Hacienda abre una investigación a Navarra, por fraude en el IVA

Los inspectores de la Agencia Tributaria están que trinan. Y con razón. Volkswagen, la multinacional automovilística alemana, fabrica coches en Navarra, pero los vende a un filial suya –VAESA- radicada en Barcelona, que es quien en teoría soporta el pago del Impuesto sobre el valor Añadido (IVA).

Esta sociedad -meramente instrumental- es la que exporta los vehículos al extranjero, pero como este tipo de operaciones están exentas del pago del IVA -un 18%- la sociedad reclama a la Agencia Tributaria que le devuelva su dinero. Y hasta ahora lo ha conseguido. No se trata de una cantidad pequeña. Al contrario. Más del 90% de los vehículos que salen de su fábrica se venden en el extranjero.

El resultado de esta triangulación de operaciones es bien simple: la Administración central –que representa a todos los contribuyentes del régimen común- es quien hace la devolución de un IVA no cobrado previamente. Y quien realmente ingresa lo que paga Volkswagen, que actúa de acuerdo a la ley, es la administración navarra, toda vez que la multinacional alemana, como es razonable, tributa en el territorio foral, donde tiene su sede. O dicho en otros términos: ingresa Navarra, pero paga el resto del Estado.

Como no puede ser de otra manera, este tipo de operaciones ha abierto  un gran agujero fiscal. Hasta el punto de que la unidad de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria -la élite de la inspección- ha abierto un acta por un montante de unos 1.700 millones de euros, correspondientes a los últimos cuatro ejercicios fiscales.

Los coches, por lo tanto, se fabrican en Navarra, pero como se destinan casi íntegramente a la exportación, no pagan IVA. Sin embargo, el Gobierno foral se queda con los 400 millones de euros que le abona Volkswagen. En paralelo, la Hacienda estatal devuelve el 18% del precio de un vehículo a la filial de VW en Barcelona. Además de esto, Navarra se beneficia de las instalaciones de Volkswagen en Lanbaden.

Según los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria, VAESA, la filial de VW en Barcelona -acrónimo de Volkswagen-Audi España-, paga únicamente cinco euros por cada vehículo que ‘compra’ en Navarra, lo que supone que cada coche –a un precio medio de unos 10.000 euros- le cuesta al Estado -excluida Navarra- 1.800 euros. En total, unos 400 millones de euros al año. Y no hay que olvidar que desde 1994 la filial española de VW viene utilizando este sistema de comercialización de sus vehículos.

La situación es tan insólita que los presupuestos de Navarra -pese a su régimen foral- dependen en realidad de Madrid, que es quien acaba de firmar un acuerdo con el Gobierno navarro dando cobertura legal a este desaguisado. Sin este acuerdo, firmado tras el encuentro entre Rajoy y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, la comunidad foral estaría prácticamente intervenida debido al enorme peso del IVA de Volkswagen respecto de su recaudación. 

Sólo el IVA procedente de los coches fabricados en Navarra por VW representa nada menos que el 10% del presupuesto foral, que en 2010, según la Cuenta General de la comunidad, ascendía a 3.815 millones de euros. Esto quiere decir que, por un lado,  la Agencia Tributaria abre un acta de inspección, pero por otro, el Ministerio de Hacienda pactó la semana pasada –en una reunión de la Comisión Mixta Estado-Navarra- seguir devolviendo la mayoría del IVA repercutido, pese a que por ley no le corresponde. En total, y según el acuerdo, de los 400 millones de euros anuales, 375 millones los seguirá pagando durante los próximos tres años ‘Madrid’,  y el resto, Navarra.

La importancia del 'caso Rover'

Lo curioso del caso es que la actitud de la Hacienda central contrasta con la que mantuvo en su día con Álava a cuenta del pago del IVA por parte de la multinacional Rover. El Gobierno central recurrió, y al final la Diputación de Álava –la competente en asuntos fiscales- ha sido la que se ha visto en la obligación de devolver 435 millones al Estado español.   

Cerrada la vía de agua abierta en la economía navarra, el acuerdo supone, igualmente, que los vehículos de VW se exportarán ahora directamente desde Navarra, pero la devolución del IVA no correrá a cargo del territorio foral, sino del común. 

El acuerdo  parece coherente con lo que dijo hace algunas semanas el ministro Montoro, quien adelantó que el Estado “no va a dejar caer a ninguna comunidad”. Y eso es lo que ha hecho con Navarra, que, como se sabe, ha decidió renunciar a aplicar la amnistía fiscal. Al mismo tiempo, ha anunciado que no sólo no recortará el gasto en educación o sanidad, sino que incluso amenaza con llevar el ajuste al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Navarra, igualmente, ha subido los tipos del IRPF muy por debajo de lo decretado por el Gobierno central para los territorios de régimen común.

El hecho de que la Agencia Tributaria actúe por un lado y Hacienda por otro, no paraliza el procedimiento. Pero dada la tradicional lentitud de la justicia española –sobre todo en el orden administrativo- habrá que esperar varios años para encontrar una solución judicial. Y entonces, ya estará resuelto el contencioso por la vía de los hechos consumados, toda vez que la Administración central subvenciona con un 18%  cada uno de los coches que salen de la fábrica de Volkswagen, un territorio con autogobierno fiscal. Al menos sobre el papel.