Los detectives privados no han escapado a los efectos de la crisis. La información cuesta, y renunciar a saber si la pareja es infiel, si una patente ha sido copiada o sacrificar la certeza de que nuestro arrendatario no subalquila nuestro apartamento sirve para ahorrar. Pero también en épocas de depresión aumenta la preocupación por el dinero, por no perderlo y por recuperar lo perdido. "La crisis ha multiplicado por cinco las investigaciones económicas de los detectives", afirma Óscar Rosa, vicepresidente segundo de la Asociación Profesional de Detectives Privados (APDPE).
Las pesquisas económicas y financieras han pasado de 40.000 a 200.000, igualan ya en número a las de absentismo laboral y casi triplican las del entorno familiar. "Suponen el 25% del total de las investigaciones", añade Rosa. La misma crisis que ha provocado la caída de otros servicios de investigación ha servido para contrarrestar sus propios efectos.
Algunas empresas recurren a los servicios de los detectives privados para no ser víctimas de un fraude por una decisión, tal como cerrar un contrato, basada en datos erróneos. "En épocas de bonanza, esta información se obtiene en el registro mercantil, pero en una situación como la actual no está bien actualizada", sostiene Óscar Rosa. "Y nosotros aportamos datos personales que no se podrían conseguir de otra manera", continúa. "Si se trata de una empresa de transporte, hablamos con los vecinos del dueño, ponemos cámaras y podemos descubrir que antes salían 50 camiones y ahora solo 20", propone Rosa a modo de ejemplo práctico.
Pero el "producto estrella" es el demandado por bancos, entidades de crédito y cajas de ahorro para localizar morosos que se esconden o para averiguar si una persona o una empresa es insolvente o si, en cambio, posee bienes suficientes para hacer frente al pago de una deuda. Hay quienes aportan datos falsos sobre su domicilio y no tienen a su nombre las empresas de las que se les supone los dueños. "Desaparecen realmente como si se los hubiera tragado la tierra", explica Eva Grueso, presidenta de la APDPE y responsable de Ascom Detectives Privados. Los informes del detective, regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán válidos ante un juez.
Los caminos para eludir las obligaciones de pago son muchos aunque no nuevos. "Desde hace cinco años venimos detectando divorcios simulados", asegura David Sanmartín, director de la agencia de investigación privada Grupo Has y secretario de la APDPE. Para evitar el acoso de los acreedores, se intenta hacer creíble un divorcio, de manera que todos los bienes quedan a nombre de la ex pareja del moroso. La labor del detective será, según Sanmartín, "intentar descubrir si viven juntos y si mantienen una relación externa de matrimonio, es decir, si estamos hablando de un divorcio formal simulado".
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