Si existieran publicaciones dedicadas a explicar cómo se diseñan
estructuras opacas para la cometer un fraude fiscal, el entramado de
Gürtel se calificaría de “típico o de libro”. Así describe la Agencia
Tributaria el diseño de la trama liderada por Francisco Correa, en un
informe en el que sostiene que sobre su asesor fiscal, Ramón Blanco Balín,
existen “numerosas pruebas” que “confirman plenamente” los indicios de
haber sido cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda
Pública que se le imputan a Correa.
La Agencia Tributaria explica claramente cuál era el sistema: Para
ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos inscribían
bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a
través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un
socio único extranjero, que es una sociedad residente en otro país, y
que a su vez es propiedad de una tercera residente en un paraíso fiscal o
territorio no cooperante. Normalmente, tal como explica el informe, el
administrador de la sociedad española es un hombre de paja “normalmente,
alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales”, mientras que
los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a
conocerse, “precisamente por haber constituido las sociedad en esos
territorios no cooperantes”. “Si es preciso, la cadena de sociedades
puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países
convenientes a los fines que se persiguen”, asegura el documento
entregado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Otra estructura más simple es la venta de sociedades sin apuntar el cambio en el Registro Mercantil. El mismo informe explica “otro esquema más simple” que consiste en la
creación de una sociedad mercantil española, incluida en el Registro
Mercantil con el asesor fiscal y sus empleados como socios fundadores y
administradores. A continuación, esta sociedad vende sus acciones o
participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta
conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia
Tributaria, que pasar a “desconoces así por completo a los titulares
reales”. “Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho
también sirve para ocultar la titularidad real”, sostiene la Agencia
Tributaria.
El escrito se ha elaborado después de que el asesor fiscal de Correa
solicitara el sobreseimiento de su causa. Tras la petición, el
magistrado que aún instruye el caso Gürtel, Antonio Pedrerira, solicitó
un informe sobre los indicios o pruebas que sostuvieran la acusación de
cooperación necesaria para la comisión de delito fiscal por la que está
imputado. Hacienda afirma que Ramón Blanco, “al aportar sus
especializados conocimientos en el tema, diseñar la estructura, ordenar o
intervenir en operaciones, llegando hasta asumir la administración de
una sociedad patrimonial española dedicada a estos fines, está
desempeñando un papel indispensable para la consecución de los fines de
la trama”.
En su exposición, la Agencia Tributaria afirma que Correa tiene
sociedades de muy diversa índole: Unas que realizan actividades
empresariales, otras con funciones complementarias, otras para
inversiones inmobiliarias de carácter especulativo, otras que son las
titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales y territorios no
cooperantes (numerosas sociedades domiciliadas en Antillas Holandesas,
Nevis, lslas Vírgenes...) y otras que tienen la única finalidad de dar
opacidad a un patrimonio situado en España.
Pese a que no era el motivo del informe, la Agencia Tributaria expone
otra consideración y se refiere a que “la complejidad de la conducta
desplegada, el empleo de cadenas de sociedades y cuentas bancarias
situadas en diversos territorios, etc. consigue, precisamente, lo que
pretende: hacer difícil llegar a conocer toda la realidad de las
operaciones y personas a las que éstas deben imputarse”. Por ello,
señala, se justifica el tiempo que está en marcha la instrucción, cerca
de tres años, durante la que se han requerido “registros en despachos,
peticiones de contabilidades de sociedades, de cuentas bancarias,
comisiones rogatorias internacionales y la obtención de abundante
documentación que requiere un detenido examen y análisis para obtener
conclusiones fiables”.
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