sábado, diciembre 07, 2013
Lo que en principio se instruyó como un fraude de IVA de 13,6
millones de euros de una cooperativa ha acabado destapando una presunta
red de comisiones ilegales y sobornos que venía funcionando, al menos,
desde 2008 en los puertos de Vigo y Marín para no declarar un porcentaje
de las descargas de pescado. Una investigación de gran calado, que
podría acarrear fuertes sanciones administrativas y delitos penales para
el sector pesquero gallego y empresas de distribución de la provincia
de Pontevedra.
La Agencia Tributaria detectó el millonario fraude en 2011, en el que
hay tres imputados por la acusación de la fiscalía de Delitos
Económicos y elevadas multas por impago del IVA. Los primeros indicios
de la trama que implica a operadores portuarios, principalmente
subasteros, saltaron después de comprobar Hacienda el enorme listado de
armadores (casi 200) que se habrían prestado a participar en la doble
contabilidad de la cooperativa San Miguel de Marín, una práctica ya
reconocida por algunos ante el juez.
Dada la trascendencia del asunto, el fiscal jefe de Pontevedra, Juan
Carlos Aladro, asumió el peso de la investigación con la apertura de
oficio de unas diligencias informativas que ya acumulan tres tomos de
instrucción con los informes resultado de las pesquisas que los últimos
cuatro meses ha realizado la policía judicial de la Guardia Civil en
ambos puertos. La abultada investigación, “muy compleja”, según fuentes
del caso, salpica a decenas de trabajadores portuarios que venían
aceptando sobornos y comisiones a cambio de manipular el pesaje de los
productos en fresco que pasaban por las lonjas. Siempre de acuerdo con
los proveedores (armadores) y cooperativas (compradores y
distribuidores), la red habría generado millones de euros de ganancias
encubiertas en los últimos años sin declararlas al fisco.
Aunque todavía no hay imputados, por la Fiscalía de Pontevedra ya han
pasado a declarar esta semana varias personas en calidad de testigos y
los interrogatorios van a continuar los próximos días. Algunos de los
que se han prestado a declarar ante el fiscal jefe son parte perjudicada
por la trama económica. Tirando de una enmarañada madeja, la
investigación pretende llegar a los responsables de esta extensa red de
presunto reparto de comisiones y fraude fiscal instalada en dos de los
principales puertos pesqueros de Galicia. Todos los indicios apuntan a
que una o varias cooperativas habrían diseñado esta formula para estafar
a Hacienda y se estima que los porcentajes de las descargas no
declaradas llegaban a la mitad en la mayoría de los casos.
Paralelamente a estas diligencias, en la instrucción del millonario
fraude de IVA, que destapó la supuesta red de comisiones, ayer
declararon en el juzgado de Marín los tres imputados en el caso. El
presidente de la cooperativa San Miguel, José Luis Santiago Pereira,
acusado por tres delitos económicos, negó ante el juez y el fiscal la
existencia de la contabilidad b en la entidad. En parecidos términos se
expresó en su testimonio judicial el responsable de las oficinas que la
cooperativa tiene en el puerto de Vigo, Laureano Pesqueira Veiga, y el
jefe de subasteros, Enrique Fernández Arca. Ambos empleados
confeccionaban las denominadas notas de venta y hojas de autoliquidación
en las que aparecen indicios de contabilidad paralela, según el escrito
de acusación del fiscal Augusto Santaló.
Los dos empleados están acusados de actuar como cooperadores
necesarios del presidente de la cooperativa y principal imputado en la
comisión del fraude, por el que se le reclama un millón de euros y unas
multas que podrían elevarse a casi diez. Los tres, en un primer momento,
se habían acogido a su derecho a no declarar ante el juez y más tarde
solicitaron una comparecencia voluntaria después de que lo hicieran
varios armadores. La declaración de los tres imputados contrasta con la
de cuatro de los armadores citados por el juzgado para aclarar el
presunto fraude de 13.689.998 euros. Los propietarios de los buques
ddmitieron esta práctica al menos en los tres ejercicios fiscales 2008,
2009 y 2010. A partir de informes de Hacienda, el fiscal sostiene que la
cooperativa llevaba una doble contabilidad y que en sus declaraciones
fiscales no se reflejan las operaciones económicas reales por lo que no
se tributaron las descargas de pescado que efectuó en el puerto vigués.
También abrió expediente sancionador a los armadores que aparecían
identificados en las facturas incautadas, algunos con su firma y con el
nombre del barco.
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