La política andaluza se ha convertido en un escenario de conspiraciones en el que el espionaje es ya una actividad habitual. La posibilidad de que el PSOE pierda el poder en las elecciones del 25 de marzo ha provocado una rebelión en los despachos de la Junta donde los funcionarios sacan bolsas con documentos que han pasado por la trituradora, para llevarlos a la sede del PP, y otros graban conversaciones o entregan actas oficiales que después aparecen en manos de la oposición.
La
política andaluza y el ritmo de los acontecimientos están en manos de
espías. La situación sólo tiene un precedente en el episodio que se
vivió hace una década, cuando lo que estaba en juego era el control del
sistema financiero de Andalucía. Entonces, se denunció un presunto caso
de espionaje a Juan Manuel López Benjumea, presidente de Caja San
Fernando, que se resistía a aceptar las instrucciones del PSOE para
forzar la fusión con El Monte, cosa que se produjo después derivando en
Cajasol.
En aquella ocasión, las acusaciones apuntaban a que el entorno de Chaves y su mano derecha, Luis Pizarro, habían encargado presuntamente a un investigador
que siguiera los pasos de Benjumea. Se produjo incluso la desaparición
de un vídeo en el juzgado que instruía el caso, en el que aparecían
imágenes del espía que seguía al presidente de la Caja San Fernando.
El 'espía' que se llevó el pen-drive de IDEA
Lo
que se juega ahora en Andalucía es el control político de la mayor
comunidad autónoma de España, en la que el PSOE se enfrenta a su propia
supervivencia como partido influyente. El primer caso de presunto
espionaje se ha resuelto con una sanción de la Junta a Manuel Blanco Montenegro,
un antiguo directivo de la Agencia IDEA, epicentro del escándalo de los
ERE falsos, al que se acusa de pasar al PP documentación sensible,
sobre la que tendría responsabilidad de custodia como alto cargo de la
Agencia.
El Gobierno de Griñán empezó a sospechar de Manuel Blanco cuando el secretario general del PP, Antonio Sanz,
mostró unas actas de la agencia IDEA y del Instituto de Fomento de
Andalucía, IFA, en una sesión parlamentaria. ¿Cómo llegaron aquellos
papeles a manos de Sanz? La Junta investigó y dio con lo que cree que es
la clave: Manuel Blanco copió, supuestamente, en un pen-drive documentos confidenciales de la Junta para pasárselos al PP.
El PP ficha al 'espía' para que gestione la cueva del escándalo
Las
sospechas las agravó el hecho de que Blanco pidiera excedencia en IDEA
para ser fichado poco después como gerente de Mercasevilla, precisamente
la empresa pública dependiente del Ayuntamiento que preside Juan Ignacio Zoido,
y que fue el origen del caso de los ERE. Se cerraba así un círculo que
provocó un grave nerviosismo en los despachos del Gobierno de Griñán. El
supuesto espía de IDEA pasaba a controlar la cueva donde nació el escándalo después de haberse llevado copias de actas oficiales.
El
caso, que esta semana se ha cerrado con un expediente a Blanco por
parte de la Junta, donde además se le inhabilita para ser contratado por
la Administración autonómica, no es más que un episodio en el río
revuelto de la política andaluza, que ha culminado, de momento, con la
grabación de cintas por parte de un alto cargo de Invercaria, Cristóbal Cantos.
Este ex director de Promoción de Invercaria llevaba ya desde hacía un
año temiéndose lo peor, es decir, que las circunstancias le obligaran a
tener que cubrirse.
Los jueces le seguían los pasos a la
Junta, la Cámara de Cuentas emitía informes con irregularidades
difíciles de justificar, las presiones de los responsables políticos de
las empresas públicas eran asfixiantes y no sólo en los departamentos
que han saltado por ahora a la luz pública. Y Cantos se cubrió para
evitar que le obligaran a formar parte de “nuestra gente de
confianza”, “ése es de los nuestros”, como se suele decir en el
entramado de la Junta cuando se trata de maniobrar con asuntos
sensibles.
La ofensiva puesta en marcha por el PSOE contra el
ex directivo de Invercaria pasa incluso por el plano personal. Se le
acusa de ser hijo de Cristóbal Cantos, un histórico dirigente de Asaja, natural de Jerez, a quien se le imputa ser asesor de Arenas en materia económica.
Los 'espías' trasladan bolsas de documentos triturados
Pero
estos episodios no son más que hitos mediáticos de una rebelión interna
en la que los funcionarios empujan para que se produzca un cambio
político con el que poder zafarse del control de los comisarios del
PSOE. El secretario general del PP, Antonio Sanz, tiene su despacho de la sede del partido lleno de bolsas con papeles de la Junta triturados.
Hay funcionarios que se los llevan para que vea qué está pasando en el
Gobierno andaluz. Y Sanz los cuelga de la página web de su partido para
que la gente compruebe que no miente.
A la sede del PP llegan
miles de documentos, cartas anónimas, chivatazos, pistas y cintas para
que el partido de Arenas tenga material con el que derribar al régimen. El género es elaborado y contrastado después, y a partir de aquí, el PP abre un proceso que empieza con la filtración controlada de la información y las consiguientes reacciones de los líderes del partido.
Es posible que hoy no haya en Andalucía un político con más información
que Sanz, que reporta permanentemente a Arenas, y controla como nadie
el plano mediático, la cadencia de la información en las terminales mediáticas y las reacciones.
Funcionarios contra comisarios políticos
Detrás
de este proceso hay cientos de funcionarios que se mueven con el
vértigo de quienes creen que el PSOE está al borde de su propio
precipicio. La Administración andaluza vive hoy en un estado de tensión permanente. Los funcionarios de carrera, agraviados por el intento de meter de rondón a más de veinte mil contratados en la Junta, han
dejado de tenerle miedo a unos ‘comisarios políticos’ del partido
agobiados ante la posibilidad de que en menos de un mes pasen a engrosar
las colas del paro. Es más, hay gente que se mueve en lo que se llama la zona de los tibios,
que han estado cerca del PSOE pero que aspiran a mantenerse cobrando de
lo público, y que también están dispuestos a ‘pasarse al otro lado’ a
cambio de garantías de continuidad.
Lo que se juega en esta
Andalucía, cuyo ritmo se mueve hoy empujado por documentos
confidenciales y grabaciones en un macabro baile de espías y comisarios,
es un cambio de poder que no sólo se limita a la Junta, sino a todos
los circuitos que conectan con el Gobierno andaluz: desde el financiero
al social, pasando por el universitario, cultural y hasta el folclórico.
Y en esta batalla, la Junta es un campo de batalla en el que se mueven
comisarios, submarinos, topos, espías y mercenarios dispuestos a vender
su alma para seguir siendo útiles a los que vengan. Han confundido el Guadalquivir con su particular Jordán.
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