viernes, mayo 13, 2011
Es la nueva burbuja. Actualmente hay en España 157.000 cuidadores no profesionales, un 30% más que hace un año. Son personas que reclaman al Estado una prestación económica de 480 euros para cuidar de un familiar, normalmente sus padres. La Ley de la Dependencia establece que estas ayudas económicas son excepcionales. Sin embargo, el número de altas se ha disparado. ¿El motivo? Te dan un título, casi quinientos euros y además te sacan del INEM. No hay que olvidar que los cuidadores no computan como parados.
El Ministerio de Trabajo recordó ayer que las personas demandantes de empleo que se encuentran de alta en Seguridad Social, deben quedar incluidas dentro del colectivo de personas ocupadas.
Desde que hace cuatro años se puso en marcha la Ley de la Dependencia, la implantación ha sido muy variopinta y las peticiones de ayuda cada vez son más abultadas. Llama la atención que una tercera parte de las mismas se concedan en Andalucía, una región que aglutina a menos de una quinta parte de la población española. Destaca también que en la provincia de Cádiz se pague a 11.043 familiares, cuatro veces más que en toda Extremadura y el doble que Navarra (1.295), La Rioja (1.535) y Cantabria (3.817) juntas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
El secretario general del PP en Cádiz, Antonio Sanz, avisa de un posible fraude encubierto en la aplicación de la Ley de la Dependencia en su comunidad. En concreto, en Andalucía ya hay 54.841 cuidadores familiares que tienen reconocidas estas ayudas. Suponen el 34,81% de las que hay en toda España. Dicho de otro modo, tres de cada diez beneficiarios de estos sueldos son andaluces. Es el mayor porcentaje seguido muy de lejos de Cataluña (21.896) y la Comunidad Valenciana (11.870).
El Imserso también ha detectado casos en los que se deja en entredicho la legalidad de la ley. Que las empleadas del hogar se den de alta en la Seguridad Social mediante el convenio especial previsto para los familiares es, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, “un fraude de ley”. Además, el Gobierno recuerda que esta prestación económica no sirve para contratar a alguien que cuide en casa de la persona dependiente.
Abuso de la prestación económica
Los profesionales son los que han detectado una notable diferencia entre las estimaciones de los beneficiarios reales, duplicando el número de personas en lo que se refiere al grado III (el más elevado de dependencia), y con ello el correspondiente coste estimado, confirmando una cierta generosidad tanto del baremo como del tipo de valoración a la hora de evaluar, incluso sesgando al alza la asignación del grado y nivel de tendencia correspondiente. “Se pone también de manifiesto un claro abuso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que se disparó en agosto de 2008 y ya no se ha reconducido”, explica Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los autores del estudio económico sobre dependencia que encargó el Congreso.
Sin copago para el usuario, esta vía es la más atractiva para ambas partes: Estado y familia, “desvirtuando el propósito de la Ley, que le confiere una clara preferencia a las prestaciones de servicios, relegando a un plano gradual las prestaciones monetarias”, asegura el catedrático basándose en los datos recogidos en un estudio de la Fundación Caser. También critica que no se invierta más en servicios para poder atender el cúmulo de personas dependientes.
Mayor exigencia en la concesión de las retribuciones
Como dejan entrever los datos oficiales, López Casasnovas afirma que, dentro de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia, las económicas son las que mayor protagonismo están adquiriendo frente a los servicios. Y dentro de estas prestaciones, son las del cuidado en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales las predominantes en todas las comunidades autónomas. “Influye mucho el número de desempleados sin subsidio y pensionistas con pensiones mínimas”. Implícitamente, se han convertido en un sucedáneo de subsidio ante distintas situaciones de “precariedad en respuesta a la difícil coyuntura económica”.
Los profesionales reclaman al Gobierno una reorientación decidida del gasto disponible, priorizando en cómo y en qué utilizar los recursos, con el fin de ofrecer marcos estables para la acción concertada que permitan mejorar la oferta de servicios y redimensionar las expectativas ciudadanas, acomodándolas a la riqueza y capacidad financiera española. “Para ello hacen falta nuevos estudios basados en el análisis de datos individuales sobre perfiles patrimoniales de dependientes por edades, posibilidades efectivas de entrar en dependencia y/o transición entre niveles y grado, con el objetivo de garantizar correctamente la cobertura de la dependencia más severa y el riesgo financieramente catastrófico para los colectivos más frágiles”, concluye el catedrático.
Posted in: Burbuja
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