La operación contra la red criminal que desde Barcelona regularizó de forma fraudulenta la situación en España de más de mil chinos, de la que informó en exclusiva EL PERIÓDICO el pasado 1 de agosto, ha acabado con la detención, por parte de los Mossos y de la Policía Nacional, de 46 personas presuntamente implicadas, entre ellas, los miembros de la cúpula de la organización, que ganó más de seis millones de euros.
Al frente de la red, según se ha podido saber ahora tras la apertura del sumario del caso que investiga una una jueza de Barcelona, estaba un español, Florencio A. (vecino de Vallirana), y un chino, Lunfeng Q. (residente en Santa Coloma de Gramenet), que regentaban una gestoría en la calle de Junqueres especializada en temas de extranjería. Esta gestoría, que cobraba entre 3.000 y 12.000 euros por cada operación, creaba empresas, la mayoría de las cuales no llegaron a existir físicamente, las daban de alta en la Seguridad Social y empadronaban a los ciudadanos chinos en los domicilios, primero con una residencia provisional, y al cabo de cinco años podían obtener de manera fraudulenta la definitiva.
Inmediatamente por debajo de estos dos detenidos estaban otros cinco españoles, José A., Jaime B., Antonio L., Pedro H. y Cirilo M., que están acusados de haber constituido más de 300 empresas en diversas poblaciones, como Barcelona, Sabadell, Cervelló, Sant Boi, Castelldefels y L'Hospitalet. El último escalón de esta organización estaba compuesto por otras 39 personas que hacían de testaferros, de los cuales aproximadamente la mitad eran chinas y la otra mitad, españolas.
Para no levantar sospechas, los detenidos contrataron un servicio de reenvío de correos que redirigía la correspondencia de 64 de las empresas a una segunda dirección para evitar que las empresas legales que existiesen en esas ubicaciones, que recibían la documentación a nombre de una desconocida, lo pusiesen en conocimiento de la policía.
VIDAS LABORALES FALSAS / La red también se dedicaba, bajo el entramado de las empresas, a proporcionar vidas laborales falsas a algunas personas. Ellas mismas pagaban las cuotas de la Seguridad Social y el grupo criminal se llevaba una comisión.
El millar de regularizaciones falsas que los Mossos han detectado corresponde solo al tiempo transcurrido desde que se inició la investigación, en marzo del 2010, pero la policía sospecha que el volumen de inmigrantes que la red legalizó es mucho mayor, ya que llevaba operando desde el año 2001, cuando Florencio A. Tenía su gestoría en la plaza de Urquinaona.
Al frente de la red, según se ha podido saber ahora tras la apertura del sumario del caso que investiga una una jueza de Barcelona, estaba un español, Florencio A. (vecino de Vallirana), y un chino, Lunfeng Q. (residente en Santa Coloma de Gramenet), que regentaban una gestoría en la calle de Junqueres especializada en temas de extranjería. Esta gestoría, que cobraba entre 3.000 y 12.000 euros por cada operación, creaba empresas, la mayoría de las cuales no llegaron a existir físicamente, las daban de alta en la Seguridad Social y empadronaban a los ciudadanos chinos en los domicilios, primero con una residencia provisional, y al cabo de cinco años podían obtener de manera fraudulenta la definitiva.
Inmediatamente por debajo de estos dos detenidos estaban otros cinco españoles, José A., Jaime B., Antonio L., Pedro H. y Cirilo M., que están acusados de haber constituido más de 300 empresas en diversas poblaciones, como Barcelona, Sabadell, Cervelló, Sant Boi, Castelldefels y L'Hospitalet. El último escalón de esta organización estaba compuesto por otras 39 personas que hacían de testaferros, de los cuales aproximadamente la mitad eran chinas y la otra mitad, españolas.
Para no levantar sospechas, los detenidos contrataron un servicio de reenvío de correos que redirigía la correspondencia de 64 de las empresas a una segunda dirección para evitar que las empresas legales que existiesen en esas ubicaciones, que recibían la documentación a nombre de una desconocida, lo pusiesen en conocimiento de la policía.
VIDAS LABORALES FALSAS / La red también se dedicaba, bajo el entramado de las empresas, a proporcionar vidas laborales falsas a algunas personas. Ellas mismas pagaban las cuotas de la Seguridad Social y el grupo criminal se llevaba una comisión.
El millar de regularizaciones falsas que los Mossos han detectado corresponde solo al tiempo transcurrido desde que se inició la investigación, en marzo del 2010, pero la policía sospecha que el volumen de inmigrantes que la red legalizó es mucho mayor, ya que llevaba operando desde el año 2001, cuando Florencio A. Tenía su gestoría en la plaza de Urquinaona.
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