lunes, julio 01, 2013
La banca tendrá la obligación de ponerse en contacto inmediatamente
con sus clientes cuando los gastos cargados a sus tarjetas de crédito se
salgan del patrón habitual, según consta en la propuesta de nuevo
Código Mercantil elaborado por un grupo de 60 expertos y presentado
recientemente por el Ministerio de Justicia.
El nuevo Código busca regular el uso de tarjetas en áreas que hasta
ahora se regían por lo establecido en contratos, o por el criterio de
cada entidad. Y dedica un capítulo al asunto, en el que incluye la
obligación de los bancos de “comunicar sin demora al titular de la
tarjeta todas aquellas operaciones cuyo importe o frecuencia excedan de
lo que determina el historial habitual del cliente”.
Estas operaciones podrían servir de indicio de que la tarjeta en
cuestión ha sido objeto de robo o fraude. Si el banco no avisa, según la
redacción de la propuesta de reforma del Código Mercantil, tendría que
asumir los gastos irregulares en caso de fraude. “Si el banco no avisase
al cliente al detectar en su cuenta operaciones cuyo importe o
frecuencia excedan lo habitual, estaríamos ante el incumplimiento de una
obligación del contrato y podría generar la obligación de indemnizar.
Pero, al no haber mayor concreción, será la jurisprudencia que vayan
sentando los tribunales la que determine los límites de la
responsabilidad de las entidades”, explican fuentes de la Comisión de
Codificación que ha elaborado el documento.
El gasto con tarjetas, a la baja
Los indicios de recuperación no llegan a uno de los grandes barómetros del consumo: las tarjetas de crédito o débito. El importe de las operaciones realizadas en el primer trimestre del año se contrajo un 3,12% frente al mismo periodo del año pasado. Esta caída es similar a la del último trimestre de 2012 y sitúan estos seis meses en los más negativos de este indicador desde la recesión de 2009.La caída del uso de tarjeta muestra el empeoramiento del clima económico de 2012 y el arranque de 2013, según los datos del Banco de España. Baja en mayor proporción el importe de las transacciones que
No es la misma conclusión que se saca en las retiradas de efectivo de cajeros automáticos. Los usuarios sacaron menos dinero en el primer trimestre (24.748 millones, un 3,66% menos), pero aún rebajaron más las visitas que hacen a las máquinas: 209.280, un 6,18% menos.
El número de las tarjetas de circulación en España también ha remitido desde 2009. En el primer trimestre había 68,17 millones, el volumen más bajo desde 2005. El proceso de concentración del sector financiero y la mayor sofisticación de los sistemas de pago son dos causas que explican esta caída, junto con la decisión de algunos clientes de reducir el número de tarjetas para ahorrar.
Muchas entidades ya informan a sus clientes en casos similares, ya
sea por mensaje de texto al móvil u otros tipos de comunicaciones.
Albert Figueras, director de medios de pagos del Banco Sabadell, explica
que su entidad, y otras, comunican operaciones sospechosas, como “un
gasto o una retirada de efectivo de un cajero que se haga en dos países o
dos ciudades diferentes con poco espacio de tiempo, o una transacción
muy importante, fuera de lo habitual. Ahí compruebas con el usuario
porque puede ser correcto, pero también indicio de problemas”.
La propuesta de la Comisión de Codificación, que trabajan desde 2006
en la reforma del Código vigente (data de 1885), tiene que ser
refrendada aún por el Gobierno, cuyo borrador no se conocerá hasta final
de año.
“El Código lo que hace es poner orden en aspectos en los que había un
vacío”, añade Figueras. Aclara, por ejemplo, lo que ocurre en caso de
robo o extravío.“La utilización no autorizada de la tarjeta por un
tercero no producirá efecto alguno desde que se hubiera comunicado la
pérdida o la sustracción al emisor en la forma establecida en el
contrato. La prueba de que la comunicación se ha efectuado corresponde
al titular de la tarjeta”, señala el artículo 673-5. Sin embargo,
advierte que “antes de la comunicación el contratante soportará las
consecuencias del uso no autorizado conforme a lo dispuesto en la
legislación sobre servicios de pago".
Las entidades tendrán la obligación de remitir al titular de la
tarjeta “un resumen detallado de las operaciones realizadas, en el que
se hará constar la fecha y el importe de cada operación, así como la
identidad del empresario o de la entidad asociada en que se hubiere
realizado, la fecha de remisión del resumen y, si la tarjeta fuera de
crédito, la fecha de vencimiento de la obligación de pago”. El usuario
podrá impugnar cualquier operación en el plazo de un mes siguiente desde
la fecha de recepción del citado resumen.
Entonces el banco dispondrá
de 15 días para, o bien rectificar el error, o bien para “explicar en
lenguaje comprensible” la liquidación impugnada, con copia de los
comprobantes o fundamentos de la operación cuestionada.
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