Detectives privados y una tienda de espionaje caen en una red de venta de datos

Sus datos pueden estar en manos de su enemigo y usted ni se ha enterado. Es muy fácil. Un funcionario de cualquier rama de la Administración, con acceso a bases de datos privados, o el empleado de una empresa de telefonía o un servidor de Internet puede caer, en cualquier momento, en la tentación de vender esa información. Y eso es lo que ha estado pasando durante los últimos años.

El Ministerio del Interior acaba de detener a más de 70 personas acusadas de formar parte de una gran red española de tráfico de datos. Así lo confirmó ayer el ministro Jorge Fernández Díaz durante una visita a la Escuela de Policía de Ávila. Es, pues, la mayor red dedicada al tráfico de información desarticulada hasta la fecha. La mayoría de los detenidos son detectives privados, pero también hay tres empleados del Inem, abogados, gestores, empleados de telefonía o guardias civiles.

La investigación comenzó cuando se detectaron informes de despachos de detectives con datos confidenciales de ciudadanos y empresas. La mayoría de estos despachos tenían su sede en Barcelona y de ahí que fuese el juzgado de instrucción número 17 de esta ciudad el que se hiciese cargo del asunto, que se encuentra actualmente bajo secreto de sumario. Entre la información que se compraba la red figuraban listados de llamadas telefónicas recibidas y emitidas, domicilios, historiales laborales, datos fiscales, propiedades, matrículas de vehículos a nombre de personas o empresas, multas de tráfico o antecedentes penales.

Según Fernández Díaz, algunos detectives o algunas personas que trabajaban en seguridad “entraban en connivencia, en cohecho, con funcionarios de las Administraciones que tenían acceso a los datos”. Pero, por si fuera poco, algunas de las informaciones obtenidas eran utilizadas para realizar informes comerciales o personales y con ellos se hacían “chantajes y coacciones” a los investigados. 

Como consecuencia de ello, según ha podido conocer El Confidencial, ha sido detenido Josep C., gerente de una empresa de Barcelona dedicada a la venta de aparatos de espionaje (que no tiene nada que ver con la franquicia La Tienda del Espía). Se da la circunstancia de que esta empresa también suministra aparatos a las propias Fuerzas de Seguridad, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil o los Mossos d’Esquadra. Además, esta compañía fue pionera en suministrar pequeños helicópteros guiados por control remoto destinados a paparazzi, así como a comercializar los últimos métodos de escuchas que se presentan en las ferias internacionales de seguridad.

No era una inspección normal

Además, un buen puñado de detectives han sido también arrestados por comprar información confidencial. “La Policía llamó como si fuese a realizar una inspección normal. De este modo, se aseguraba que tanto el titular del despacho como la mayor parte de su personal se encontraría en él. Pero, en realidad, no iban a practicar ninguna inspección, sino que iban directamente a detener a los detectives. Fue una operación muy bien calculada”, dice a este diario un profesional de la investigación de Barcelona.

Vicente C., ex guardia civil y actualmente detective, y Carles B., investigador privado son otros dos detenidos en Barcelona, provincia donde cayeron una cuarentena de miembros de la red. Entre ellos, tres empleados del Inem que trabajaban en la delegación de Badalona y que, presuntamente, sacaban información confidencial sobre los domicilios, historial laboral y situación financiera de ciudadanos. En Valencia, fue arrestado el detective Vicente P., mientras que en Jaén se arrestó a un guardia civil de nombre Ángel y en Vitoria corrió igual suerte otro miembro de la Benemérita.

La denominada Operación Pitiusa comenzó hace casi un año y se ha desplegado por 20 provincias, en las que se han efectuado 43 registros como consecuencia de los cuales se arrestó a, al menos, 73 personas, aunque algunas fuentes señalan a El Confidencial que este número puede verse ampliamente desbordado. Aunque el mayor número de detenidos y de registros se produjo en Cataluña, también ha habido arrestos en Madrid, País Vasco, Galicia, Valencia, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria. Las acusaciones que penden sobre los detenidos son las de intrusismo profesional, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Fuentes conocedoras del caso señalaron a este diario que esta red no operaba “como la típica red estructurada piramidalmente”. Es decir, no existía como organización jerarquizada, sino que operaba como una tela de araña con trasvase de información de manera horizontal. “Por ejemplo, si un abogado o un gestor tenía un cliente que quería un informe completo de un rival empresarial, de un socio, de un empleado o de un cónyuge, encargaba el caso a un despacho de detectives. Éstos, a su vez, se encargaban de realizar un rastreo por las bases de datos públicas o hacían un seguimiento físico, con cámaras de vídeo. Pero, en ocasiones, echaban mano de datos confidenciales. Por ejemplo, podían obtener la lista de llamadas telefónicas realizadas o recibidas por el investigado. Y esta información la compraban a empleados de empresas de telefonía. O también se hacían con el historial de la persona en cuestión a través de las bases de datos del Inem. Y eso es completamente ilegal”, explican las fuentes consultadas.

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