Eres un chorizo

“Un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada”. La juez Mercedes Alaya acusa al exdirigente de CC OO Juan Antonio Florido de haber ejercido como “facilitador” para la consultora Vitalia, que gestionó la mayoría de los ERE fraudulentos con intrusos identificados por la investigación. A cambio, Vitalia le pagó 265.000 euros a través de cuatro pólizas.

Florido, ex secretario general de la federación de industria y química para Comisiones Obreras (Fiteqa) en Andalucía, aprovechó sus relaciones con los comités de empresa gracias al cargo que ostentaba, y así les facilitó a Vitalia información sobre empresas en crisis, lo que habría propiciado ese “paquete completo” de ERE, prejubilaciones y financiación pública. La magistrada le acusó de malversación y tráfico de influencias, y tras su comparecencia este miércoles, en la que se negó a declarar, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza por responsabilidad civil de 353.333 euros. A continuación, Florido abandonó los juzgados en libertad con cargos.

El sindicalista había trabajado para la empresa Hytasal y después de ser incluido en el ERE como prejubilado en 2003, un año después volvió a ser dado de alta en la Seguridad Social como trabajador de Hytasal. Al margen de los 221.000 euros de esta póliza de Hytasal, la consultora Vitalia le retribuyó 42.000 euros a través de tres pólizas a cambio de sus gestiones para la intermediaria, por su “estrecha relación” con el responsable de Vitalia en Andalucía, Jesús Bordallo.

Antes de Florido declararon ante Alaya dos intrusas (personas ajenas a las empresas beneficiadas) de la firma malagueña Hytemasa y la jiennense Primayor. Josefa Martínez, extrabajadora de UGT, percibió 96.029 euros, suma que asegura ha devuelto a la Junta. Mientras, Nieves Ruiz, esposa del presidente del comité de empresa en Cárnicas Molina, cobró 113.000 euros y Anticorrupción le pidió una fianza civil de 171.192 euros. Ruiz alegó que pensaba que recibía una indemnización que le dieron a su marido tras ser despedido.

En paralelo, Alaya impuso este miércoles al ex director de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera una fianza civil de un millón de euros. La juez le achaca contribuir en 2010 y 2011 a “mantener del sistema de ayudas al margen del procedimiento legal”.

Al trascender hoy que la juez ha impuesto a los sindicatos UGT y CC OO la responsabilidad civil subsidiaria por la imputación de sus dos dirigentes Salvador Mera y Roberto Carmona, en UGT las direcciones estatal y regional protagonizan un enfrentamiento sutil. El secretario general, Cándido Méndez, ha dicho que según el auto, “no es la UGT, porque es una organización compuesta por distintas federaciones, cosa que corresponderá aclarar”. Mientras, UGT Andalucía, personada como acusación popular, se plantea ahora si pide una aclaración a la juez (ya que su auto fija UGT, sin aclarar si estatal o regional) o presenta un recurso de reforma contra el auto. Mientras que el auto de Carmona dirige la responsabilidad civil subsidiaria sobre la federación de industria de CC OO, el de Mera no concreta y deja UGT en abstracto, a pesar de que este sindicalista lideraba la federación de industria en el momento de los hechos investigados (2006).

Mientras, la juez Alaya dispone desde este miércoles de escolta policial. El día después de que decenas de sindicalistas le increparan a las puertas de los juzgados, el juez decano sevillano, Francisco Guerrero, solicitó a la policía escolta permanente para la magistrada. “Fueron incidentes inaceptables pero no es el desencadenante, sino otro hecho más. La juez asume asuntos demasiado mediáticos y la medida es justa y adecuada”, puntualizó Guerrero. Fuentes policiales concretaron que dos agentes de paisano están a disposición de Alaya, que establece cuándo necesita su presencia para sus desplazamientos.