Dijo que si no pudiera pagar, se pegaría un tiro, y ahora pretende que se lo peguen los inversores. José María Ruiz-Mateos ha remitido una carta a los 5.000 inversores que compraron sus pagarés, en la que reconoce por primera vez que no podrá pagarles.

"Por dificultades sobrevenidas con posterioridad a la emisión de los pagarés, su Sociedad emisora, actualmente en situación concursal, no ha hecho ya frente o no va a poder hacer frente a su pago a la fecha de sus respectivos vencimientos", se asegura en la carta. Por eso, el patriarca de la familia les propone como alternativa una curiosa propuesta con la que abonar sus deudas: la idea es que firmen un acta notarial y supediten la posibilidad de recibir algún dinero a que "el Estado expropiante" pague lo que, supuestamente, debe al conglomerado de la abeja. Es decir, que los inversores sólo cobrarían si lo hace antes Ruiz-Mateos.

"Me complace adjuntarte una propuesta que estimo será del máximo interés para ti debido a la bondad de la misma, dadas las circunstancias que atravesamos. Lo más importante es que tengas la plena, total y absoluta seguridad que no pararemos hasta tanto los que depositaron su confianza en nosotros recuperen el dinero que les pertenece", reza la misiva, a la que ha tenido acceso elEconomista.

Tras una larga explicación sobre la situación en la que se encuentran todos los procesos judiciales relacionados con la expropiación de 1983 (por los que espera obtener 18.246 millones), en el acta notarial, José María Ruiz-Mateos "se obliga al pago, a sus tenedores legítimos, de los pagarés con cargo al dinero que deba hacer efectivo el Estado expropiante". Con ello, "en caso de estimación total o parcial, de las pretensiones de retasación mencionadas tanto si ésta es ordenada por sentencia firme, como si es pactada mediante transacción judicial o extrajudicial", con lo que el inversor cobraría. Eso sí, el dinero se utilizará primero para pagar los costes de los procesos judiciales.

Para que el pacto que proponen los Ruiz-Mateos se haga efectivo, los tenedores de pagarés deberán ceder los derechos de cobro de manera "incondicional y sin reserva alguna". La aceptación se formalizará en escritura pública ante un notario y la podrán exigir tanto los titulares como quienes acrediten tener "causa legítima de él, sea inter vivos o mortis causa". En este caso, los pagarés serán devueltos a Ruiz-Mateos con una cláusula que da por "pagados, finiquitados y extinguidos (incluso por renuncia) todos sus derechos (por principal, gastos de devolución, intereses y costas) demandantes de los pagarés y de las resoluciones de juzgados y tribunales que, en su caso, hubiere obtenido ejerciendo acciones relacionadas con los mencionados pagarés", explica la familia.

Los Ruiz-Mateos aseguran que la noticia ha tenido una buena acogida entre los inversores. Sin embargo, diversos bufetes han asegurado a este diario que han recomendado a sus clientes no firmar, "porque este es un engaño más y no existen garantías de cobro, que es lo primero que se pide cuando se cede un derecho como este". El letrado del holding replica que esa garantía sería razonable si se pidiese algo a cambio, "lo cual no sucede".

Ésta no es la primera vez que los Ruiz-Mateos intentan hacer negocio con los supuestos derechos de la expropiación de Rumasa en los años ochenta. Desde hace ya bastante tiempo, han estado anunciando a bombo y platillo que estaban negociando la venta de la indemnización a varios fondos. "Hay muchísimo interés en firmas de todo el mundo y confiamos en llegar pronto a un acuerdo", llegó a decir José María Ruiz- Mateos (hijo). Pero no era verdad y nadie acabó pagando por algo que ha sido ya desestimado.

Lo que ellos querían es que se les pagará 3.000 o 4.000 millones a cambio de los derechos del juicio. Si al final una sentencia les daba la razón, el fondo hubiera ingresado los 18.000 millones que reclaman. Y, de lo contrario, los Ruiz-Mateos se habrían garantizado al menos el ingreso de una parte. La familia lleva 30 años intentando cobrar, pero hasta ahora no ha habido ni una sola sentencia que les dé la razón. Nueva Rumasa mantiene que habrá una sentencia favorable en dos años.

Megafinance anunció ayer que está dispuesta a invertir 100 millones de euros para asegurar la viabilidad de Nueva Rumasa, cuyas empresas están en situación de preconcurso y concurso de acreedores. El fondo luso a su vez aseguró que está cerrando con Cerberus la compra de los créditos del Santander.

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