El dinero negro le cuesta cada año a Hacienda hasta 80.000 millones de euros

¿Cuánto deja de ingresar cada año el sector público por la economía sumergida? La respuesta la acaban de ofrecer dos expertos en ‘dinero negro’. Y su conclusión es que hasta el 8% del PIB se esfuma por el respiradero de la economía informal. O lo que es lo mismo, unos 80.000 millones de euros. Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra, hay que tener en cuenta que es equivalente a lo que recaudó el año pasado Hacienda por IRPF y Sociedades (83.607 millones), lo que pone de relieve su importancia en términos económicos.

El trabajo está firmado por los economistas Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada, y Domingo Carbajo, inspector de Hacienda y con una larga trayectoria en la administración tributaria. Ambos formaron parte de la Comisión que creó el Gobierno en tiempos de Miguel Boyer como ministro de Economía, para analizar los efectos y las soluciones para acabar con la economía sumergida.

Aquellas conclusiones cayeron en saco roto y 30 años después, como dice el informe, la economía que funciona al margen de la ley, representa ya alrededor del 28% del PIB, lo que convierte a España en el país de mayor crecimiento de la economía sumergida. Un dato lo certifica. Según su investigación, la economía informal representaba en 2006 el 19,6% del Producto Interior Bruto, pero en 2010 ya suponía el 24,7%, y en aumento. La causa tendría que ver con la crisis, que ha disparado la economía informal. Ahora se situaría en torno al 28%. Un volumen tan amplio tiene un evidente coste en términos de recaudación, y según sus estimaciones, se movería entre el 3% y el 8% del PIB.

Entre las causas que explican este aumento se encuentra la menor utilización de medios electrónicos  de pago. Muchas empresas han eliminado el cobro para no pagar comisiones y en otros casos se ha elevado el techo a partir del cual se puede pagar por medios electrónicos. Existen, además, otros factores.

Presión fiscal y dinero negro

Los ajustes (recortes) han podido afectar “de forma notable” a los comportamientos de los agentes económicos, ya que la mayor presión fiscal puede incentivar su participación en la economía sumergida “como una manera de mejorar su nivel de competitividad”. Sobre todo cuando en un contexto de crisis los márgenes empresariales tienden a estrecharse.

El resultado es un fuerte aumento de la economía sumergida. Y de hecho, según sus estimaciones,  por cada punto que aumenta la economía sumergida, los ingresos fiscales se reducen, aproximadamente, en 0,35 puntos porcentuales. Es decir, ligeramente por encima de la tercera parte del PIB.

Los autores del informe achacan este enorme crecimiento de la economía sumergida a un enfoque “excesivamente nacional” de esta problema. Y apuntan directamente a los paraísos fiscales (centros off shore). “Estamos asistiendo, sostienen, a un desplazamiento de la evasión tributaria directa hacia la elusión fiscal más sofisticada”. Y de ahí que se reclame mayor colaboración internacional.

Los expertos aseguran que junto a la cooperación es necesario que las autoridades modulen su actividad represora, y en su lugar opten por una política planificadora que dé continuidad a la lucha contra el fraude fiscal a lo largo de los años. De la misma manera, se recomienda que, al mismo tiempo, se dé ejemplo desde el lado del gasto público con una “lucha decidida” para combatir la corrupción, que de alguna manera legitima determinados comportamientos.

Los expertos consideran que una medida efectiva puede ser eliminar las unidades monetarias de mayor valor en circulación, los billetes de 200 y 500 euros, y que al empezar la crisis sumaban por sí solos el 71,2% del total circulado en España. Pero es que actualmente han subido al 76,72%, mientras que apenas alcanzan la mitad en la media de la eurozona y además bajaron en el mismo periodo.

 

Tales planteamientos restrictivos deberían acompañarse de una incentivación de los medios de pago electrónicos, evitando regulaciones que los encarezcan en términos relativos para los consumidores y mediante incentivos fiscales como los aplicados contra la economía sumergida en Alemania y a favor de los pagos con tarjetas en Asia y América.

Recuerdan, por último, que en España el uso de efectivo  duplica al de la eurozona y critican que la medida que limita los pagos a un máximo de 2.500 euros tenga un carácter aislado, sin que se hayan dado alternativa en forma de otros medios de pago.

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