis ERE (traducidos en tres millones en metálico según los agentes), pero además trabajó como comercial del bufete Estudio Jurídico Villasís y Vitalia. Esta consultora dirigió desde Barcelona la operativa para lucrarse con los ERE fraudulentos, y Lanzas fue su mejor contacto con la Junta andaluza.

Con Lanzas llamando a las puertas de su amigo Guerrero, Vitalia logró en sobrecomisiones 21 millones por tramitar las pólizas de los prejubilados. La cúpula estaba formada por Eduardo Pascual y María Vaqué, procesados en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank. Junto a ellos, Antonio Albarracín, dirigía la oficina de Madrid y ahora está acusado por varios imputados de entregar comisiones en sobres junto a Juan Lanzas. En sus correos electrónicos, la cúpula menciona a "los señores del Sur" a los que pagaban comisiones, aunque la juez no ha podido aclarar a quiénes se referían.

Una empleada de Vitalia declaró haber realizado varias (4 o 6) transferencias a Guerrero de 2.999 euros por orden de Albarracín. "Guarda copia de al menos dos de ellas", recuerdan los agentes. En otra ocasión Albarracín le ordenó que sacara 25.000 euros del banco para que se lo llevara a la estación del AVE de Madrid. Tras negarse la empleada, un mes después fue despedida.

Destrucción de datos.

Los indicios sobre cómo los empleados de Vitalia debían ocultar las irregularidades se acumulan. La Guardia Civil tiene constancia del borrado de información "precipitadamente", tan pronto se publicaron las primeras informaciones del caso. Esta destrucción incluyó un servidor completo. "Ojo!! SR. ESPECIAL" "(No lo enviamos al Tomador, este original lo guardamos nosotras!!!)": Eran dos de las claves escritas en la carátula de un expediente, a modo de código rojo y alerta interna, para saber que el ERE incluía intrusos. Es decir, que había personas ajenas a la empresa incluidas de manera ilegal. Una trabajadora explicó la operativa para estos trabajadores "sin gestión": "Se le daba de alta en la aplicación informática, pero completando determinados campos con ceros y unos, a fin de que el sistema no le avisara".

Ingeniería financiera.

El mecanismo financiero de Vitalia funcionaba con formato de caja única, dirigida a acumular capital que siempre se estaría moviendo de unas empresas a otras, para así dificultar el control de sus actividades. Hay una frase muy ilustrativa atribuida al directivo Miguel ángel Zamora: "El sistema de la empresa es nunca tener dinero, acostúmbrate", le espetó a una empleada. La frase está recogida en el informe que los Mossos d'Esquadra elaboraron tras intervenir la Generalitat la aseguradora Fortia Vida del grupo Eurobank.

Ladrillo extranjero

"Infinidad de mercantiles sin aparente relación (...) una actividad ilícita a nivel internacional", explican los agentes. Las operaciones incluyeron inversiones inmobiliarias en Luxemburgo y Rumanía, donde se compraban solares "a un precio irrisorio" mediante una sociedad, para luego esta vendérsela a otra empresa del mismo grupo a un precio muy superior, y así dotar de solvencia al entramado. Una testigo situó como ideólogo de la operativa al abogado Ramón Ferreo, vinculado antes a CC OO.

El caso acumula ya 73 imputados y un sumario de cientos de miles de folios

Tras caer Albarracín en desgracia, la Junta comenzó a otorgar en 2006 las pólizas a la consultora Uniter, que logró sobrecomisiones de 13 millones, según la Guardia Civil. Las acusaciones contra su responsable son menos graves, pero se le acusa de desviar fondos públicos hacia un entramado empresarial y de ahí a las asociaciones de trabajadores, bufetes y firmas con las que Guerrero había contraído compromisos económicos. Asimismo, los sindicatos UGT y CC OO percibieron 7,6 millones por su intermediación. Tras destaparse estas sobrecomisiones, cifradas en 50 millones, la Junta las ha eliminado.

De los 721 millones del fondo, el fraude asciende a 140 millones. La cifra incluye las ayudas directas a empresas por 73 millones, en su mayoría anuladas por la discrecionalidad de Guerrero para otorgarlas, y los intrusos (17 milones). Sobre estas 87 personas, el conductor de Guerrero acusó al secretario federal de Política Municipal del PSOE y exconsejero de la Junta Gaspar Zarrías, de haber incluido intrusos en los ERE. Este lo desmintió de manera tajante.

Responsabilidades políticas

Hace un año el Parlamento andaluz creó una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas, pero fue un completo fiasco que acabó sin dictamen. Mientras, la juez ha señalado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por ignorar los informes de la Intervención General que alertaron del fondo y conceder ampliaciones presupuestarias durante su etapa como consejero de Hacienda. La Guardia Civil ha ampliado su acusación a todo el Consejo de Gobierno por aprobar dichas modificaciones presupuestarias.

Mientras que la Junta ha tildado el proceso de "causa general" que investiga cuatro consejerías, el PP mantiene el caso como su arma política favorita. Los populares piden la dimisión de Griñán y su antecesor Manuel Chaves y consideran que la "x, la y, y la z" del caso está en San Telmo [sede de la presidencia de la Junta].

La juez.

Alaya estuvo de baja por enfermedad seis meses, pero solo dos semanas después se desencadenó la Operación Herácles. La tarea titánica de abarcar el caso es cada vez más difícil, a tenor de las múltiples vías abiertas. Los signos son claros: Alaya ha declinado investigar una empresa vinculada a la Consejería de Empleo y ha mandado la pieza a reparto, algo muy inusual. La Guardia Civil ya avanzó hace un año que estaba culminando un informe de la Sierra Norte que señalaba al diputado socialista José Antonio Viera, pero este aún no ha sido incorporado al sumario. Además, los 73 imputados implican el riesgo de las dilaciones indebidas, una patata caliente subrayada por el Supremo. Alaya ya ha destacado la "vorágine de información" recibida, que suma cientos de miles de folios. "El enjuiciamiento de la causa se dilatará bastante en el tiempo", ha avisado.