Un fraude de 1.000 millones de euros

Aqui en España estafamos a lo grande, casi tanto como Modoff, pero no pasa nada. 

El Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (León) investiga un posible fraude en la obtención de más de mil millones de euros en ayudas estatales a la producción de carbón. Esa es la cantidad total que recibieron en subvenciones, entre 2007 y 2012, las seis empresas privadas mineras imputadas por el juez tras apreciar "indicios racionales de criminalidad" en su actuación.

Entre las seis empresas imputadas se encuentran las tres principales compañías privadas mineras de España (Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, propiedad de Don Vito Corleone, o Victorino Alonso y con explotaciones en Asturias, y la Hullera Vasco-Leonesa), las dos empresas del grupo propiedad de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León (Alto Bierzo e Hijos de Baldomero García) y finalmente Carbones Arlanza. Estas seis compañías, y doce empresarios del sector que las administraron, están imputadas por posibles delitos de fraude. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el juez de Ponferrada aprecia "indicios racionales de criminalidad" por la obtención de subvenciones para la producción de carbón entre los años 2007 y 2012 "falseando las condiciones requeridas" para su concesión u ocultando aquellas que hubiesen impedido recibirlas.

La investigación, originada por una denuncia de un particular y realizada a instancias de la fiscalía, se centra en el periodo 2007-2012 Las seis compañías imputadas recibieron en esos seis años más de mil millones de euros en ayudas para la producción de carbón, casi el 80% del total destinado a las explotaciones privadas. Estas subvenciones las concede el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria, y tienen como teórica finalidad cubrir, total o parcialmente, las pérdidas que genera a las empresas mineras la producción corriente de mineral autóctono destinado a generar electricidad dado que el coste de extracción se considera que está por encima del de mercado.

En cada convocatoria anual de ayudas se fija un tope de tonelaje de producción de carbón subvencionable por empresa que se corresponde con la ayuda máxima a la que pueden optar las compañías. En todas las convocatorias las empresas solicitan acogerse a esos topes y reciben mensualmente la ayuda correspondiente. Concluido el ejercicio deben justificarla y si no cumplen la producción comprometida están obligadas a reintegrar la ayuda que hayan percibido en exceso. En ese punto se centra la investigación abierta en el juzgado de Ponferrada. Una de las empresas afectadas, Unión Minera del Norte, ya ha anunciado que recurrirá la imputación y se ha apresurado a afirmar que en la concesión de las ayudas a la producción de carbón existen márgenes de tolerancia que permiten que la producción sean menor de la asignada inicialmente. Así, por ejemplo, en la convocatoria de 2012 ese margen era del 10%.

Las seis empresas imputadas recibieron en 2007 más de 200 millones de euros en ayudas a la producción de carbón y desde esa fecha se han ido reduciendo los tonelajes máximos, por los ajustes en el sector, y con ello las subvenciones. En 2009 ya recibieron 194 millones de euros, en 2010 un total de 191 millones, en 2011 un total de 188 millones y en 2012, con los fuertes recortes en las ayudas al sector, estaba previsto que recibieran 68 millones de euros, pero las empresas de Victorino Alonso (Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, que optaban a unas ayudas de 29,3 y 19,8 millones de euros respectivamente) quedaron excluidas del reparto ya que no cumplieron los requisitos de la convocatoria de ayudas al comprobar Industria que mantenían deudas con la Seguridad Social.

Las seis empresas mineras imputadas por el juez de instrucción de Ponferrada por posibles fraudes en la obtención de ayudas estatales (Coto Minero Cantábrico, Unión Minera del Norte, Hullera Vasco-Leonesa, Alto Bierzo, Hijos de Baldomero García y Carbones Arlanza) obtuvieron más de mil millones de euros en subvenciones para la producción de carbón autóctono durante el periodo 2007-2012, el que está investigando el juez a instancias de la fiscalía y tras la denuncia de un particular.


Las compañías imputadas acapararon casi el 80% de las subvenciones a explotaciones privadas que concedió Industria en los seis años que está investigando el juez. En 2007 recibieron en conjunto más de 200 millones de euros. En 2008 fueron 199 millones, en 2009 un total de 194, en 2010 un total de 191, en 2011 un total de 188 y en 2012, con los drásticos recortes que llevaron al sector a la huelga había previstos 68 millones, per el grupo Alonso se quedó sin 49 millones por deudas a la Seguridad Social.