La robé porque era mia

Las conversaciones telefónicas intervenidas en el caso de la Cooperación demuestran que el empresario Augusto César Tauroni, único imputado por la juez que está en prisión desde febrero pasado, tenía una estrecha relación con el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, cuando en el seno de la consejería que este dirigía, la de Solidaridad y Ciudadanía, se creó la trama que permitió saquear los fondos destinados a países en desarrollo.

Blasco siempre negó esta relación, al asegurar que solo conocía a Tauroni de vista puesto que ambos eran de Alzira. Sin embargo, el sumario recoge mediaciones para contratar a personas, intercambio de sobres mediante citas de sus secretarias y hasta el interés del consejero por negocios que parecen propios: “Bueno, tú míralo, míralo, sólo falta que se desaprovechen las oportunidades”, le dice a Tauroni tras pasarse el plazo de una convocatoria.

La llegada en 2007 de Blasco a la consejería supuso un vuelco en la manera de otorgar los fondos de cooperación al desarrollo que otorgaba la Generalitat. Un vuelco que implicó la creación en su seno de una trama que captó al menos seis millones de euros de las subvenciones concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), de los que más de 1,5 millones, según la juez, acabaron en las manos de Tauroni y de sus socios.

La magistrada Nieves Molina, que ha investigado desde el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el saqueo a las ayudas a países en desarrollo entre 2008 y 2010, ha ido hilvanando durante un año, junto a los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, un sumario que describe cómo en el seno de la consejería se orquestó una trama que captaba ONG afines, apartaba a los técnicos críticos, adjudicaba fondos incluso saltándose los informes y luego desviaba los fondos a empresas de España y en Estados Unidos. Y aunque el sumario ha evitado en todo momento citar a Blasco, todo apunta a que ha sido adrede (es diputado y está aforado), y una vez construido el armazón de la causa, será imputado.

Blasco decidía a quién se adjudicaban los proyectos 

De hecho, la juez ha acabado señalando a toda la cúpula de la consejería. A todos, menos a Blasco. Así, entre los 22 imputados en la causa por los presuntos delitos de malversación de caudales, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental figuran Josep María Felip, que fue director general de Inmigración y Cooperación; Marc Llinares, jefe de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo; Alexandre Català, que fue subsecretario de la consejería; Maria Dolors Escandell, al cargo en su día de la jefatura de programas de Cooperación; y Tina Sanjuán, entonces secretaria general de Administración de la consejería.

La juez corroboraba así la existencia de la trama denunciada en octubre de 2010 por las diputadas de la oposición Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromis. Y dos años después, las maniobras corruptas en la consejería pueden acabar con Blasco ante un tribunal.

El sumario describe perfectamente cómo funcionaba la trama. Y las declaraciones de los diferentes imputados y testigos han dado peso a lo denunciado. Por ejemplo, varias personas han constatado cómo Blasco apartó directamente a tres técnicos de la consejería que cuestionaron la adjudicación a Fundación Cultural y Estudios Sociales (Cyes, que no está relacionada con la constructora del mismo nombre) de ayudas para dos proyectos en Nicaragua. Según algunos testimonios Blasco “montó en cólera” cuando una firma externa excluyó a Cyes en la primera criba. No pasó nada, se solventó el problema y la ONG consiguió las subvenciones.

Los técnicos críticos con la actuación del consejero eran apartados

Dos proyectos que sumaron subvenciones por 1,6 millones de euros pero que solo llevaron al país centroamericano 43.000 euros. El grueso del dinero (casi un millón) se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y otra parte se la llevó una firma vinculada a Tauroni.

También hay testimonios sobre la adjudicación a dedo de otros proyectos. Así, por ejemplo, la jefa de Gestión de Programas de Cooperación, María Dolors Escandell, explicó a la juez que participó en el expediente para construir por cinco millones de euros (el 80% lo aportaría la Generalitat) un hospital en Haití después del terremoto que asoló el país el 12 de enero de 2010. Y confesó que desde el inicio se sabía que se iba a adjudicar a Esperanza sin Fronteras, ya que así se lo transmitieron Llinares y Felip, que le informaron además de que también Blasco sabía que así era.

Escandell también declaró que era evidente que Fernando Darder, presidente de Esperanza sin Fronteras, no había redactado el proyecto y que era sabido por todos que quien realmente lo presentaba, aunque se usase el nombre de la ONG, era la Fundación Hemisferio, la organización creada por Tauroni como eje de la trama. En su declaración ante la juez, la jefa de Proyectos reconoció que días antes de que finalizara la convocatoria del hospital hubo incluso una reunión para ver cómo iba el proyecto de Esperanzas sin Fronteras. Allí estuvieron Felip, Llinares, Sanjuán y, entre otros, Arturo Tauroni, hermano del cerebro de la trama y persona encargada, según la juez, “de gestionar todo lo relativo a la preparación y presentación de los proyectos”.

Esta declaración resume cómo se cocinaban las ayudas en Solidaridad y Ciudadanía: los proyectos se confeccionaban entre los responsables de Hemisferio y la cúpula de la consejería sin que los responsables de las ONG tomaran parte. De hecho, en medio de la reunión Blasco apareció con Darder y dijo que estaba enfadado porque a éste no se le había dado información sobre el proyecto. Es decir, que el consejero ya sabía que se iba a adjudicar el proyecto a Esperanzas sin Fronteras antes de concluir la tramitación.

El diseño del hospital de Haití se hizo por Hemisferio y la consejería

Otra de las declaraciones clave del sumario es la del propio Darder, que confirma lo dicho por Escandell. Según su declaración ante la juez Molina, Blasco anunció en aquella reunión a los responsables de Cooperación que a partir de ese momento tenían que contar con él. En aquella reunión, en la que Darder sitúa a los dos hermanos Tauroni, quedó pues claro que el proyecto lo elaboran al alimón responsables de Hemisferio y de la consejería, y no la ONG beneficiaria.

En la consejería se velaba por los intereses de Tauroni. Incluso este y Llinares tenían sendos teléfonos que solo empleaban entre sí, o así ocurrió al menos durante las escuchas. En informes policiales elaborados a raíz de las conversaciones intervenidas incluso se constata la presión ejercida por Blasco y Tauroni sobre Felip para destinar nuevos proyectos las ONG relacionadas con Hemisferio, que era quien realmente, tal y como reconoce Escandell, gestionaba los proyectos de las ONG Esperanza sin Fronteras, Ceiba, Asamamu o Asade África.

Y de todas ellas obtuvo la trama dinero, bien a través de firmas afines en España o bien en empresas, hasta ocho distintas, ubicadas en Estados Unidos.

“A raíz de la información tributaria, la investigación policial ha puesto de relieve que detrás de estas sociedades americanas”, dice la juez en el auto principal de la causa, “están bien Augusto César Tauroni, bien personas vinculadas al mismo”. Y la instructora asegura que el cerebro de la trama, el amigo de Blasco, se ha llevado gran parte del dinero captado de las subvenciones adjudicadas a ONG. “De esa cantidad, más de un millón y medio de euros se habría destinado a sociedades relacionadas con Augusto César Tauroni y con alguno de sus socios entre España y Estados Unidos”.

Las repetidas denuncias en los medios de comunicación sobre el saqueo de los fondos de cooperación que otorgaba la Generalitat provocaron el año pasado en la cúpula de la trama una inquina hacia periodistas y políticos de la oposición cuya dimensión solo se conoce ahora gracias a las intervenciones telefónicas ordenadas por la juez Nieves Molina. Y una de las personas más odiadas por el cerebro de la trama, Augusto César Tauroni, el único de los 22 imputados que permanece en prisión desde su detención hace tres meses, es precisamente una de las dos diputadas que llevaron el caso a la justicia.

En una conversación telefónica entre Tauroni y su abogado, José Vicente Gómez Tejedor, registrada el 19 de septiembre de 2011, se profieren unas amenazas verbales que aunque fueran solo fanfarronadas no por ello pierden una profunda carga de violencia y desprecio dado que hacen referencia a una hipotética agresión sexual. La destinataria es Mireia Mollà, diputada de Compromís.

Tras una charla de casi tres minutos en la que hablan de un juicio en Castellón y una consulta profesional sobre la compra de un avión años antes, Tauroni cambia de tema: “Y luego habrá que meditar qué hacemos con la Mireia, si la denunciamos o qué hacemos con ella”, plantea a Gómez Tejedor. “La violamos o cualquier barbaridad de esta (sic), ¿no?”, inquiere el letrado, a lo que el empresario le responde: “Sí, lo que sea, pero...”. El abogado le interrumpe: “Más quisiera la pobre, en fin”. Y se despiden entre risas.