martes, junio 04, 2013
La historia de Antoni Marsal Fàbregas es la de una ambición
interrumpida. El empresario catalán se casó con una de las propietarias
de Estampaciones Sabadell, entonces propiedad de la familia Bonet. Y la
dirigió durante 23 años. Pero se separó y se vio obligado a salir de la
compañía. Fue su primera caída. En 2006, tras proponerse él mismo para
el cargo, logró catapultarse hasta la presidencia de la potente patronal
catalana del metal. Desde allí, se acercó a la órbita del lobby
nacionalista FemCat, dirigido por Joaquim Boixareu, para asaltar Fomento
del Trabajo y cambiarlo desde dentro. Pero Juan Rosell les vapuleó en
las elecciones y les dejó en el dique seco, fuera de los órganos de
representación. Fue su segunda caída.
La tercera caída, la más profunda y dolorosa, se fraguó el 9 de mayo
de 2012. Y el abismo aún no se ha cerrado. Aquel día, los trabajadores
de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) enviaron una carta a la junta de
gobierno en la que denunciaban una serie de irregularidades cometidas
por Marsal. Le acusaban de haber cobrado más de 600.000 euros de la UPM a
través de empresas ficticias por servicios que nunca prestó.
La misiva se convirtió en querella, y la querella ha derivado en una investigación judicial
que ha destapado la existencia de cuentas en paraísos fiscales y ha
conducido a Marsal, antaño símbolo del Vallès industrial, a prisión. El
pasado jueves, la Guardia Civil detuvo al empresario y registró su casa
de Sant Just Desvern (Baix Llobregat). En el cuartel, permaneció en silencio.
Tampoco habló al día siguiente, frente a la juez de instrucción de
Barcelona, que le envió a la cárcel ante el riesgo de que se dé a la
fuga o destruya pruebas.
El cargo de presidente de la patronal del metal no es remunerado.
Marsal obvió esa prohibición y decidió pagarse de forma indirecta y por
su cuenta por el trabajo que desarrolló en la UPM, una organización
anquilosada que bajo su mando experimentó una notable transformación, se
hizo más visible y rompió la univocidad de Fomento, donde está
integrada. Desde 2007, Marsal utilizó dos empresas —que controlaba a
través de sociedades interpuestas— para cobrar de la UPM por trabajos
inexistentes. Parte de ese dinero, 310.000 euros, fue a cuenta de las
subvenciones que el Estado y la Generalitat aportan a la patronal para
organizar cursos de formación. De ahí que, además de los delitos de
apropiación indebida y falsedad documental, la juez impute a Marsal por
malversación de fondos públicos.
En 2010, cuando las empresas que había creado tras su precipitada
salida de Estampaciones Sabadell no marchaban bien, logró revalidar el
mandato. Además de Marsal, están imputados otros cargos de la UPM por su
presunta colaboración: el ex número dos, Ángel Hermosilla; la jefa de
formación, Magda Grau, y la jefa de contabilidad, Cristina López.
Mientras se llenaban los bolsillos del empresario, según la querella,
se vaciaban los de la UPM. Cuando alcanzó la presidencia, la patronal
gozaba de buena salud financiera y tenía reservas por 600.000 euros.
Cuatro años después, estaba en números rojos, recoge la querella. Marsal
alertó a los empleados de que el deterioro económico podía provocar
despidos. Y les pidió que buscaran alternativas. Eso hicieron: bucearon
en su gestión y detectaron irregularidades que fueron confirmadas por
una auditoría externa.
El empresario, que también es vocal de la junta directiva de la CEOE, se vio forzado a dimitir
en julio de 2012 tras admitir que había cobrado por los servicios
prestados. “Reconoció que había hecho cosas mal y que se había
equivocado”, explica un directivo con el que compartió el asalto fallido
a Fomento del Trabajo. Desde su llegada, Marsal había defendido una
presidencia profesionalizada y de plena dedicación. Pero los estatutos
de la UPM, que agrupa a 18.500 empresas del sector que ocupan a 250.000
trabajadores, no se habían modificado.
La investigación judicial, iniciada hace cuatro meses, ha confirmado
las sospechas de los trabajadores. Y ha abierto nuevos frentes que
amenazan con convertir la tercera caída de Marsal en la definitiva. La
Guardia Civil ha descubierto que poseía al menos dos cuentas corrientes en paraísos fiscales. Según el auto de prisión, los agentes han hallado movimientos de hasta un millón d euros en esas cuentas.
Fuentes cercanas a Marsal, en cambio, certifican que la cantidad es
mucho menor: una de las cuentas apenas tenía fondos y la otra, en
Andorra, apenas alcanzaba los 150.000 euros. Según esas mismas fuentes,
el pasado noviembre Marsal se acogió a la amnistía fiscal aprobada por
Mariano Rajoy para regularizar sus cuentas. Y utilizó el dinero
repatriado para pagar una deuda bancaria.
1 comentaris:
Lo lamentable de estè suceso és què el marido de Magda Grau tiene un centro de formación . Que actualmente sigue dirigiendo y beneficiandose de estas malas practicas .
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