Aunque esto podia ser normal en la década de los 2000, hoy en dia la sociedad ya no tolero este tipo de fraudes y engaños.
Abogados, funcionarios judiciales, procuradores, administradores de
empresas y subasteros, 35 en total, han sido detenidos o imputados por
la Guardia Civil por haberse puesto de acuerdo para aprovecharse de
personas que no podían acabar de pagar sus hipotecas y quedarse las
casas en subasta pública a bajo precio. El Grupo de Delitos Económicos
de Girona ha desmantelado una red que operaba en las provincias de
Girona y Barcelona. En total han detenido a 3 personas e imputado a
otras 32 por diferentes delitos, como estafa, falsedad documental y
alteración del precio concurso público. En total calculan que hay 13
víctimas y una decena de propiedades afectadas.
Esta operación, que se inició en el 2009, se ha hecho en dos fases.
En la primera, los investigadores descubrieron que empleados de
Cajamadrid, ahora Bankia, y del Banco Popular, utilizando información
privilegiada y escondiéndose tras empresas que controlaban, adquirían
viviendas, dos de ellas de lujo, a las que les quedaba muy poca
hipoteca, pero que por culpa de la crisis sus dueños no le podían hacer
frente. Después, cedían o revendían la deuda hipotecaria o crédito a un
precio más elevado a un subastero, lo que les permitía obtener un
beneficio.
En la segunda fase, la operación se centró en la figura de los
subasteros, principalmente de la provincia de Barcelona. Los agentes
descubrieron que, con uno de ellos como cabecilla, un grupo de una
quincena se habían puesto en connivencia para llevarse las casas con el
precio más bajo posible. Pero no actuaban solos, su conspiración era
posible gracias a abogados, procuradores y a los avisos de funcionarios
judiciales, que retiraban o escondían las casas interesantes de los
tablones de anuncios de los juzgados, para evitar que los subasteros que
no formaban parte de la trama las localizaran.
El subastero, incrementaba la deuda a los propietarios de las casas escogidas, y como no podían pagar, las casas iban a subasta
El subastero, incrementaba la deuda a los propietarios de las casas
escogidas, y como no podían pagar, las casas iban a subasta. Entre ellos
pactaban que ninguno pujara, por lo que se adjudicaban la casa el mismo
que la subastaba y luego la revendía a un precio más elevado del que se
la habían adquirido al banco. Finalizada cada operación, se daba una
comisión a los demás de la trama.
El subteniente, Jose Antonio Fernández Roig ha explicado como en una
de las intervenciones constataron el engaño al que se sometió a una
pareja de avanzada edad de Girona, a la cual, aprovechando su precaria
situación económica y anímica, se pretendía desposeer de su vivienda. En
este caso, dos subasteros de Girona y Barcelona, junto con un
procurador y un abogado, se pusieron en contacto con el matrimonio que
debía 13.000 de los 400.000 euros de la hipoteca de su casa y les
dijeron que ellos se quedarían la vivienda y se la venderían por una
cantidad menor. Evidentemente, la actuación no iba en favor del
matrimonio, al que pretendían dejar en la calle, “pero llegamos a tiempo
y conseguimos vía judicial anular tanto la subasta como el
lanzamiento”, ha indicado el subteniente.
La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2
de Blanes, se ha saldado con 3 detenidos, todos ellos de Girona, y 32
imputados entre los que hay 4 empleados de banca, 4 abogados, un
funcionario judicial, y 2 administradores de empresas y un procurador,
además de subasteros.
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