A las seis de la tarde de ayer, una cuarentena de peluquerías y
centros de masaje chinos de Barcelona se vieron sorprendidos con la
visita de una gran comitiva formada por Mossos d’Esquadra, Guardia
Urbana, inspectores de trabajo y traductores. La inspección responde a
una macrooperación que se puso en marcha en contra de locales en los
que, de forma encubierta, se ofrecen supuestamente servicios sexuales.
La mayor parte de las inspecciones —la mitad de ellas— se llevaron a
cabo en el distrito barcelonés del Eixample, donde abundan este tipo de
peluquerías y centros de masaje. El resto se repartieron en ocho
distritos más, a excepción de Ciutat Vella, donde no se llevó a cabo
ninguna inspección. En esta ocasión, la operación policial tenía un fin
administrativo, para comprobar el estado de los locales.
Los agentes e inspectores de trabajo se centraron en controlar tres
cosas: el tipo y estado de licencias de los negocios, la situación
laboral de los trabajadores y conocer si en el establecimiento, además
de masajes y cortes de pelo, se ofrecen servicios sexuales. Algunas de
las inspecciones pillaron a los clientes dentro, como Daniel que aseguró
la Cadena SER que estaba esperado un masaje cuando irrumpieron los
policías y admitió también que las mujeres ofrecían servicios sexuales.
Aunque el objetivo se presentó bajo un paraguas administrativo, la
intención última de la policía era detectar victimas de tráfico de seres
humanos, explotadas sexual o laboralmente, después de que detectasen un
repunte de este tipo de locales. Las redes de tráfico en las que se ven
involucrados ciudadanos chinos son de las más difíciles de detectar,
según explicó en unas jornadas específicas sobre el tema Xavier Cortés,
responsable de la unidad que investiga este tipo de casos, que aseguró
que había una “bolsa importantísima” de personas en esta situación.
Las redes se tejen a través de complejos entramados societarios, con
los que se suele regularizar a cientos de personas, lo que Mossos define
como “blanqueo de personas”. Cuando finalmente consiguen abrir un
negocio, lo transforman en una vía para traer a compatriotas y
explotarlos laboralmente. Además, estos contraen una deuda de entre
15.000 y 20.000 euros por el coste del viaje a Europa.Pero, según contó
Cortés, muchas de esas personas ni siquiera son conscientes de que están
siendo explotadas porque mantienen condiciones laborales similares a
las de su país.
La mayor baza de la mafia china es “hacer creer que no existe”, dijo
Cortés. Y para ello, lamentó, muchas veces cuentan con el apoyo de
autoridades locales que, por ejemplo, otorgan para talleres textiles en
pisos, donde evidentemente no se reúnen los requisitos para ese tipo de
negocio. De la misma forma, las mujeres explotadas sexualmente en pisos
son las más vulnerables, y difícilmente acaban denunciando a sus
proxenetas.
A última hora de ayer continuaba la macroperación en Barcelona, que
supuso una inspección a casi una tercera parte de los 120 locales de
este tipo que existen en la ciudad. En el operativo participaron 180
agentes de los Mossos d’Esquadra, 82 miembros de la Guardia Urbana, 18
inspectores de trabajo, y cinco traductores e intérpretes.
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