La trama supuestamente dedicada a conseguir subvenciones de la Junta
de Andalucía para renovar el equipo informático de empresas sin que
estas mejoras llegaran nunca a aplicarse continúa investigándose en los
juzgados. El grupo de Fraudes del Cuerpo Nacional de Policía dio por
terminado su trabajo en 2010, pero el Juzgado de Instrucción número 6 de
Málaga está ahora en plena fase de ordenar la investigación. "Son unas
diligencias muy voluminosas", precisan fuentes judiciales. Ya se ha
tomado declaración a una quincena de implicados en los delitos de
estafa, falsedad documental y fraude en las subvenciones.
La empresa Cau Group Consultores figura en el epicentro de la trama, cuyo gerente es Julio Andrade Baeza, presidente de la asociación de extrema derecha radicada en Málaga, ‘Libertad e independencia’" y que intervino en una de las querellas presentadas contra Garzón. Esta consultoría supuestamente hacía de intermediaria entre las
compañías que querían obtener una subvención de la Agencia de Innovación
y Desarrollo (Idea) de la Junta y la Administración.
Los
investigadores policiales han detectado irregularidades en expedientes
de subvenciones por un importe de 115.000 euros. "Se trata de proyectos
aprobados para los que se preveía un 40% de subvención con respecto a la
inversión total que tenían que realizar y en los que es relativamente
fácil justificar unos costes superiores", detallan. Entre las 17
empresas implicadas en esta práctica fraudulenta hay una escuela
infantil, empresas de hostelería, explotaciones agrícolas, empresas de
diseño y tiendas de informática. Según la investigación de la agencia
Idea, Cau Group contactaba con la empresa, tramitaba el expediente y
facilitaba las facturas para justificar las adquisiciones. Las facturas
son supuestamente falsas: o bien no llegaban al importe total del
proyecto subvencionable o bien directamente no respondían a ninguna
compra de material informático. Además, la red contaba con empresas
proveedoras con administradores comunes, que aparecen en la trama
emisora de facturas, que solían ser de mucho importe.
La Policía
supo de estas irregularidades tras una denuncia de la gerencia malagueña
de la agencia Idea. Se habían hecho inspecciones físicas en escasas
ocasiones porque el importe de los incentivos no superaba los 60.000
euros, que era el límite marcado por procedimiento interno de la
agencia. Aun así, los investigadores sospecharon que era una "práctica
habitual".
Estas ayudas iban dirigidas a la modernización e
implantación de tecnologías de información, tanto de ordenadores y otros
aparatos como de programas. En uno de los casos denunciados, la empresa
había pedido incentivos a fondo perdido para colocar equipos
informáticos por valor de 37.141 euros. Idea le concedió una subvención
de 14.856 euros. Tras la inspección de la Junta, se comprobó que "la
inversión justificada con facturas no había sido adquirida por la
empresa". El empresario aseguró a los técnicos de Idea que fue la
empresa Cau Group Consultores quien le "embarcó" en la petición de la
subvención, junto con otra empresa proveedora.
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