Recuperar un smartphone robado en España, una misión casi imposible

Según un estudio llevado a cabo por Pew Research, España es uno de los países con mayor penetración de teléfonos móviles del mundo y en este mercado, el smartphone va ganando terreno. Según otra investigación realizada por Ipsos MediaCT, un 44 por ciento de la población española posee un teléfono inteligente (11 puntos más que en 2011). 

Parece claro que la tendencia cada vez más es la de comprarse cualquiera de los últimos teléfonos inteligentes que hayan salido al mercado. Que te lo roben, supone en cualquier caso, un contratiempo económico bastante importante teniendo en cuenta sus precios de mercado. Los sistemas operativos como Android o iOS disponen de plataformas como Where's my droid o aplicaciones como Find my iPhone para encontrar los teléfonos perdidos. Find my iPhone concretamente, se encuentra incluida de forma nativa en el servicio iCloud de Apple. Pero tampoco aseguran encontrarlo. 

En estos casos, la víctima del robo tiene que poner una denuncia en la comisaría, que es la encargada de tramitarla hasta que por fin llega al juez correspondiente. A partir de ese momento pueden suceder dos cosas: que sea uno de los pocos afortunados que logra recuperar su teléfono o que por el contrario, este se quede en el olvido, como los de la gran mayoría.

¿Cómo recupero mi teléfono móvil?

"El juez es el que decide si es necesario enviar algo tan sencillo como una orden a la compañía telefónica para que les transmita el número de móvil asociado al de IMEI correspondiente, y así poder localizar el móvil, pero en la mayoría de casos lo archiva", ha explicado a Teknautas Joan Navarro, responsable del área jurídica del Sindicato de los Mossos d'Esquadra. "El problema es que actualmente hay un caos. No hay órganos de cooperación. No abren diligencias porque hay un problema de falta de gestión", ha añadido.

Opinión que no comparte José Luís González, portavoz de la Asociación de Jueces y decano de Jueces de Madrid. "No tiene nada que ver con la congestión procesal sino con el principio de proporcionalidad y de mínima intervención. Complejidad técnica no tiene ninguna porque solo requiere oficiar a la operadora. El juez suele ser bastante reacio porque entiende que el delito invocado es menor. Establecer diligencias de averiguación en este tipo de casos no es frecuente".

¿Y si hay violencia o intimidación en la sustracción del teléfono móvil? En ese caso, según González, el juez podría interpretar que es un delito más grave y abrir diligencias.

Un proceso muy costoso

Una de las causas que puede provocar esta inactividad judicial, ligada a este principio de proporcionalidad, es lo costoso del proceso. Según han calculado para Teknautas algunos juristas y fiscales expertos en la materia, un juicio de faltas de estas características puede costar alrededor de 900 euros. "Movilizar a un funcionario que registre la denuncia, enviarla a la Fiscalía, que el juez lo minute, hacer un oficio, redactarlo, mandarlo a un funcionario de la policía que a su vez tiene que devolverlo, que después el juzgado envíe una carta a la compañía de teléfonos, que responde al juzgado, que vuelve a remitirlo a la policía, etc. Todo esto lo paga el estado, no la persona que hace la denuncia", ha explicado Antonio Roma, presidente de la Asociación de Fiscales. 

"Abrir procesos judiciales por cuantías menores no merece la pena. Un teléfono vale la mitad de cuando sale de la tienda", ha asegurado.

Sin embargo, Antonio Roma ha añadido que en Santiago de Compostela, donde es fiscal, en los casos donde el ciudadano demuestra que es el titular del terminal sustraído y cuenta con el IMEI, sí se suelen abrir diligencias. "Quizás los juzgados que tienen mucho volumen de casos sí discriminan. En Madrid o Barcelona sufren muchas más sustracciones", ha añadido.

¿Una normativa obsoleta?

Como reconoce José Luís González, todo apunta a que solicitar a una operadora que indique qué número de teléfono está asociado a un determinado número de IMEI para localizarlo, no es muy complejo. Sin embargo, solo puede hacerlo y a través de un oficio el juez correspondiente del caso. No puede hacerlo un particular aunque demuestre con una factura de compra que es el propietario o titular del teléfono móvil. Para Jesús María Zarzalejos, profesor asociado de Derecho Procesal, "es como si un día perdemos las llaves de nuestra casa y necesitamos al juez para que nos abra la puerta". 

"La normativa siempre va por detrás de la necesidad de las sociedades. Todos los conceptos que derivan de las telecomunicaciones son nuevos. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente", ha explicado el abogado Joan Navarro. 

Parece ser que, de momento, si quiere garantizarse recuperar su teléfono móvil robado por la vía judicial, solo le sirve contratar un buen abogado.

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