martes, abril 02, 2013
El caso Grupo Estación,
un fraude millonario por facturas falsas e impagos de IVA e Impuesto de
Sociedades por parte de empresas dedicadas a las grúas de gran
tonelaje, lleva casi una década estancado en un Juzgado de Padrón (La
Coruña) y salpicado de incidencias, como ayer informó ABC. Una de ellas
es más que elocuente: varios funcionarios de la Agencia Tributaria han
estado bajo la lupa de la investigación, aunque han quedado exculpados
en fase de instrucción.
Por contra, el único perito de Hacienda que cuantificó el
fraude, Ángel Fernández Do Campo, fue relegado de sus funciones, tal y
como él mismo confirmó a ABC. ¿Relación con el caso? Nadie le ha
explicado por qué este cambio de destino y puesto, que coincidió en el
tiempo con los problemas que empezó a tener el fiscal del caso, Juan
Antonio Frago, con su superior: la fiscal jefe de La Coruña. El fiscal
acaba de ser expulsado de la carrera.
Problemas coincidentes
Otro funcionario, Ricardo Novalbos, jefe de Servicio de la
Dependencia Regional de Aduanas, técnico también en la causa, sufrió una
campaña de descrédito tras presentar sus informes en los que concluye
que Grupo Estación facturó partidas de carburantes falsas (entregas
irregulares de combustible en vehículos que no era posible por su
capacidad o de los que se había inventado su matrícula).
La Agencia Tributaria es la más perjudicada por el presunto
fraude, pero algunos de sus funcionarios no han actuado con la
diligencia debida, según la investigación. El primer inspector al que
correspondió la denuncia presentada por Serafín Montenegro (uno de los
tres socios del Grupo Estación) fue Jaime Cabeza Gras. El denunciante
había sido apartado como administrador de las empresas por sus dos
socios (su hermano Santiago Montenegro y su amigo Carlos Mosquera) tras
intentar regularizar la situación de las mismas. Llevaban años
manteniendo una contabilidad B (aportada a la causa) y supuestamente
estaban procediendo a un vaciamiento patrimonial. Cabeza Gras no detectó
el fraude, pero sí investigó al denunciante (luego imputado) y a su
familia. Llegó a enviar cartas a las clientas de la lencería de su mujer
que habían pagado con cheques. Cabeza fue citado a declarar como
testigo en dos ocasiones, pero no acudió. La intención de la Fiscalía
era imputarlo. Finalmente dejó la inspección de Hacienda y montó un
despacho como auditor de cuentas.
Defensa cerrada
El administrador de la delegación de Hacienda de Ribeira,
Benigno Santos, pasó de ese puesto a trabajar para el Grupo Estación en
2004. Luego pidió la excedencia y se convirtió en gerente del
conglomerado a principios de 2005; en octubre de ese año constituyó como
socio único la mercantil Grúas Transportes y Servicios Estación
Galicia. Santos fue imputado, acusado entre otros delitos de ordenar al
informático el borrado de la contabilidad de la empresa que reflejaba
los cobros en «B». Finalmente se sobreseyó su imputación, aunque el
informático sigue inculpado con las mismas pruebas.
En 2008 el jefe de la inspección regional de la AEAT,
Francisco García Magariños, (el mismo que apartó al perito de sus
funciones) aportó un informe a la juez defendiendo el trabajo de
Hacienda y, al parecer, la inocencia de Benigno Santos, aunque admitió
que se habían cometido fallos. A día de hoy, ninguno de los funcionarios
está inculpado. Hacienda es la gran perjudicada por el fraude.
Contra las cuerdas
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