miércoles, junio 19, 2013
“Evite la pérdida de su vivienda, evite la subasta el próximo día
tal, por parte de tal entidad. No lo dude, llame al teléfono tal”.
Gayane Asilbekyan recibió esta carta en marzo de 2011, firmada por el
departamento jurídico financiero de un bufete que se hace llamar Xarxa Catalana de Defensa Jurídica. En el centro del folio, una señal de STOP,
como el logotipo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero sin la casita en la parte inferior.
Asilbekyan, armenia de 43 años que vive con seis familiares —entre
ellos dos niños—, picó. Pagó 1.800 euros “en concepto de estudio,
gestión y defensa a la ejecución hipotecaria número 1575/10 del juzgado
de primera instancia número 23 de Barcelona”. Xarxa Catalana se
comprometía “a la devolución de las cantidades entregadas si no se
llevase a cabo y a buen fin las gestiones”. La carta-recibo la firmaba
Martí Domingo. Especificaba un DNI, pero no un número de colegiado.
Han pasado dos años y Asibekyan lleva dos intentos de desahucio. El
segundo, el pasado lunes, lo paró con la ayuda de la PAH. Y al supuesto
abogado, tras pagarle los 1.800 euros, no ha vuelto a verle. Llama o
acude al despacho de la Diagonal de Barcelona y una secretaria le
responde que está reunido. O en el despacho de Girona. “Pagas y
desaparece”, resume la afectada. La misma secretaria del despacho se
niega a facilitar el número de colegiado de Domingo. El Consejo de la
Abogacía Catalana ha consultado en las bases de datos de los 83 colegios
españoles y no existe un letrado con este DNI. EL PAÍS ha intentado
contactar con él por teléfono y correo electrónico, sin respuesta.
El caso de esta armenia que llegó hace 17 años huyendo de la posguerra en su país, no es único. Hay decenas de casos, asegura la portavoz de la PAH, Ada Colau:
“Son supuestos abogados que consultan los listados públicos de los
juzgados, anotan las direcciones de las subastas pendientes y hacen
buzoneo a las familias”.
Una de las cuestiones que le dio confianza a Asibekyan fue recibir la
carta justo el día después de la notificación del juzgado de que había
sido denunciada por Bankia. “Pensé: ‘si tienen tantos datos, es que son
gente fuerte”, explica. Llamó y le dieron cita. Le impresionó el “lujo
del despacho, la vestimenta y los buenos modales de Martí Domingo”. Le
entregó todos los documentos de su casa: hipoteca, escritura,
correspondencia con el banco… “Originales y copias. Él me decía: ‘tú no
te preocupes que si no ganamos, los 1.800 están garantizados”, dice.
Tras un año de silencio del abogado, el piso
había sido subastado y el juzgado había enviado “siete notificaciones”
que ella no recibió. Domingo le propuso que le hiciera un “poder notarial”. Así se
encargarían de todo. Y ella confió de nuevo. “Al cabo de un año le
pregunté cómo estaba el tema y me dijo que tranquila”. Pero pocos días
después, una comisión judicial en su casa. El piso había sido subastado y
el juzgado había enviado “siete notificaciones” que ella no recibió.
Tras el segundo intento de desahucio, la angustia de la familia de
Gayane no ha finalizado. “Si no hubiera confiado en él, hubiera pagado
la deuda poco a poco, o hubiera negociado un alquiler”, concluye entre
sollozos.
La familia se endeudó en 2002 por 500.000 euros por su vivienda y una
tienda en los bajos en el paseo Valldaura (Nou Barris). Según ella,
solo le faltaban por pagar 24.000, aunque con los intereses de demora el
banco le reclama 200.000.
El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sámper,
“condena” estas actuaciones: “Supone engañar y estafar a gente que está
en situación de vulnerabilidad y, además, por el intrusismo de quienes
dicen que son abogados y no lo son”.
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