Jose Manuel Mosquera y la Orden Bonaria

Iosephus Emmanuel III –como se hace llamar José Manuel Mosquera Castelo, un español que dice ser heredero de la dinastía de Tadmur y príncipe de Champdor– ha acabado con sus huesos en una celda de la prisión de Sangonera (Murcia). Bajo esta apariencia principesca se encuentra el hijo de un carpintero, organizador de la denominada Orden Bonaria (ver los números 1.722 y 1.724 de interviú), una congregación caballeresca con un proyecto humanitario más que sospechoso. El 21 de diciembre de 2009, Mosquera fue enviado a la cárcel acusado de estafa por orden de la jueza de instrucción número 2 de Mula (Murcia).
Según fuentes cercanas a la investigación, Mosquera y su lugarteniente en la Orden Bonaria, José María Alarcón Cabo –también preso–, están detrás de la presunta estafa cometida por los promotores del proyecto Trampolín Hills Golf Resort, casi 2.000 viviendas vendidas y sin construir en el municipio murciano de Campos del Río. La Fiscalía Anticorrupción intenta aclarar dónde han ido a parar los más de 52 millones de euros entregados a cuenta a los promotores por más de 1.500 familias españolas y también de Irlanda, Inglaterra, Finlandia o Noruega.
Los promotores eran Antonio Martínez González –conocido en la región como el Melonero por su pasado como vendedor de fruta– y Rafael Aguilera Serna, los dos copropietarios de Trampolín Hills SL, una sociedad inmobiliaria que pretendía levantar en Campos del Río un complejo con casi 2.000 viviendas. Según la investigación, entre 2006 y el verano de 2007 vendieron el 90 por ciento de las casas sin haber obtenido la licencia correspondiente y sin que el Ayuntamiento aprobase el plan urbanístico. Más de 1.500 particulares les entregaron a cuenta anticipos que oscilaban entre los 30.000 y los 60.000 euros. Hubo incluso quien, a cambio de un descuento de 3.000 euros, llegó a pagar el precio final, más de 120.000 euros.
Cuatro años después, Trampolín Hills se encuentra en concurso de acreedores (suspensión de pagos) y en las parcelas sólo hay tierra, oficinas abandonadas, pisos piloto desvalijados y soledad.
En la causa penal por los delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible se acumulan más de 300 querellas de afectados. “El promotor Antonio Martínez sigue en la calle con la única medida cautelar de un aval de 30 millones exigido por el juzgado, que él ha recurrido –cuenta el abogado Joaquín Guzmán, que representa a centenares de damnificados–. Han desaparecido o se han desviado más de 52 millones. Por la buena fe de los compradores, la falta de profesionalidad de los promotores y la negligencia de las administraciones local, autonómica y central nos encontramos en esta situación”.
La ley 57/68 –todavía en vigor– establece dos obligaciones para los promotores. La totalidad de las cantidades entregadas a cuenta tienen que ser ingresadas en una cuenta única sólo destinada a gastos directos de la promoción (estudios, material, obras…). Y además, esas cantidades tienen que estar avaladas por una entidad financiera autorizada por el Banco de España o por la Dirección General de Seguros.
“No se cumplió ninguna de las dos. Han vivido con todo lujo presuntamente con ese dinero”, comenta el letrado Guzmán. Y ahí es donde entran presuntamente el príncipe José Manuel Mosquera, José María Alarcón Cabo –nombrado por Mosquera prior general y marqués del Krak de los Caballeros– y Enrique Martín Sanz –otro ex miembro de la Orden Bonaria también imputado y en libertad bajo fianza–.
Según documentación en poder de interviú, los miembros de la Orden Bonaria constituyeron financieras en el extranjero para operar como entidades que avalaban esas sumas de dinero entregadas por los compradores a Trampolín Hills. “Hicieron creer a la gente que su dinero estaba seguro, que los avales eran válidos y que la empresa avalista estaba autorizada”, explica el abogado.
Al principio, los avales eran de un conocido banco catalán. Ese dinero sí se ha recuperado. En total, unos 6 millones de euros. El problema surge con Swiss Financial Corporation, entidad creada en Panamá por algunos dirigentes bonarios. Su sede en España estaba en Sevilla y era la misma que utilizaba José María Alarcón para VF Servicios Financieros y de Caución, otra de las sociedades sospechosas. Swiss Financial comenzó a suscribir pólizas de garantía por las cantidades entregadas. Todas hechas y firmadas en Luxemburgo. Por cada aval se llevaba un 3 por ciento, según fuentes judiciales. Esta entidad “avaló un 30 por ciento de las viviendas vendidas; avaló más de diez millones de euros”, explica Guzmán.
Fuentes cercanas al proceso penal explican que José Manuel Mosquera, jefe de la Orden Bonaria, estaba supuestamente detrás de la operación. En 2005, el príncipe de Champdor autorizó ante notario a Swiss Financial para gestionar el patrimonio de la Orden Bonaria. Ahora, la jueza de Mula cuenta con la documentación requisada por la Guardia Civil en los domicilios y ordenadores de Mosquera y Alarcón.
“Swiss nunca tuvo una cuenta especial para el dinero de los compradores, la cuenta era de Trampolín Hills. ‘El Melonero’ abrió esa cuenta especial y era él quien podía disponer de ese dinero”, explicó uno de los imputados.
La Dirección General de Seguros publicó a principios de 2008 la lista de entidades no autorizadas para operar en España. Entre ellas estaban las cuatro sociedades vinculadas con la Orden Bonaria: Swiss Financial Corporation, Barkley Development Corporation, VF Servicios Financieros y de Caución, y Hugies Royal Finance Corporation. Esta última tiene su sede en Venezuela y una cuenta abierta en un banco español en el que aparecía en 2009 como interviniente el propio Mosquera.
En septiembre de 2008, el BOE notificó que Swiss Financial carecía de estructura empresarial en España y “colocaba sus productos a través de la infraestructura comercial de VF Servicios Financieros”. Según el Boletín, la entidad había emitido “garantías de caución” sobre edificaciones situadas en Lanzarote y estaba prestando avales como garantía para la ejecución de obras públicas en Lorquí (Murcia), “no pagando las cantidades avaladas cuando le son requeridas”. Además, informaba de que Hugies Royal y Barkley Corporation –sin autorización para operar en nuestro país– ofrecían avales por internet, y que las cuatro sociedades realizaban operaciones prohibidas.
Cuatro meses antes, en mayo de 2008, surgieron discrepancias entre los promotores de Trampolín Hills y los avalistas de Swiss Financial. Enrique Martín Sanz, apoderado de la financiera, cancelaba su relación con el Melonero por los “impagos continuados”, y el promotor aseguraba que Trampolín se había desvinculado de Swiss y que los avales estaban a buen recaudo. Al final, lo cierto es que en las cuentas de Trampolín Hills no hay un solo euro.
Todos los afectados que visitaron las obras o hablaron con el promotor Antonio Martínez recuerdan que el Melonero vivía a todo trapo. “Me enseñó el piso piloto. Allí había personal, maquinaria, oficinas –asegura Ángel Vicente Molina, de 22 años–. Y lo que más me sorprendió es que había Ferraris, Lamborghinis, Porsches… hasta los comerciales iban en Mercedes. Desviando dinero a espuertas se puede vivir muy bien. En 2007 se presentaron las primeras denuncias. Nadie ha controlado nada y mira que había sospechas, hasta Hacienda prohibió operar a las empresas avalistas”. Molina, que le entregó al promotor 30.000 euros –“los ahorros que había juntado desde que empecé a trabajar a los 16 años”– piensa que si no encarcelan a los promotores, “nunca dirán dónde está el dinero”. Al Melonero, muy conocido en la zona, le gustaba alardear de su poderío. “En sus oficinas, en el bar de las obras, había fotos suyas, incluso una vestido de boxeador”, cuenta un afectado.
Manuel Fernández, un zaragozano de 63 años, entregó 6.000 euros de señal y otros 30.000 en 2006. Dos años después “empecé a oír rumores de que el negocio no era claro, pero me tranquilizaron diciéndome que todo iba sobre ruedas. Fui a echarle un vistazo después y estaba todo desvalijado, se habían llevado hasta los frigoríficos y cortinas del piso piloto. Le debían dinero a todo el mundo”, comenta este hombre que 15 años atrás tuvo la mala suerte de verse afectado por el escándalo de PSV, una promoción de viviendas avaladas por UGT y que acabó en el 93 suspendiendo pagos y dejando tirados a los propietarios.
Mientras centenares de afectados buscan recuperar su dinero, los promotores se encuentran en libertad. Sólo el príncipe y los suyos están presos. Mosquera daba por cerrada la Orden Bonaria el 6 de enero con un mensaje en su web. Allí, el hombre de 36 años que dice descender de una dinastía siria lanzaba un ataque feroz contra la Justicia: “Nuestra querida justicia se transmutó como Golem en una prostituta, su cara pura se volvió pérfida, su espíritu manipulador… y éste me golpeó sin razón”.

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