El 95% de los ciberdelitos cometidos quedan impunes

El 95% de los delitos relacionados con las nuevas tecnologías —la llamada cibercriminalidad— quedan impunes, según un estudio sobre este tipo de infracciones que será hecho público próximamente por primera vez por el Ministerio del Interior. “Este fenómeno de la cibercriminalidad tiene gran importancia nacional e internacional, no sólo por la amenaza que representa para los ciudadanos, sino también por el peligro que supone para la economía y las infraestructuras críticas”, según señala el informe en poder de EL PAÍS.

Durante el año pasado, la policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales recibieron 42.437 denuncias sobre delitos sexuales, estafas, fraudes, falsificaciones, amenazas, interceptación ilícita de sus comunicaciones y otras modalidades. Solo han sido esclarecidos 2.167 de esos hechos (el 5,1% de los conocidos por las fuerzas de seguridad del Estado). Eso supone “un porcentaje todavía muy bajo” en comparación con los éxitos policiales obtenidos respecto a las infracciones penales investigadas ese mismo año (el 37%) o con el esclarecimiento de robos y atracos (el 23,9%), según admite el estudio.

Escondidos en la ‘nube’

El Centro Europeo contra los Ciberdelitos, (EC3), dependiente de Europol, y la Comisión Europea (CE) consideran que la nube informática (almacenes de datos virtuales alojados en servidores distantes del usuario) es uno de los principales retos a los que habrá que hacer frente contra los delitos en internet.

“Los servicios en nube tiene muchos beneficios para consumidores y empresas, pero también permiten a muchos criminales almacenar material en internet en lugar de en sus propios ordenadores, lo que hace cada vez más difícil su localización”, aseguró en Bruselas el pasado febrero la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström.

Según el director del EC3, Troels Örting, los ataques suelen producirse desde fuera de la Unión Europea, lo que complica su persecución cuando hay implicados países, por ejemplo de África, donde no existe la protección de datos.

La rapidez, el anonimato, la comodidad y la facilidad de las nuevas tecnologías hacen que los delincuentes las aprovechen para sus actividades, tanto para las “tradicionales” como para otras más novedosas. Esto se traduce en ataques a sistemas informáticos, robo y manipulación de datos, usurpación de identidad, actividades de pederastia, estafas comerciales y bancarias mediante el phising (suplantación de identidad), la difusión de virus o troyanos, etcétera.

El alcance mundial de estas actividades criminales ha causado alarma en todos los Gobiernos del mundo, que han puesto en marcha medidas legislativas para prevenir y castigar tales conductas. Dentro de este contexto se enmarca el Convenio de Cibercriminalidad suscrito en Budapest (Hungría) en 2001, que España ratificó el 1 de octubre de 2010.

El Convenio de Budapest pretende atajar delitos como el acceso ilícito a los sistemas informáticos; la interceptación o interferencia de las redes; la producción y venta de dispositivos y programas que permitan la intrusión en un sistema informático; la alteración o borrado de datos; los fraudes por internet; la producción y distribución de pornografía infantil y los ataques a la propiedad intelectual y a los derechos afines. No obstante, el estudio del Ministerio del Interior también alerta de otros crímenes no contemplados en el Convenio de Budapest, como los delitos contra el honor, las amenazas y coacciones y el narcotráfico.

Dos tercios de las 42.437 infracciones conocidas por las diversas policías españolas en el año 2013 corresponden a fraudes informáticos; las amenazas y coacciones suponen el 20%; y el resto son infracciones de otro tipo.

 

El 5 de diciembre de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional “con el fin de dar respuesta al enorme desafío que supone la preservación del ciberespacio de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre él”. La Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones han suscrito un acuerdo de colaboración para combatir el cibercrimen.

Tanto la policía como la Guardia Civil han ido reforzando durante el último trienio, con más medios y más personal, las unidades dedicadas a luchar contra los delitos vinculados a internet y a las nuevas tecnologías. Sus investigaciones se saldaron el año pasado con la detención de 5.054 personas y aclararon 2.167 delitos. Eso supone que por cada hecho criminal fueron arrestadas un promedio de 2,33 personas, “lo que indica que los autores no suelen actuar a título individual, sino formando parte de grupos organizados”, según el análisis de Interior.

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