Hacienda suspende los rastreos en busca de bienes ocultos de narcos

La cúpula de la Agencia Tributaria que tomó las riendas del organismo hace un año tras la llegada del PP al Gobierno central ha decidido suspender los rastreos por las Rías Baixas que realizaban inspectores de Hacienda desde 2005 para investigar fortunas sin justificar relacionadas con el narcotráfico en la provincia de Pontevedra. Este trabajo de campo en busca de bienes ocultos de los narcos estaba incluido dentro del denominado Plan de Residencias Suntuarias, una iniciativa que en estos años ha permitido aflorar unos 100 millones de euros de patrimonio opaco procedente del tráfico de estupefacientes. Uno de los próximos objetivos del plan era Vilanova de Arousa, el ayuntamiento pontevedrés en el que su alcalde, el popular Gonzalo Durán, denunció hace unos días que los narcos van a cobrar el paro y ayudas sociales en coches de lujo.

Un portavoz de la Agencia Tributaria admite que los inspectores encargados de esta labor a pie de campo y de cruzar sus hallazgos con datos tributarios han sido apartados de las investigaciones, que ya solo están en manos de los agentes de Vigilancia Aduanera, facultados para las investigaciones de blanqueo. Las mismas fuentes oficiales defienden que este cambio no supone una paralización de las pesquisas y que, aunque se haya eliminado la etiqueta Plan de Residencias Suntuarias que funcionaba desde 2005, los expedientes han pasado a formar parte de la base de datos del organismo.

Ayudas sociales con coche de lujo

De los casos de Vilagarcía que desde el Plan Suntuarias pasaron a la fiscalía algunos ya fueron juzgados y otros están a la espera de juicio. Los casos de blanqueo y delito fiscal de clanes familiares como Los Abalos, Los Barroso Millán o Los Gerardos, o de Laureano Oubiña, Sito Miñanco y Luis Falcón, Falconetti, son ejemplos de que el plan funcionaba. Siguen en pleno proceso judicial los asuntos relacionados con José Ramón Barral, Nené, exalcalde del PP en Ribadumia, o el empresario y presunto narco Juan Manuel Vidal, El Burro. Sin embargo, otras 20 investigaciones patrimoniales de sospechosos de narcotráfico se encuentran paralizadas en Vilagarcía.

El segundo objetivo del Plan Suntuarias fue Cambados, donde se hicieron 216 comprobaciones de las que 119 resultaron sospechosas. Las investigaciones comenzaron en 2007 y mientras 90 fueron remitidas al Servicio de Vigilancia Aduanera, los 29 casos restantes de inspección de Hacienda más llamativos han quedado en las carpetas, a la espera de que se ordene su reactivación y evitar que los delitos prescriban.
Vilanova de Arousa era el otro objetivo que ha quedado sin cumplir. Cuna de importantes clanes del narcotráfico como Los Charlines, que abrieron la puerta a otras organizaciones posteriores, los signos externos de riqueza se concentran en esta localidad de las Rías Baixas, por lo que Hacienda pretendía investigar su procedencia. El alcalde popular, Gonzalo Durán, acaba de anunciar que el Ayuntamiento va a investigar a quienes demanden ayudas sociales al constatar que algunos beneficiarios de subvenciones públicas hacen ostentación de un patrimonio que no se corresponde con los parámetros económicos exigidos para optar a estas plazas. Como presidente de la Mancomunidad do Salnés, Durán invitó a que el resto de los ayuntamientos de la comarca hagan lo mismo para evitar “esta burla” y apuntó a presuntos narcotraficantes como posibles demandantes de ayudas ante los servicios sociales.

Fuentes de la Agencia Tributaria estiman en más de 30 millones de euros las cantidades supuestamente defraudadas en los casos investigados que se han “cerrado en falso”, aunque la suma sería todavía más elevada si el Plan de Residencias Suntuarias se llevara a término sobre todos los patrimonios sospechosos que aún quedan por analizar en la costa pontevedresa.

La suspensión de este ambicioso rastreo impulsado por Hacienda en las Rías Baixas, sin precedentes en el territorio nacional, ha dejado en los cajones de los inspectores al menos 49 investigaciones abiertas por blanqueo de dinero en Vilagarcía y Cambados, municipios donde se han concentrado los primeros objetivos. La inmovilización afecta a investigadores de la Agencia Tributaria y, en consecuencia, a la Fiscalía Antidroga y de Delitos Económicos de Pontevedra que tienen encomendadas las competencias en estos casos. La cúpula actual de la Agencia Tributaria, a través de un portavoz, niega que se hayan podido perder datos del trabajo realizado hasta ahora y que toda la información se ha incorporado a los archivos digitales del organismo. “Toda la información del Plan de Residencias Suntuarias ha quedado incorporada a las bases de datos de investigación de Vigilancia Aduanera y está demostrando ser una información muy valiosa”, señala el representante de Hacienda, quien destaca que esos datos son consultados por los agentes de Aduanas en cualquier investigación de blanqueo.

La medida coincide con el cambio en la dirección de la delegación de Hacienda en Galicia en marzo del pasado año. Luis Rodríguez Díaz, hasta esa fecha responsable de la agencia en Lugo, relevó en el cargo a Luis Pazos, el promotor de estas investigaciones durante su mandato como jefe de la delegación de Pontevedra y que impulsó a partir de 2008 cuando accedió a la jefatura de Hacienda en A Coruña. El parón del Plan de Residencias Suntuarias ha generado un enorme malestar en medios judiciales y de la propia inspección de Hacienda donde llevan casi ocho años dedicados a estas pesquisas. Fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria han confirmado que la decisión del nuevo delegado no ha sido explícita, aunque “no ha mostrado el más mínimo interés” en que el plan siga abierto. Esas fuentes se quejan también de que la nueva dirección de la agencia en Galicia ha hecho caso omiso a las demandas sobre las líneas de trabajo requeridas por los inspectores, dejando así en suspensión la convocatoria de las reuniones que periódicamente se venían realizando en la delegación de A Coruña. Fuentes de Hacienda conocedoras del caso creen que la paralización de esta estrategia de investigación, la primera de estas características que se implanta en España, podría responder también a que algunos afectados por la investigación se hayan acogido a la amnistía fiscal.

El Plan de Residencias Suntuarias analizó 400 posibles casos de blanqueo sólo en Vilagarcía, aunque estaba diseñado para investigar otros municipios costeros como Cambados, Sanxenxo o Vilanova de Arousa. Analizando los patrimonios presuntamente sospechosos, en un primer barrido, Hacienda detectó que 140 propiedades eran “congruentes”, o sea, justificados con ingresos declarados, mientras 171 no lo eran, siendo calificados de intrascendentes los 89 restantes. De estos primeros informes se elevaron a la inspección un total de 74 expedientes en los que se apreciaron indicios de delito, de los cuales ocho se remitieron al Servicio de Vigilancia Aduanera, al tratarse de personas sin antecedentes por narcotráfico, y 15 se elevaron a la Fiscalía de Pontevedra.

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