martes, marzo 27, 2012
La red que se hacía pasar por fiscales y peritos para cometer estafas relacionadas con la venta de pisos embargados obtuvo unos beneficios que ascienden a casi dos millones de euros y dejó una veintena de víctima. Así lo explica la juez de Instrucción número 11 de Sevilla en los autos en los que ha denegado la puesta en libertad de tres de los implicados que se encuentran actualmente en prisión provisional por estos hechos.
La instructora del caso denegó la libertad de Pedro G. C., Manuel L. A. y Aitor I. A., este último sobrino del mítico boxeador Urtaín, dada la gravedad de los delitos que se les imputan -estafa y falsedad documental con carácter continuado-, el riesgo de fuga y la posibilidad de que alguno de estos imputados pueda influir en el testimonio de las víctimas que quedan por declarar durante la fase de instrucción.
La magistrada recuerda que las estafas que se les atribuyen ocurrieron entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, y que los tres imputados se pusieron de acuerdo, arrogándose Pedro G. C. la condición de perito judicial; Manuel L. A. que tenía "facultades en los juzgados" y realizando labores de falsificación; mientras que Aitor I. A. habría usurpado la condición de fiscal. Los implicados ofrecían la "compra preferente en subasta judicial bien en los juzgados de Sevilla o en los de Huelva, por un precio inferior al del mercado, de inmuebles o coches".
Las víctimas, añade la juez, tenían que desembolsar en metálico el precio, que debían entregar en unas ocasiones a Pedro o a Manuel y en presencia en varias ocasiones de Aitor, "quien servía de gancho con las víctimas para que éstas realizaran el desembolso patrimonial, haciéndose pasar por fiscal y entregando a cambio un recibí del juzgado de Sevilla o Huelva como justificante de haber participado en la subasta".
La instructora estima que la banda podría haber obtenido cantidades próximas a los dos millones de euros, aunque esta cifra podría aumentar en el caso de que aparecieran nuevas víctimas. Actualmente, el número de perjudicados ronda la veintena de personas, entre las que se encuentra un ex diputado del PSOE que ha reconocido ante la juez que entregó 150.000 euros para adquirir una finca valorada en varios millones y que ocupaba una extensión de 600 hectáreas en la localidad onubense de Hinojos.
Tres de los denunciantes han coincidido en situar a Pedro G. C., el falso perito judicial, como el cerebro de la organización y la persona que se encargaba de los cobros.
La instructora del caso denegó la libertad de Pedro G. C., Manuel L. A. y Aitor I. A., este último sobrino del mítico boxeador Urtaín, dada la gravedad de los delitos que se les imputan -estafa y falsedad documental con carácter continuado-, el riesgo de fuga y la posibilidad de que alguno de estos imputados pueda influir en el testimonio de las víctimas que quedan por declarar durante la fase de instrucción.
La magistrada recuerda que las estafas que se les atribuyen ocurrieron entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, y que los tres imputados se pusieron de acuerdo, arrogándose Pedro G. C. la condición de perito judicial; Manuel L. A. que tenía "facultades en los juzgados" y realizando labores de falsificación; mientras que Aitor I. A. habría usurpado la condición de fiscal. Los implicados ofrecían la "compra preferente en subasta judicial bien en los juzgados de Sevilla o en los de Huelva, por un precio inferior al del mercado, de inmuebles o coches".
Las víctimas, añade la juez, tenían que desembolsar en metálico el precio, que debían entregar en unas ocasiones a Pedro o a Manuel y en presencia en varias ocasiones de Aitor, "quien servía de gancho con las víctimas para que éstas realizaran el desembolso patrimonial, haciéndose pasar por fiscal y entregando a cambio un recibí del juzgado de Sevilla o Huelva como justificante de haber participado en la subasta".
La instructora estima que la banda podría haber obtenido cantidades próximas a los dos millones de euros, aunque esta cifra podría aumentar en el caso de que aparecieran nuevas víctimas. Actualmente, el número de perjudicados ronda la veintena de personas, entre las que se encuentra un ex diputado del PSOE que ha reconocido ante la juez que entregó 150.000 euros para adquirir una finca valorada en varios millones y que ocupaba una extensión de 600 hectáreas en la localidad onubense de Hinojos.
Tres de los denunciantes han coincidido en situar a Pedro G. C., el falso perito judicial, como el cerebro de la organización y la persona que se encargaba de los cobros.
1 comentaris:
Y el mismo ya esta imputado por un delito de ordenacion del territorio
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/552004/la/guardia/civil/imputa/promotor/y/siete/compradores/viviendas/ilegales.html
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