martes, julio 23, 2013
El Consejo de la Unión Europea (UE) dio hoy luz verde a dos directivas que refuerzan la lucha contra el fraude relacionado con el cobro y la declaración del IVA,
que supondrá la creación de un sistema que permitirá a los países
reaccionar de manera rápida si detectan una defraudación grave.
"Los
puntos flacos del sistema del IVA dejan a los Estados miembros
expuestos al fraude, a menudo con graves consecuencias para los tesoros
nacionales. Esto es especialmente cierto en las transacciones
transfronterizas", aseguraron los Veintiocho en un comunicado.
Tras
el acuerdo alcanzado el pasado 21 de junio en el Ecofin, los Estados
miembros han aprobado la creación de un "mecanismo de reacción rápida"
que permitirá a los países actuar con urgencia en el caso de que
detecten casos de fraude repentino y masivo.
"Los fraudes evolucionan rápidamente, dando lugar a situaciones que requieren una respuesta rápida", explicaron los Veintiocho.
El
"mecanismo de reacción rápido" es una medida excepcional y temporal que
solo podrá aplicarse hasta final de 2018, de manera que si los
Veintiocho desean prolongarlo, será necesario que la Comisión Europea
(CE) presente una nueva propuesta que cuente con el respaldo de los
países por unanimidad.
Hasta ahora los Estados miembros que
descubrían este tipo de fraudes no podían actuar directamente, sino que
debían solicitar autorización a la Comisión y al Consejo de la UE para
tomar medidas, lo que ralentizaba el proceso y daba margen a los
defraudadores para continuar la estafa.
Con la nueva normativa
sobre el mecanismo de reacción rápida, el país deberá notificar a la CE
su intención de ponerlo en marcha, tras lo que el Ejecutivo comunitario
dispondrá solo de un "periodo corto" para dar luz verde a la operación o
presentar sus objeciones.
En su decisión, la Comisión deberá tener en cuenta la postura del resto de los socios.
El
Consejo de la UE respaldó hoy otra normativa que permitirá a los países
poner en marcha en un mes, de manera voluntaria y temporal, un
mecanismo de cobro inverso, según el cual, al contrario de lo que ocurre
normalmente, se responsabiliza del pago del IVA a la parte que
normalmente es receptora de este impuesto.
El objetivo del
mecanismo de cobro inverso, que también expirará a finales de diciembre
de 2018, es combatir delitos como el "fraude carrusel", que se produce
cuando una compañía se queda con el importe del IVA que ha cobrado a sus
clientes al vender el producto en otro país en lugar de declararlo a la
autoridad fiscal nacional.
Este sistema se podrá aplicar solo en
los sectores de telefonía móvil, dispositivos de circuitos integrados,
servicios de telecomunicaciones, consolas de videojuegos, tabletas y
ordenadores, así como en el de los cereales y los cultivos industriales,
y en el de los metales en bruto y semielaborados.
Las dos directivas aprobadas hoy actualizan la normativa vigente a nivel comunitario sobre el IVA, que data de 2006.
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