El moroso tenía razón

"Volveremos a llamarle”. Carlos León encajaba la amenaza antes de colgar el teléfono sabiendo que inexorablemente se cumpliría al día siguiente a la misma hora. El cobrador que le exigía el pago de una deuda de 23 euros con una compañía telefónica llamaba todos los días a las nueve de la mañana. Así durante dos meses. Un juez acaba de dictaminar que este usuario fue “intimidado de forma constante” por la compañía de cobro Konecta para obligarle a pagar. El magistrado condena a la empresa de telefonía a pagar 900 euros, que él ya ha donado a la asociación de consumidores que le apoyó en el caso. “El dinero no me importa, es algo simbólico”, afirma León triunfante con la sentencia en la mano.

La resolución no es común. Muchos morosos, incluso aquellos que no pagan el teléfono por discrepancias con la factura, han recibido este tipo de llamadas, pero muy pocos han acudido a los juzgados para denunciar las coacciones. Lo sabe bien Pablo Camacho, un abogado que ha transitado por los dos bandos. Camacho trabajó cuatro meses para el Cobrador del Frac, hasta que las prácticas que él consideraba “inmorales” le hicieron fundar en 2002 junto a dos socios El Defensor del Moroso.

Un cambio en el módem fue el origen del conflicto de Carlos León con la compañía. No quería pagarlo sin ver la factura porque aseguraba que la telefónica le había explicado que era parte de un servicio gratuito. Pero al devolver el recibo, su nombre pasó a engrosar la lista de morosos de Vodafone, que a su vez se lo entregó a una de las compañías que cobran sus impagos. La telefónica se defiende diciendo que impone a estas unas normas que incluyen “llamar a horas normales y nunca más de una vez al día”.

Antonio Vargas, abogado zaragozano, también fue víctima del acoso por impago, pero sus conocimientos de derecho le ayudaron a afrontar la situación. Una empresa en nombre de Movistar le reclamaba el pago de una factura que él nunca reconoció. Y actuó contra quienes le hostigaban. “Supe que había que demostrar las llamadas [de acoso] con un registro telefónico, pero entiendo que cualquier otro ciudadano no sepa por dónde salir”, explica. Los operadores de Credit and Risk Solutions llegaron a comunicar con él hasta 55 veces entre abril y septiembre de 2009, según acreditó la sentencia condenatoria por coacción a la empresa de cobros que dictó la Audiencia Provincial de Zaragoza. Aún hoy recuerda el tono impertinente de las llamadas a las ocho de la mañana, incluso en días festivos.

España es uno de los pocos países en los que no se regulan las prácticas de las empresas de cobro

Lo más efectivo, explica Camacho, es acudir a la vía administrativa y denunciar el uso irregular de información sobre el deudor ante la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia nunca actúa de oficio. Las telefónicas y las entidades financieras son las mayores reincidentes. Un portavoz explica que entre sus investigadas están el Banco Cetelem y Cofidis, con decenas de denuncias. Mientras que el primero ha declinado dar su versión sobre estas sanciones, el segundo asegura que, cuando ha recurrido ante la Justicia, ha ganado.

La historia cambia en los matices, pero el proceso es casi siempre el mismo. El teléfono de Camacho no deja de sonar para atender a clientes. En sus 11 años de actividad afirma que ha atendido a unos seiscientos. Los tres defensores de los morosos trabajan en la calle o desde su propia casa ya que les han quemado la oficina dos veces, relata Camacho, condenado por calumnias por unas afirmaciones que hizo sobre su exempresa. “Las compañías de cobro crecen como las setas, porque es más barato recurrir a ellas que a la vía judicial, o porque son impagos que no se pueden justificar”, puntualiza. Camacho se lamenta de que estas prácticas no se hayan regulado todavía. España es uno de los pocos países de Europa que no cuenta con una norma específica sobre las empresas de recobro. En 2009, CiU llevó a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso una proposición no de ley para establecer unas bases que saquen la actividad del vacío normativo en que se encuentra. La propuesta fue aprobada por unanimidad, pero la práctica jamás se reguló. El gerente de la Asociación de Empresas de Gestión de Cobro (Angeco), José María de Gregorio, señala que su organización, que agrupa a 49 firmas que gestionaron en 2012 unos 90.000 millones de euros de deuda, lleva años luchando por una regulación. “El sector no tiene una buena imagen pública y las sentencias por acoso no ayudan. Algunos utilizan prácticas más que sospechosas, pero no es lo habitual”, señala.

Carlos León enseña su sentencia favorable.

Uno de los expedientes sancionadores de la Agencia del Protección de Datos abierto en agosto al Cobrador del Frac, líder en el sector, incluye la transcripción de un documento interno en el que el agente informa así a su supervisor: “No está, le dejo tarjeta”. Luego hizo lo mismo en casa de la madre del afectado. El expediente también incluye unos de los carteles que los cobradores cuelgan en el buzón o la puerta del moroso con la leyenda “moroso paga o todos lo sabrán”. La empresa asegura que el proceso está aún en trámite. Cuando se interroga sobre sus métodos a Manuel Merino, director del departamento jurídico del Cobrador del Frac, rehúye dar detalles y se limita a apuntar que “no hay ninguna ley que regule las buenas prácticas” y que ellos trabajan “dentro del marco legal”.

Pedro (nombre ficticio) no opina lo mismo. Este madrileño no se siente acosado por una gran compañía de telecomunicaciones, sino por un pequeño proveedor. Acuciado por las deudas cerró hace dos años sus dos empresas de construcción y aún hoy sigue pagando a los acreedores. Algunos de ellos, cansados de esperar, decidieron recurrir a El Buda del Moroso. “Me han hecho la vida imposible, llaman a mis padres y a mis suegros a horas intempestivas”, sostiene. Esta misma compañía acumula varias sentencias condenatorias por amenazas y coacciones como las que denuncia Pedro. Este diario ha intentado sin éxito que la empresa explique su versión.

El cobrador colgó en la puerta y el buzón del deudor el cartel:

"Moroso paga a todos lo sabrán"

Los cobradores telefónicos encontraron en Rubén Sánchez un hueso duro de roer. Sánchez es portavoz de Facua, organización para la defensa de los consumidores, y también víctima de las llamadas de una empresa de cobro. Él se toma el asunto a broma. “Hay mucho miedo, la gente no sabe dónde tiene que denunciar y se encuentran con que hay una persona impertinente llamando a todas horas”, señala. Sánchez rompió hace seis años un contrato de permanencia con una compañía telefónica porque le habían aumentado la tarifa y le pedían 100 euros. Le llamaron entonces dos veces para reclamarle la deuda, que él no abonó. Su sorpresa fue que este año las llamadas volvieron, al principio a diario, ahora todos los viernes. Sánchez grabó una de estas llamadas y la colgó en Internet para denunciar el caso. Tras su experiencia, Facua lanzó la campaña #yonosoymoroso para informar a los afectados, e incluso proporciona un formulario en su página web para presentar la reclamación en la agencia de protección de datos.

“Ellos buscan quebrar tu voluntad, pero nadie tiene derecho a turbar de esa manera la tranquilidad de una persona”, asegura Carlos León, que ahora duerme tranquilo sabiendo que el teléfono no empezará a sonar a las nueve de la mañana.

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