sábado, febrero 01, 2014
Resulta que las comunicades mas subvencionadas, son las que defraudan mas impuestos. Es indignante que la ecomonia sumergida haya crecido en Catalunya, son insolidarios y nos estan haciendo el boicot pagando menos impuestos. Los que mas defraudamos queremos los impuestos de Catalunya. Ya empiezo a entender porque Catalunya quiere la independencia. Pues si, quizás lo catalanes paguen menos, porque estan hasta los cojones de matarse a trabajar, para otros que hacen fraude y no pagan impuestos. Esto no pasa en ningún pais del mundo.
La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000
millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del PIB
al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros
ocultos, según recoge el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis*,
presentado hoy por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y
dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.
Según se desprende de este estudio, el volumen de la actividad
económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros
anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía
sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009,
considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se
disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos
ejercicios siguientes juntos.
Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario,
ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la
economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por
lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.
Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro
–triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa
a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas
por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de
corrupción política y empresarial.
Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros
en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y
el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona
euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores
para saldar operaciones al margen del fisco.
Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad
con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de
nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura
defraudadora no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y
Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos
situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o
Gran Bretaña (10,1%).
En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la
reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales,
un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy
difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay
actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.
El efecto capital y la brecha entre provincias
Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que
analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y
provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha
incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país.
Así, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid,
que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del
17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por
la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y
grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus
actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se
genera en otras autonomías.
De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores
corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el
pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las
exenciones fiscales.
En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo,
como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del
Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas
tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas
rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.
Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este
estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la
economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias
de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos
dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida,
Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el
periodo que va del año 2000 al 2012.
Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias,
que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y
la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto
demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a
cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos
industrializada y carente de inversión empresarial.
Conocer el problema y hacer un frente común de todas las AAPP
Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía
sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera
dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por
entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún
gobierno. Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra
el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden
aflorar del mercado negro.
Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia
Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base
de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco
también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que
según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por
cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania
o los 551 de Luxemburgo.
Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de
una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que
implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la
adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las
de los demás países europeos.
Por último, el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha),
Carlos Cruzado, cree que la AEAT “debe tomar nota del tremendo éxito
cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad
vial a lo largo de las últimas décadas, que han permitido una drástica
reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal,
educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y
alertar sobre los efectos del fraude”.
* Acerca del informe
El informe “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude
en España durante la crisis” se realizó en 2013 analizando las variables
que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el
paro, la evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el
PIB, el consumo eléctrico, entre otros. Los resultado del estudio se han
centrado en el periodo que va de 2008 a 2012, aunque la muestra también
hace una retrospectiva que llega hasta el año 2000 para observar el
comportamiento del fraude antes de la crisis económica. De todos los
métodos empleados tradicionalmente para realizar este tipo de informe,
el profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà, ha empleado
el MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples Causas) y también hace
referencia a otros estudios recientes para mostrar un contraste aún más
realista de las conclusiones del informe.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la
Agencia Tributaria, al agrupar a 8.000 profesionales. En la actualidad,
los Técnicos realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el
objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una
administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado
volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB. Por ello,
Gestha participa activamente en importantes debates abiertos ante la
opinión pública, como son las reformas tributarias, la lucha contra el
fraude, el control del gasto y otros temas de actualidad
Aqui el informe completo
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