martes, mayo 08, 2012
El Gobierno calcula que desde 2008 se han creado en la provincia de Barcelona un millar de empresas ficticias, con 10.000 trabajadores, para defraudar a la Seguridad Social, y que sólo desde septiembre de 2011 se han ideado ya 211 compañías de este tipo, con 4.000 empleados.
Estas cifras las ha facilitado hoy el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, tras celebrarse en la sede de la Delegación del Gobierno una reunión de trabajo para mejorar la coordinación en la lucha contra este tipo de fraudes, que el ejecutivo de Mariano Rajoy se ha propuesto impulsar. Además de Ablanedo, a la reunión han asistido responsables de Tesorería de la Seguridad Social, del servicio estatal de empleo y de la Agencia Tributaria en Barcelona, así como el fiscal de delitos económicos de Barcelona y el comisario jefe de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).
En declaraciones a los periodistas, Ablanedo ha explicado que la ciudad de Barcelona concentra gran parte de este tipo de fraude que cometen algunas empresas a la Seguridad Social, la administración tributaria y al servicio público de empleo y que, por ello, se ha decidido convocar esta reunión de todas las partes implicadas de la administración central.
El subdelegado del Gobierno ha advertido que "se ha instalado en ciertos sectores del mundo económico barcelonés la percepción de que si no se paga a la Seguridad Social no pasa nada" y ha asegurado que el Gobierno se ha propuesto "acabar con esa sensación de impunidad". Entre las actividades que se proponen combatir, destaca la creación de entramados empresariales complejos con el propósito de no pagar las cuotas de la Seguridad Social o la de empresas ficticias que tienen como único objetivo apropiarse de las prestaciones por desempleo.
Además, se ha detectado la existencia de entramados de empresas que realizan insolvencias fraudulentas, dejando impagados a proveedores, trabajadores y el propio Estado. Por último, la lucha contra las actividades fraudulentas de las empresas se centra en aquellas que se crean para favorecer la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas y la adquisición fraudulenta de la nacionalidad española.
En el caso concreto de la provincia de Barcelona, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que la mayoría de empresas que defraudan al dejar de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social pertenecen al sector de la construcción o se dedican a la mensajería. "Son empresas que tienen una apariencia jurídica que no se corresponde con la realidad porque parecen distintas cuando es una sola empresa generando deudas muy importantes a la Seguridad Social de hasta 3, 4 o 5 millones de euros", ha explicado.
El 'modus operandi' de estas empresas suele ser el de alquilar despachos profesionales y actuar hasta alcanzar los 120.000 euros de límite de defraudación, momento en que dejan inactiva la compañía y se van a otro local bajo el paraguas de otra empresa, aunque con los mismos trabajadores. Emilio Ablanedo ha subrayado que la reunión de hoy se enmarca en el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado por el Gobierno español el pasado 27 de abril. Para poner en marcha este plan, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado que se tomarán medidas legislativas, como la modificación del Código Penal para ampliar de 5 a 10 años el plazo de prescripción de este tipo de delitos y para elevar las sanciones, que hasta ahora tienen un límite máximo de 187.000 euros. "Castigaremos de manera más severa estas actividades que perjudican tanto a los trabajadores", ha dicho.
Además, el Gobierno creará en toda España un total de 53 nuevas plazas de inspectores de trabajo y 60 nuevas plazas de subinspectores de empleo y seguridad social. A la espera de que el ejecutivo acometa estas reformas, Ablanedo ha asegurado que ha decidido empezar a trabajar en Barcelona para "coordinarnos de manera más efectiva".
Estas cifras las ha facilitado hoy el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, tras celebrarse en la sede de la Delegación del Gobierno una reunión de trabajo para mejorar la coordinación en la lucha contra este tipo de fraudes, que el ejecutivo de Mariano Rajoy se ha propuesto impulsar. Además de Ablanedo, a la reunión han asistido responsables de Tesorería de la Seguridad Social, del servicio estatal de empleo y de la Agencia Tributaria en Barcelona, así como el fiscal de delitos económicos de Barcelona y el comisario jefe de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).
En declaraciones a los periodistas, Ablanedo ha explicado que la ciudad de Barcelona concentra gran parte de este tipo de fraude que cometen algunas empresas a la Seguridad Social, la administración tributaria y al servicio público de empleo y que, por ello, se ha decidido convocar esta reunión de todas las partes implicadas de la administración central.
El subdelegado del Gobierno ha advertido que "se ha instalado en ciertos sectores del mundo económico barcelonés la percepción de que si no se paga a la Seguridad Social no pasa nada" y ha asegurado que el Gobierno se ha propuesto "acabar con esa sensación de impunidad". Entre las actividades que se proponen combatir, destaca la creación de entramados empresariales complejos con el propósito de no pagar las cuotas de la Seguridad Social o la de empresas ficticias que tienen como único objetivo apropiarse de las prestaciones por desempleo.
Además, se ha detectado la existencia de entramados de empresas que realizan insolvencias fraudulentas, dejando impagados a proveedores, trabajadores y el propio Estado. Por último, la lucha contra las actividades fraudulentas de las empresas se centra en aquellas que se crean para favorecer la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas y la adquisición fraudulenta de la nacionalidad española.
En el caso concreto de la provincia de Barcelona, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que la mayoría de empresas que defraudan al dejar de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social pertenecen al sector de la construcción o se dedican a la mensajería. "Son empresas que tienen una apariencia jurídica que no se corresponde con la realidad porque parecen distintas cuando es una sola empresa generando deudas muy importantes a la Seguridad Social de hasta 3, 4 o 5 millones de euros", ha explicado.
El 'modus operandi' de estas empresas suele ser el de alquilar despachos profesionales y actuar hasta alcanzar los 120.000 euros de límite de defraudación, momento en que dejan inactiva la compañía y se van a otro local bajo el paraguas de otra empresa, aunque con los mismos trabajadores. Emilio Ablanedo ha subrayado que la reunión de hoy se enmarca en el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado por el Gobierno español el pasado 27 de abril. Para poner en marcha este plan, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado que se tomarán medidas legislativas, como la modificación del Código Penal para ampliar de 5 a 10 años el plazo de prescripción de este tipo de delitos y para elevar las sanciones, que hasta ahora tienen un límite máximo de 187.000 euros. "Castigaremos de manera más severa estas actividades que perjudican tanto a los trabajadores", ha dicho.
Además, el Gobierno creará en toda España un total de 53 nuevas plazas de inspectores de trabajo y 60 nuevas plazas de subinspectores de empleo y seguridad social. A la espera de que el ejecutivo acometa estas reformas, Ablanedo ha asegurado que ha decidido empezar a trabajar en Barcelona para "coordinarnos de manera más efectiva".
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