estafa de la Central Hipotecaria del Inmigrante

Enrique Caño, fingiendo apoyar a los inmigrantes necesitados de una vivienda, construyó una trama de hipotecas basura con la que engañó a varias familias. Las protestas y las manifestaciones de apoyo a los afectados han acompañado sus primeras declaraciones en los juzgados de plaza de Castilla.

   La denuncia de los afectados por la presunta estafa masiva de la Central Hipotecaria del Inmigrante ampliará a diez personas más la acusación en este caso, elevando hasta 25 los damnificados por este caso personados en el mismo.

     Según ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los afectados volverán a concentrarse este jueves frente a los juzgados de Plaza de Castilla con motivo de la incorporación al caso contra la presunta estafa del "chiringuito financiero" Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI).

   Según ha recordado la PAH, la primera denuncia contra la CHI se registró el pasado 30 de noviembre de 2010, momento desde el cual se han realizado sucesivas ampliaciones del caso hasta elevar las nueve denuncias iniciales hasta las 25.

   Sin embargo, según ha anunciado el abogado de la PAH, Rafa Mayoral, esta denuncia irá aumentando con el paso del tiempo. Asimismo, ha lamentado que la investigación la estén llevando los propios afectados "ante la falta de acción de la Fiscalía y el Tribunal".

   El gerente de la CHI, Enrique Caño, fue detenido el pasado 24 de noviembre por orden del juez Agustín Morales, que le imputa un presunto delito de estafa. Según las declaraciones de los denunciados, el acusado, a través de la CHI o de otras cuatro oficinas con nombres similares, conseguía créditos de más de 200.000 euros para personas "de escasa solvencia económica".

    Para ello organizó presuntamente una trama de avales cruzados, de manera que los hipotecados se avalaban unos a otros sin que muchas veces se conociesen entre sí. Según los denunciantes, para conseguir una vivienda, Caño exigía al comprador que, de entrada, firmara como copropietario de otra vivienda, amén de una señal que rondaba los 10.000 euros y que, en caso de que la familia se echara para atrás, nunca devolvía.

   Según han sostenido, el acusado cerraba sus operaciones con entidades como Caja España, Caja Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo o Caixa de Catalunya "con pocos días de diferencia con objeto de eludir los controles de riesgo del Banco de España". 

   En este sentido, han anunciado la denuncia a "sucursales de todos estos bancos por su responsabilidad en las operaciones". Por último, la PAH ha reclamado "la apertura de investigaciones y el destino de los medios humanos y materiales necesarios para el esclarecimiento de estos hechos bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición"

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