martes, abril 15, 2014
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigan un fraude presuntamente
cometido por los responsables de gestionar y otorgar los cursos de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Málaga, y en el que estarían implicadas una quincena de empresas dedicadas a impartir estos cursos para desempleados.
Según han confirmado a EL MUNDO fuentes de la investigación, aunque
las pesquisas policiales han arrancado en la provincia de Málaga, el
fraude se habría cometido también en otras provincias de la Comunidad
andaluza, y en total lo defraudado podría alcanzar los 2.000 millones de euros.
Agentes de la UDEF de Madrid se han desplazado a Málaga para proseguir con unas investigaciones que llevan abiertas un año,
y en las que se ha tomado ya declaración a más de 200 personas en
distintos municipios de la provincia, según confirmaron a este periódico
fuentes policiales. El fiscal jefe de Málaga dispone ya de un
pormenorizado dossier con el 'modus operandi' de los implicados en el
desvío de estos fondos para la formación de desempleados.
La mayor parte de los interrogados son alumnos de los cursos
supuestamente organizados en la capital, en Fuengirola, Vélez Málaga,
Antequera, Ronda y Estepona. Muchos de estos cursos no llegaban a tener lugar, pero las empresas organizadoras de los mismos cobraban las subvenciones y las justificaban, a veces elaborando listados falsos.
Las empresas beneficiadas eran además creadas para impartir los
cursos, y una vez que estos habían acabado las entidades se disolvían
rápidamente para eludir los controles y las responsabilidades. Muchas de
las empresas agraciadas por estas ayudas, de hecho, se han liquidado o han desaparecido, como ya ha informado este periódico.
Los investigadores se desplazaron la pasada semana a la provincia de
Málaga, y tras sus pesquisas entregaron un informe a la Fiscalía
Anticorrupción donde se detalla el supuesto fraude cometido en los
cursos de formación durante el ejercicio 2010, y que sólo en Málaga podría elevarse a los tres millones de euros.
Contratos y empresas fantasma
Los alumnos interrogados asistieron a cursos de Formación Ocupacional
(FOP) subvencionados por la Junta de Andalucía a través del SAE en el
año 2010. En dichos cursos figuraba un posterior compromiso de
contratación que nunca se produjo.
Los agentes de la UDEF que dirigen la operación desde la Comisaría
central de Madrid han trabajado conjuntamente con funcionarios de la
Seguridad Social, y explican en su informe que una vez que se impartían
los cursos, el SAE garantizaba la contratación de al menos el 60% de los
asistentes en una empresa durante un periodo de seis meses. En la
mayoría de las ocasiones, sin embargo, una vez acabado el curso no se
contrataba a nadie y el dinero acababa en manos de empresas fantasma
creadas al efecto.
El 25% de las ayudas se quedaban en la propia Junta
La Policía cree que la Junta de Andalucía habría pagado el 75% de la
subvención concedida a las empresas beneficiarias sin comprobar si
cumplían los requisito legales exigidos. El Ejecutivo andaluz habría
mantenido mientras tanto el restante 25% en sus arcas, sin que consten protestas o reclamaciones por parte de las empresas subvencionadas respecto a ese 25%.
Las subvenciones están firmadas por quien fuera el delegado de Empleo
de la Consejería de la Junta de Andalucía en Málaga, Juan Carlos
Lomeña, destituido de sus funciones en 2011. Lomeña tomó posesión de su
cargo en mayo de 2004, y el 2 de agosto de 2011 fue cesado como delegado sin que se ofreciera un motivo oficial de su sustitución.
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