Informes con la firma de un geólogo muerto avalaron ambulatorios y casas

La realidad supera la fección. España es con un enorme iceberg de corrupción. Las noticias sobre fraudes son inagotables.

Un presunto delito por falsificación masiva y reiterada de firmas de geólogos colegiados en los estudios geotécnicos, obligatorios en la construcción de edificios para garantizar el estado del terreno y posterior cimentación, ha hecho que se disparen las alarmas por la existencia de 19 informes fraudulentos —algunos con firma de un geólogo muerto— que podrían suponer un riesgo en la edificación de inmuebles principalmente en La Rioja, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra.

Se trata de viviendas unifamiliares, naves industriales o muros. En algún caso un centro de salud, como el de Zabalgana en Vitoria. “Es un tema muy grave porque estamos hablando de seguridad. La empresa que trabaja de forma irregular se está llevando todo el mercado porque sus presupuestos son un 30% más baratos que otras”, alerta Virginia Ormaetxea, secretaria del Colegio de Geólogos de Euskadi.

El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) detectó una serie de irregularidades en los informes realizados por Industria de Perforaciones Cantábricas, SL, con sede social en Getxo (Bizkaia), que también opera como IPC Estudios Geotécnicos. El colegio pudo notificar el fraude a algunos de los promotores, pero no a las Administraciones, que una vez estas han dado el permiso de edificación son los arquitectos y promotores los responsables en solicitar una repetición del estudio si detectan una irregularidad. “Además, nos consta que en muchos casos la propia Administración está concediendo permisos faltando el informe geotécnico”, señalan desde el colegio vasco.

La empresa querellada ofrecía presupuestos un 30% más baratos

El ICOG presentó el 14 de octubre de 2010 una querella criminal en los juzgados de instrucción de Madrid —que se encuentra en fase de instrucción— contra la empresa Industria de Perforaciones Cantábricas por la presunta participación en delitos de usurpación del estado civil, intrusismo, falsificación documental en documento público y estafa. Son tres las personas querelladas; la administradora única de la empresa, el gerente y el responsable de sondeos y ensayos. El modus operandi consistía en la utilización de la firma de tres geólogos colegiados, dos de ellos sin tener constancia de que se estaba utilizando su nombre para firmar los supuestos informes geotécnicos irregulares y un tercer técnico a quien usurparon la firma mientras estuvo dos años de baja enfermo de un cáncer e incluso una vez fallecido.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los hechos que motivaron la presentación de la querella fueron a raíz de que Perforaciones Cantábricas presentara unos estudios geotécnicos para ser visados con la firma del geólogo C. J. F-R. El detonante que puso en alerta a los geólogos ocurrió el 10 de febrero de 2010 cuando llegaron al ICOG cuatro copias del estudio geotécnico para el proyecto de cimentación de un muro en Labraza (Ávila); tres copias estaban supuestamente firmadas por el colegiado C. G. y otra supuestamente por C. J. F-R. Pero no podía haber sido este último dado que había fallecido dos meses antes, el 8 de diciembre de 2009. Fue en ese momento cuando el colegio se puso en contacto con C. G., que informó de que no había realizado ni firmado tal estudio geotécnico.

“Se detectó que había informes técnicos que no cumplían la calidad exigida por el código de edificación. Nos pusimos en contacto con el colegiado que los firmaba y comprobamos que llevaba muerto varios meses, incluso cuando llamamos a la empresa nos dieron a entender que seguía vivo”, señalan fuentes del Colegio Oficial de Geólogos.

A la vista de las irregularidades detectadas, el ICOG decidió encargar un dictamen a un perito calígrafo para el análisis de las firmas de los estudios geotécnicos en los que se analizan el agua, la roca y el suelo. De las conclusiones periciales se desprendió que se podría haber cometido falsificación de la firma de C. J. F-R en 14 estudios geotécnicos presentados al colegio para su visado entre marzo de 2008 y febrero de 2010. El ICOG aclara en este punto que los estudios pasaron los controles, “eran aceptables y pasaron los mínimos requeridos”, y por eso fueron visados.

Pero IPC, que declinó responder a las preguntas de este periódico, ha seguido dando rienda suelta a sus falsificaciones. Desde que se emite un informe geotécnico hasta que se lleva a cabo la edificación de un inmueble pueden pasar hasta dos años. “Tiempo suficiente para que la empresa barra el sector de una comunidad y pasarse a otra antes de que salten las alarmas del supuesto fraude”, denuncian los geólogos vascos.

Ante la aparición de nuevos informes fraudulentos, el ICOG se vio obligado a ampliar la querella a nuevos hechos. “Nuestro problema es que a los 14 meses de haber interpuesto la querella sabemos que siguen operando de forma irregular y la justicia va muy lenta”, señala el ICOG.

La Universidad de Navarra también vivió hace cinco años un episodio similar. IPC subcontrataba al laboratorio de edificaciones de la Escuela Superior de Arquitectura para elaborar informes. Fue cliente asiduo entre 2003 y 2007 hasta que el laboratorio detectó ciertas irregularidades y dejaron de trabajar para la empresa. El fraude no llegó a materializarse en una demanda y se saldó con un acuerdo entre los abogados de cada parte.

“A través de un cliente nos dimos cuenta de que IPC falsificaba los ensayos con copias y typex. Utilizaban la hoja con nuestro encabezamiento y cambiaban los datos y los parámetros de los estudios. Desde entonces, dejamos de trabajar con ellos”, explica el geólogo Antonio Aretxabala, director técnico del laboratorio de edificaciones y geólogo, a quien suplantaron la firma en varias ocasiones.

“Sin los visados es la ley de la selva”

La importancia del visado de un estudio geotécnico radica en que este asegura que profesionales competentes han constatado que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción.

El Colegio Oficial de Geólogos ha podido detectar las acciones irregulares de IPC porque hasta la aprobación del Real Decreto 1000/2010 el visado de estudios geotécnicos —unos 100 euros— era obligatorio; una certificación que avalaba el cumplimiento del código técnico de edificación. “Con los visados había cierto control pero a partir de ahora será la ley de la selva”, aseguran desde el ICOG.

Desde el 1 de octubre de 2010 los estudios geotécnicos han dejado de ser obligatorios. “Si un colegiado incumple, aplicamos el código deontológico y lo podemos sancionar y de hecho ya lo hacemos. Ahora no hay control, cualquier profesional puede firmar un estudio porque nadie los va a supervisar”, inciden.

El ICOG cree que hay que exigir responsabilidad, recuperar los visados geotécnicos y si hay algún problema en los edificios, resultado de la mala práctica profesional, que haya una responsabilidad civil y penal al geólogo y al colegio. “La Administración no lo puede controlar todo y además no lo hace.

El objetivo es que los ciudadanos estén protegidos, que no haya empresas que se salten todas las normas”.

Los geólogos afirman que un buen informe geotécnico permite ahorrar dinero al promotor. Si no se hacen los proyectos del edificio con un coeficiente de seguridad adecuado, el proyectista no confía en ellos y se diseñan las cimentaciones con unos coeficientes de seguridad demasiado altos que requiere una mayor inversión económica.