21 de diciembre de 2013

Lo que la verdad esconde

A medida que se conocen nuevos detalles de las subvenciones para cursos de formación en Madrid, va quedando más claro que el empresario José Luis Aneri es solo una pieza más dentro de un complicado engranaje que servía para que las ayudas públicas pasaran a manos privadas.

La Comunidad de Madrid le señala en distintos informes como el hombre que gestionó en 2012 unos 4,4 millones de euros que estaban destinados a la formación y cuya justificación nunca se ha completado. Ninguna de las asociaciones afectadas ha denunciado, pese a que ahora tienen que devolver grandes cantidades que ponen en peligro su supervivencia. Guardan silencio oficial y tratan de desvincularse del empresario, hasta ahora en paradero desconocido. Dos semanas después de que EL PAÍS publicara la investigación interna llevada a cabo por técnicos de la Comunidad de Madrid, es Aneri quien cuenta su propia versión de los hechos.

“Solo facturé a las asociaciones por los cursos que estas me encargaban”, señala el empresario cordobés, de 34 años, a través de una carta remitida a EL PAÍS por su abogado. En la misiva recuerda que él no es apoderado "de ninguna asociación", no le han sido otorgados "poderes de ningún tipo” ni tampoco ha pedido ayudas de forma directa. Sin embargo, según los datos del Ejecutivo, eran las asociaciones las que solicitaban las ayudas a la Comunidad de Madrid, en muchos casos dejando como persona/ lugar de contacto a Aneri y las sedes de sus empresas, principalmente Sinergia Empresarial.
 
El empresario atribuye esa decisión a las propias asociaciones que son, añade, “las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo correspondiente”.

Aneri asegura que su única función con las asociaciones era impartir cursos y que lo hizo “siguiendo las directrices y condiciones de la asociación que ha conseguido que se le conceda la subvención”. Los informes de la Comunidad de Madrid lo señalan como el responsable de la duplicación de alumnos en los cursos subvencionados. Algunos llegaron a hacer 30 cursos en un solo mes, según los datos regionales.

El empresario añade que el control y la justificación de las ayudas corresponden “por ley” a las asociaciones. Las convocatorias oficiales añaden que esa verificación deben de hacerla también las Administraciones durante la celebración de los cursos, pero la Comunidad de Madrid no detectó las supuestas irregularidades hasta que comenzaron a vencer los plazos de requerimiento para la justificación de ayudas.

Según los informes de la Comunidad, Aneri y sus empresas figuraba como persona de contacto para reclamar toda esa documentación, aunque el empresarios señala en su defensa que es la asociación la que debe justificar “por sí misma en primera persona sin delegación y / o subcontratación” esa ayuda.
Legalmente son las asociaciones las que deben responder por el dinero supuestamente defraudado y así se lo reclama ahora la Comunidad de Madrid, que pide la devolución de 4,4 millones. Hasta el momento ninguna de las afectadas ha presentado denuncia ni en los juzgados ni en la policía. Distintas fuentes señalan que todo este sistema se apoyaba en las mordidas que cobraban las asociaciones, en torno a un 20% de las subvenciones.

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