Los pagos de comisiones a médicos de la sanidad pública de Tarragona
para que envíen a sus pacientes a solo 3 de las 81 ortopedias de la
provincia han sido confirmados por el dueño de uno de los tres centros
médicos investigados. Juan Creus, propietario de la ortopedia Creus,
aseguró: “Por todos es sabido que hay una serie de ortopedias que,
acordando una previa comisión que ronda el 30% y el 40%, se adjudica las
prescripciones de artículos ortopédicos de mayor importe, como
prótesis, sillas eléctricas y ortesis entre otros”. Estas afirmaciones
están contenidas en la investigación que lleva a cabo la Autoridad
Catalana de la Competencia (Acco).
Creus, que ha declinado ofrecer su versión de los hechos a EL PAÍS,
también defiende ante la Acco que él no paga comisiones y solicita a
Competencia de Cataluña que investigue a los demás centros ortopédicos.
“Mire de incoar el expediente sancionador a las ortopedias que realmente
tienen pactos informales —imposibles de demostrar, pero que todo el
mundo sabe que existen— con el personal médico y sanitario”.
Las graves irregularidades investigadas por la Acco afectan a los
cuatro mayores hospitales de la provincia de Tarragona, todos ellos
financiados por el Departamento de Salud: el Joan XXIII y el Sant Pau y
Santa Tecla, ambos en la ciudad de Tarragona; el Pius de Valls y el Sant
Joan de Reus. La investigación sostiene que médicos de los cuatro
centros habrían derivado a sus pacientes a las tres ortopedias
investigadas —Rambla y Ceorma, además de Creus— vulnerando la libre
elección de los centros e infringiendo, por tanto, la Ley de Defensa de
la Competencia. Además, si se confirma el pago de comisiones, las
responsabilidades podrían ser más graves.
Solo para prótesis ortopédicas, la Generalitat ha destinado este año
26,5 millones de euros, el mismo importe que en 2011. En el Camp de
Tarragona, según informa el Ejecutivo catalán, existen 81 centros
acreditados para dispensar artículos ortoprotésicos a cargo del
CatSalut. Sin embargo, entre 2006 y 2010, las tres ortopedias
denunciadas acumularon la mayoría de las prescripciones de artículos
ortopédicos a cargo del erario público. En el caso del hospital Joan
XXIII, las ortopedias investigadas se quedaron con el 70% de los
encargos; mientras que en el hospital Sant Pau y Santa Tecla esta cifra
fue del 45,28%, del 41,99% en el Pius de Valls y del 10,5% en el Sant
Joan de Reus.
Las sospechas de irregularidades llevan muchos años envolviendo el
sector en Tarragona. El ortopeda denunciante, Manuel Molina, de 72 años,
asegura que detectó por primera vez el pago de comisiones hace ya 30
años. En 2003, el Departamento de Bienestar Social también abrió
expedientes contra 27 empresas de ortopedia por fraude a la Seguridad
Social.
En 2004, la Generalitat, tras detectar casos de facturaciones falsas,
expedientó a médicos de dos hospitales —cuyos nombres no se dieron a
conocer— y estableció un decálogo de normas para combatir el fraude,
como impedir a los técnicos ortopedas el acceso a las consultas externas
de los hospitales y obligar a exponer en lugares visibles el listado de
los centros dispensadores de productos ortopédicos e informar al
usuario del derecho a elegir libremente los establecimientos.
Pero todas estas recomendaciones parecen haber caído en saco roto. El
Síndic de Greuges [el Defensor del Pueblo catalán], Rafael Ribó,
propuso la incoación de un expediente sancionador al hospital Joan XXIII
en mayo de 2010, por presunto dirigismo de sus pacientes, tras
comprobar que cuatro ortopedias de Tarragona se repartían la mayoría de
los encargos del centro. Pero el hospital nunca aplicó expediente
alguno, confirma Josep Mercadé, gerente de la región sanitaria del Camp
de Tarragona del CatSalut, organismo que tampoco ha hecho nada para
contener el fraude.
La primera vez que el Síndic pidió datos sobre el caso a la
Generalitat fue en julio de 1997. Lo volvió a intentar en 2002, y el 15
de febrero de 2011 informaron por carta a Molina que un año antes habían
pedido un informe y documentación al CatSalut, en balde.
La Oficina Antifraude también tiene sobre la mesa una denuncia por
dirigismo en los hospitales de Tarragona, presentada el 21 de diciembre
de 2011. Antifraude afirma que “no puede informar” de esas pesquisas
2 comentaris:
No es nada extraño que ante tanto defraudador, el Catsalut se vea obligado a poner en práctica las famosas "RETALLADES", para una vez mas proteger al presunto delincuente y perjudicar al usuario, que a fin de cuentas es el que le PAGA EL SUELDO MENSUALMENTE. ¡ Gracias señor Boi Ruiz!, continúe así y seguro que pasará a la gloriosa historia de Cataluña.
Este tipo de estafa al usuario se viene practicando desde tiempos inmemorables con el conocimiento de las autoridades sanitarias.Cómo queremos que se ponga fin al expolio que vienen ejerciendo un gran número de especialistas en traumatología y rehabilitación de los hospitales mencionados, si los más altos cargos del Catsalut y del Institut Catalá de la Salut han sido imputados por diversas estafas. Han pasado varias noches en el "cuartelillo", han sido imputados por varios cargos relacionados con millones de euros y próximamente (si la justricia es justa) deberán ingresar en prisión. ¡ Ah!, no se olviden, señores altos cargos de devolver LO SUSTRAIDO DISTRAIDAMENTE.
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