Detenidos dos empleados del Zoo de Madrid por estafar un millón de euros

El mensaje anónimo que llegó por el correo electrónico interno decía lo siguiente: “Les escribo para avisarles de que en el zoológico les están robando a ustedes y perjudicando a los trabajadores y que los ladrones llevan actuando más de un año”. A continuación, aportaba dos nombres: Juan José Encinar y Diego Fernández. Ambos, de 55 y 30 años, respectivamente, fueron detenidos la semana pasada como presuntos autores de una estafa de más de un millón de euros realizada con la venta de entradas falsas en el conocido parque de animales madrileño. El mayor de los dos, el tal Encinar, era el gerente, concretamente el responsable del Departamento de Explotación del parque, el que se encargaba de controlar la recaudación, de abrir y cerrar las puertas y las cajas de las taquillas de la entidad desde hacía 10 años, aunque trabaja en el Zoo desde hace 17. El otro, el más joven, era un taquillero con ciertas habilidades informáticas y con 11 años de antigüedad en la entidad.

 Era enero de 2014 cuando ese correo de emisario desconocido llegaba a la administración de la empresa Parques Reunidos, que gestiona el Zoo de Madrid desde que en noviembre de 1967 el Ayuntamiento aprobase en un acuerdo plenario la concesión de ese espacio, junto al Parque de Atracciones y al Teleférico en la Casa de Campo. Las alarmas se dispararon, y no precisamente porque se hubiese escapado un gorila. Los responsables de la entidad, con el director del Zoo, Ricardo Esteban, al frente, no dudaron en contratar los servicios de los detectives privados de la Agencia Cosmos con el fin de comprobar los hechos denunciados. Así fue como un agente secreto pudo comprobar el modus operandi de los estafadores: “Todo se centraba en la taquilla número 2 y en los días de mayor afluencia de público: fines de semana, festivos...”, relata el policía de la Unidad de Estafas de la Brigada Provincial de Madrid, que posteriormente contrastó los informes de los detectives. “El investigador compró una entrada un día con dinero en efectivo y pitó al entrar, pero le dejaron pasar sin problemas y, otro día, hizo lo mismo, pero pagó con tarjeta. Ocurrió lo mismo, pitó pero pasó”.

Los empleados tenían orden expresa del gerente de dejar pasar, a pesar de que las entradas procedentes de la taquilla numero 2 no fuesen identificadas por el lector electrónico de la entrada. “Eran falsas, duplicados, pero tenían un defecto: el código de barras desplazado y por eso pitaban”, explica el agente.

El dinero contante y sonante de esa taquilla iba directamente, como por un bypass, al bolsillo del gerente y no dejaba ni rastro porque, junto a su supuesto cómplice, el tal Fernández, habían instalado un disco duro externo para evitar que se contabilizasen en el sistema de registro de boletos central. El resultado era siempre el mismo, el que quería el gerente: “Esa taquilla no computaba, era como si nadie comprase entradas allí”. El Zoo, según fuentes del mismo, vende una media de un millón de entradas anuales a un precio de 22,90 euros en el caso de los adultos.

Pero en el caso de los pagos con tarjeta el asunto era aún más descarado: “Utilizaban un datáfono portátil, guardaban las copias de los pagos y los hacían pasar por la taquilla número tres a cambio de llevarse el dinero correspondiente en metálico”.

Para llegar al 1.168.147 euros —que es lo que el Zoo calcula que han robado— tuvieron que vender más de 40.000 entradas falsas en un año, el tiempo —estimado por la inactividad de la taquilla número dos— que han estado realizando estas operaciones fraudulentas.

Con los informes de la agencia de detectives Cosmos, los de una empresa informática que comprobó que se había instalado un disco duro externo, y con los abogados del bufete Baker & McKenzie, acudieron los responsables del Zoo a la policía a principios del mes de julio pasado.

Encinar aseguró —siempre según fuentes policiales— ser el único beneficiario de este fraude paulatino y reconoció —y así se comprobó después— que tenía una caja fuerte en un banco con un total de 103.225 euros, ni uno más ni uno menos, y que estaba dispuesto a devolverlos.

El caso sigue abierto y está en manos del juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la plaza de Castilla. Ambos empleados, acusados de un delito de estafa, han sido despedidos del Zoo, pero, en opinión de los agentes policiales, por el hecho de no tener antecedentes penales y haber declarado y colaborado hasta reconocer los hechos, “raro sería que acabasen con sus huesos entre rejas”.

Un pacto de venganza

Una venganza. Esa es la razón que han esgrimido el gerente Juan José Encinar y el taquillero Diego Fernández, los dos detenidos en el caso de la estafa del Zoo de Madrid, como presuntos culpables de un fraude de más de un millón de euros. Cansados de un supuesto “maltrato laboral” por parte del director de la entidad, se pusieron de acuerdo para vengarse. O al menos eso han declarado ante la policía. Una revancha, eso sí, un poco sui generispor consistir en un robo continuado de dinero que, además, iba a parar a la caja fuerte de uno de ellos.

“Nos hacían mobbing, nos decían que no servíamos para nada, que teníamos que trabajar más, que había que sacar esto adelante”, recoge el atestado policial realizado con motivo de su declaración.

No obstante, y según fuentes del Zoo, “no consta ninguna denuncia ni queja relacionada con acoso laboral o similar”. La entidad no quiso realizar más declaraciones al respecto: “La investigación continúa abierta y confiamos en la labor que están desarrollando las autoridades a fin de esclarecer los hechos delictivos. Por esta razón no vamos a decir nada más al respecto”. El último conflicto laboral ligado al parque tuvo lugar en 2011 cuando los 200 trabajadores convocaron una huelga de dos días contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la empresa Parques Reunidos, que por aquel entonces pretendía prescindir de 22 empleos fijos.

Los informes policiales relativos a la presente estafa recogen, eso sí, que los dos detenidos, habían estado en tratamiento por depresión. En concreto, que Encinar fue llevado a declarar desde la clínica López Ibor, donde supuestamente ingresó voluntariamente en el pasado mes de junio. Salió detenido y con el preceptivo informe médico que desaconsejaba su posible estancia en los calabozos. “No sabemos si forma parte de una estrategia de defensa”, advierte uno de los agentes.

Lo cierto es que ayer, en la citada clínica madrileña, no tenían constancia de que ninguno de los dos presuntos estafadores estuviese ingresado: “Ha podido recibir ya el alta”, trataba de explicar una de las recepcionistas.

Encinar, que en su declaración aseguró a los agentes que solo falsearon las entradas y se llevaron el dinero “durante unos meses” para perjudicar al director, ha asumido toda la responsabilidad sobre la apropiación del dinero y ha eximido a Fernández del asunto.