martes, enero 14, 2014
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía
contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero y ha puesto a
disposición judicial a un total de 422 personas —beneficiarios de los
contratos, miembros de la red y su máximo responsable— en 27 provincias.
Según ha informado la Guardia Civil, las detenciones se han realizado
en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño,
Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia,
Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón,
Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.
Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban
principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de
permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a
beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha
sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Además, siguen las investigaciones sobre otras personas nacionales y
extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí, de manera que no
se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha arrestado también a
14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado
penitenciario.
La operación, bautizada Relisto, se inició al tener
conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado
criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la
Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales
figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos,
toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les
pagaba por figurar como tales.
Para ello, el entramado actuaba en connivencia con gestores
autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social. El
entramado llegó a montar hasta diez empresas con gran cantidad de
trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se
cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos
implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales
contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose
en que no tienen actividad, por lo que queda patente que se trata de
empresas simuladas.
De esta forma, la red y su máximo responsable obtenían cuantiosos
beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de
alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica. Además a
estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para
cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales o
retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que
nunca llegaban a la Administración.
De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de
cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a
los 2,6 millones de euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a
los organismos correspondientes.
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